Botón de muestra
Por Vladimir M. Ríos García*
“El que no transa, no avanza”, dice un desafortunado dicho popular mexicano. Y es que, a lo largo de más de 30 años, durante la implementación del neoliberalismo en México, la cultura política y de la administración pública, estaban atravesadas por un fenómeno que se incrustó hasta la raíz del sistema político mexicano: la corrupción.
A partir de diciembre de 1982, fecha en que inicia formalmente la implementación del neoliberalismo en México, con el inicio del sexenio del presidente priísta Miguel de la Madrid, concluyó la etapa del estado benefactor que resultó de la Revolución Méxicana. A partir de entonces, la vida pública de México sufrió un cambio que, siendo honestos, hasta el momento ha sido difícil de transformar.
El neoliberalismo devoró poco a poco todos los niveles de la vida pública y social de México y la práctica más representativa de esto fue la corrupción. La administración pública, la burocracia, los sindicatos, las empresas, la salud, la educación, la seguridad social y la justicia, todas fueron artífices y víctimas de actos de corrupción no solo permitidos desde, si no promovidos y con la venia y participación directa de funcionarios del Estado.
Frases como “el que no transa, no avanza” o “el PRI roba, pero deja robar” son parte de la jerga popular de aquellos años en los que el Estado se convirtió en una agencia de negocios privados que beneficiaron a la clase política y a sus familias y amigos. Casos hay muchos, pero solo por mencionar, podemos poner el ejemplo de la venta y privatización de los ferrocarriles, de las telecomunicaciones y de los bancos nacionales, que beneficiaron a un grupo compacto cercano al poder político, que terminó por convertirse en la nueva oligarquía conservadora de México.
Y como no hay impunidad, sin juez que la permita, el Poder Judicial en el periodo neoliberal fue, en su conjunto, el gran protector de los intereses de esta nueva oligarquía, que desarrolló su fortuna a costa del robo, el saqueo y los negocios ventajosos ante un estado promotor del remate a sus cercanos. En todos los niveles, desde los jueces que ocupaban el escalafón más bajo en la estructura judicial, hasta los ministros de la Suprema Corte, la corrupción del Poder Judicial se institucionalizó de tal manera que la justicia se convirtió en una mercancía más que solo podía obtener quien pudiese pagar por ella.
Como es de suponerse, este cuerpo de jueces, ministros y magistrados no iba a hacer el trabajo sucio de manera desinteresada y gratuíta. El Estado neoliberal se encargó de garantizar prebendas y canonjías a los integrantes del Poder Judicial cada vez más onerosas. Privilegios indebidos bajo el falso argumento de que los jueces necesitan “ganar bien para no corromperse”.
Para muestra, algunos botones:
En México, los trabajadores en el escalafón más alto dentro del Poder Judicial tienen, hasta ahora, sueldos muy superiores al del Presidente de la República ($297,403.77 pesos mexicanos mensuales, equivalentes a 15,449.83 USD). Aguinaldos de $586,092.53 pesos (30,439.95 USD), que representan 40 días de sueldo. Primas vacacionales de $95,474.68 pesos (4,958.68 USD), que representan 10 días de sueldo. Un fondo para comer en restaurantes de lujo por $723,690.24 pesos (37,586.37 USD) anuales. Un comedor especial en la Suprema Corte donde pueden ordenar a la carta alimentos y bebidas alcohólicas. Presupuesto de $5,540,930 pesos (287,779.84 USD) mensuales para contratar personal. Dos vehículos blindados tipo suburban, con valor acumulado de $6,000,000 de pesos (311,622.60 USD), que se renuevan cada dos años. Pago por riesgo de más de $640,372 pesos (33,259.06 USD), al año. Apoyos para gasolina por $22,000 pesos (1,142.62 USD) mensuales. Seguros para autos y casa habitación. Las y los ministros también cuentan con atención especial para reservaciones en restaurantes, trámites de licencias, visas y cualquier otro trámite. Atención personalizada en el aeropuerto, que cuenta con personal de la SCJN, para que ministras, ministros y sus acompañantes no hagan filas ni sean revisados. Viáticos para vuelos, hospedaje y comidas en viajes oficiales tanto en México como en el extranjero, para lo que se les otorga pasaportes diplomáticos a ministros, ministras y su familia nuclear. Tres equipos de cómputo e impresión. Seis teléfonos celulares de gama alta para ministros y familiares y/o personal de apoyo, con plan ilimitado de datos que se renuevan cada año. Tres iPads con servicio de Internet ilimitado. Computadoras, impresoras e Internet en su domicilio pagados por la SCJN. Si así lo solicitan, también pueden instalar video vigilancia en sus casas con cargo al erario público. Seguro de gastos médicos para ministras, ministros y su familia nuclear por $30, 000,000 de pesos (1,558,113 USD) en adelante. Disponen de $188,099 pesos (9,769.32 USD) al año para comprar medicamentos. Atención especial por parte del personal de la SCJN y aseguradoras de cualquier trámite de seguros. Seguro de vida institucional por $12,000,000 de pesos (623,245.20 USD).
Entonces…
¿Salimos a votar este domingo 1 de junio para transformar el Poder Judicial de México?
*Vladimir M. Ríos García es licenciado en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Militante de la 4T y el Humanismo Méxicano. Ha ocupado diversos cargos partidistas a nivel nacional y local y actualmente es Secretario Técnico del Comité Ejecutivo Estatal de Morena Ciudad de México.
