La elección judicial en México: la distribución de la impartición de justicia
Por Arlín Medrano*
México ha marcado en diversas ocasiones el pulso político de América Latina y el mundo. Fue el primer país en incluir en su Constitución de 1917 derechos sociales fundamentales y el reconocimiento de los pueblos indígenas, marcando un avance histórico en la lucha por la justicia social. En 1943, creó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ejemplo temprano de salud pública universal.
Pero también es un país de resistencias y luchas emblemáticas. En 1968, durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), miles de estudiantes universitarios se movilizaron para exigir democracia, justicia y derechos civiles. Esta protesta, conocida como el “Movimiento Estudiantil del 68”, fue brutalmente reprimida en la masacre de Tlatelolco, un acto que marcó un antes y un después en la política social y la lucha por la democracia en México y América Latina.
Ahora, en junio de 2025, México abre un capítulo inédito y revolucionario: por primera vez, la ciudadanía podrá elegir directamente mediante 6 boletas electorales a juezas y jueces, magistradas y magistrados y ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el máximo tribunal del país, representando en total 881 cargos.
Esta decisión responde a las coyunturas políticas y sociales que vive el México actual, un país donde los avances históricos conviven con profundas carencias. Aunque el funcionamiento del Estado mexicano se sustenta en tres grandes pilares —Ejecutivo, Legislativo y Judicial—, uno de ellos no solo ha dejado de ser funcional, sino que también ha fallado en responder a las demandas sociales y las urgencias del presente. Siendo insostenible.
Surgiendo una reforma constitucional impulsada por Andrés Manuel López Obrador, ex presidente de México de 2018 a 2024, y retomada por la primera mujer presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien asumió el cargo en 2024 hasta 2030. La reforma fue aprobada por el Congreso de la Unión, integrado por el Senado y la Cámara de Diputados. Es decir, el Poder Judicial fue reformado por iniciativa del Poder Ejecutivo y en aprobación del Poder Legislativo. Ahora esta reforma constitucional paso a ser ley y una realidad.
Este proceso representa un golpe profundo al modelo político y judicial heredado del neoliberalismo, que encerró la justicia en despachos oscuros donde las élites políticas y económicas, con la complicidad de grupos criminales, tejieron redes de impunidad, nepotismo y privilegios. Por décadas, la designación de juezas y jueces estuvo en manos del Ejecutivo y el Senado, dejando fuera la voz popular y permitiendo que se consolidaran estructuras opacas y autorreferenciales que alejaron la justicia de las mayorías sociales.
La impunidad estructural que atraviesa al sistema es alarmante. Según datos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la llamada “cifra negra” —los delitos que no se denuncian— alcanza aproximadamente el 75% del total. De los delitos que sí se denuncian, solo el 1.06% termina en condena judicial, lo que significa que el 99% de los delitos queda en la impunidad. Esto, también es un señalamiento a las fiscalías, un tema pendiente en nuestro país.
Los casos emblemáticos que evidencian esta crisis son dolorosos. Marisela Escobedo, activista mexicana, fue asesinada frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua en 2010 tras denunciar la impunidad en el caso del feminicidio de su hija Rubí Frayre. A pesar de que el feminicida se declaró culpable frente al juez, fue dejado en libertad, dejando al descubierto la falla del sistema para proteger a las víctimas y castigar a los culpables.
Otro caso emblemático es la tragedia de la Guardería ABC en Sonora, ocurrida en 2009, durante el gobierno del ex presidente Felipe Calderón (2006-2012). Un incendio en una guardería subrogada por el IMSS —que operaba en una bodega sin las condiciones mínimas de seguridad— causó la muerte de 49 niñas y niños, y dejó a más de 100 lesionados. A pesar de la gravedad, el poder judicial encubrió a los responsables, quienes tenían vínculos familiares con el entonces presidente Calderón y su esposa Margarita Zavala. Hasta hoy, nadie ha sido sancionado.
Además, más de 86 mil personas permanecen presas sin sentencia, muchas por delitos menores y sin acceso a una defensa adecuada, lo que constituye una grave violación al derecho a un debido proceso.
La elección popular de juezas y jueces busca romper con esta estructura de impunidad y elitismo. La idea de que la justicia debe quedar sólo en manos de “expertos técnicos” ha sido una mentira del sistema neoliberal que ha servido para proteger a poderosos y criminales, como Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México (2006-2012), actualmente sentenciado en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico y la delincuencia organizada.
Por primera vez, esta reforma garantiza la paridad de género en la integración del Poder Judicial, una conquista indispensable en un país donde, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), más del 80% de las víctimas de violencia sexual son mujeres. No se trata solo de representación simbólica, sino de cambiar desde adentro las estructuras patriarcales que han minimizado la violencia contra las mujeres.
A nivel global, México se posiciona como un pionero en democratizar la justicia, pues aunque algunos países —como Estados Unidos (43 de 50 estados), Bolivia o Suiza— eligen a sus jueces por voto popular, la diferencia es que México lo hará para la totalidad de cargos judiciales.
Claro que existen riesgos y pendientes estos se pueden mitigar con regulaciones claras, requisitos técnicos rigurosos y las exigencias activas de la ciudadanía y movimientos sociales que exigen justicia real.
El Poder Judicial actual no imparte justicia, administra impunidad, machismo, racismo y cobardía institucionalizados. Esta reforma no resolverá mágicamente todos los problemas estructurales, pero es una grieta profunda en el muro de la opacidad y el abuso.
A quienes llaman a no votar en televisoras concesionadas, desde las dirigencias de partidos políticos y el propio congreso de la unión que aprobó la reforma judicial, conviene recordar que forman parte de quienes se han beneficiado de las condiciones actuales. La redistribución real de la impartición de justicia les genera miedo, porque por primera vez podrían enfrentar el verdadero peso de la ley.
La redistribución de la impartición de justicia, sobre todo eso, nos hará pionerxs.
*Arlín Medrano es comunicadora, universitaria mexicana y militante de la ternura radical.
