Dirigencia indígena acusa al Gobierno de persecución y violencia en comunidades
Por Adriana Berna
Las autoridades tradicionales de la comarca Ngäbe- Buglé denunciaron lo que calificaron como una escalada de persecución y represión por parte del Gobierno del presidente José Raúl Mulino, en respuesta a las manifestaciones que se han desarrollado contra la Ley No. 462, la minería y en defensa de la soberanía.
Según los líderes comarcales, agentes armadas de los estamentos de seguridad han llevado a cabo operativos violentos en diversas comunidades, como Trinidad, El Piro, Ojo de Agua, Tolé, Viguí y El Prado.
Los denunciantes aseguran que se han producido allanamientos casa por casa, con el uso de gases lacrimógenos, armas de grueso calibre y detenciones arbitrarias de dirigentes indígenas, afectando gravemente a familias, incluidos niños, mujeres y adultos mayores.
“Esto es una dictadura. El Gobierno está abusando de su fuerza pública, sacando a líderes de sus casas a punta de golpes, patadas y gases lacrimógenos, sin importar la presencia de menores o personas vulnerables”, afirmaron los voceros indígenas, quienes acusan al Ejecutivo de violar sistemáticamente los derechos humanos.
La dirigencia hizo un llamado al cese inmediato de lo que consideran actos de violencia estatal y persecución política, al tiempo que apelaron a la comunidad internacional a mantenerse vigilante ante lo que califican como una grave amenaza a la democracia y a los derechos fundamentales del pueblo Ngäbe-Buglé.
“Responsabilizamos al presidente Mulino por la crisis que atraviesa el país. Su arrogancia y negativa al diálogo mantienen al país en el caos. La paz está en sus manos”, concluyeron.
Escala protesta por la Ley 462; aumentan las voces que piden diálogo
Por Adolfo Berríos Riaño
A medida que escalan las protestas alrededor del país contra la Ley 462 que reforma la Caja de Seguro Social (CSS), cada vez más voces se suman al malestar ciudadano y claman por un diálogo real entre ambas partes.
Los cierres de calles se han intensificado, a lo que la Policía Nacional ha respondido desplegando oficiales con gases lacrimógenos y equipo antimotines para despejar las vías en puntos como Viguí y Tolé. De acuerdo con el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, 196 personas han sido detenidas a nivel nacional por alterar el orden público durante los primeros 21 días de manifestaciones. En ese tiempo hubo más de 480 cierres de calles, principalmente en Tolé, San Félix, Ojo de Agua, Coclé, Ciudad de Panamá y Colón.
Una de las voces que pide diálogo es Alicia Jiménez, presidenta de la Federación de Cámaras de Comercio (Fedecámaras). “Hay posiciones extremas radicales de ambas partes. Hay posiciones que entendemos de los obreros y hay situaciones que comprendemos de parte del Gabinete. Sin embargo, nosotros como líderes de ambos sectores tenemos que comprender que realmente necesitamos el acercamiento y el diálogo. Aquí el diálogo se pierde sobre la base de que ambos tienen posiciones radicales y el pueblo está sufriendo en medio de todo esto”, manifestó Jiménez en una entrevista con TVN Noticias.
Sin diálogo
La situación es especialmente crítica en Bocas del Toro, donde manifestantes liderados principalmente por el Sindicato de Trabajadores de las Industrias del Banano Agropecuario y Empresas Afines (Sitraibana) con el apoyo del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), gremios docentes y grupos de pueblos originarios mantienen cerradas las principales vías, obstaculizando la entrada de insumos clave a la provincia.
Los trabajadores bananeros reclaman que la Ley 462 afecta los beneficios a los que tenían derecho con la Ley 45 de 2017, una legislación que se aprobó tras varias protestas de los trabajadores y que les garantiza beneficios de pensión e incapacidad. Esta modifica la Ley 51 de 2005 de la CSS, la cual ahora fue afectada por las últimas reformas con la Ley 462.
La propuesta del Gobierno nacional es reglamentar la nueva ley para que los trabajadores bananeros mantengan los mismos beneficios que tenían. “No existe un margen para derogar la ley de la CSS. Sin embargo, para el sector bananero se ha abierto el margen para reglamentar. Ellos manifiestan quererla en un solo documento, nosotros como Ejecutivo estamos dispuestos vía reglamento a hacerlo”, detalló la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz.
Sin embargo, los trabajadores manifiestan que esto no es suficiente. “La Ley 45 fue lesionada con la reforma de la 51, con la Ley 462. Ahora quieren reglamentarla, pero un acuerdo no está por encima de la ley”, explicó el secretario general de Sitraibana, Francisco Smith, en un video compartido por el Suntracs en redes sociales. “La Ley 45 es una ley que se logró en 2017 y es una conquista del trabajador bananero. Sitraibana pide la derogación total de la Ley 462”, concluyó. Al cierre de esta edición, se conoció que los trabajadores se habían levantado de la mesa de negociación sin que se hubiera alcanzado un acuerdo.
Tras las protestas en Bocas del Toro, la empresa bananera Chiquita anunció el cierre de varias fincas, reportando pérdidas por 10 millones de dólares. Además, otros productores de banano de la provincia lamentan la pérdida masiva de productos. Adonai Quezada, productor de banano de la provincia, cuestionó que el Gobierno nacional ha prometido mantener las calles abiertas, pero Bocas del Toro lleva más de 12 días con las vía paralizadas.
La tarde de ayer se confirmó que las conversaciones entre Sitraibana y el Gobierno fueron suspendidas.
Mientras tanto, algunos diputados ya han adelantado que estarían dispuestos a revisar la ley nuevamente para buscar una salida a la crisis.
El poder de derogar la Ley 462 reposa en la Asamblea Nacional y sus diputados. En ese sentido, Alaín Cedeño, diputado del partido gobernante Realizando Metas, no descarta la posibilidad de derogar la ley. “Todo lo que sea por el bien del país. Si nosotros tenemos que sentarnos a ver el tema de la ley, nos sentamos a verla”, declaró Cedeño. “Lo ideal es que nos pongamos de acuerdo y que cada uno presente sobre la mesa su propuesta y ver si son viables. Hasta el momento lo que tenemos es una división entre algunos grupos, entonces al final nos interesa que nos sentemos y veamos si lo que ellos proponen es también viable”, acotó.
Otros diputados de Vamos ya adelantaron su disposición de debatir la ley si se lleva a sesiones extraordinarias.
Paro docente
Alrededor del país, los gremios magisteriales exigieron la derogación de la Ley 462. En Ciudad de Panamá, caminaron bajo la lluvia desde la Iglesia del Carmen hasta la plaza 5 de Mayo, coreando consignas, tocando tamborito y ondeando el pabellón nacional.
La ministra de Educación, Lucy Molinar, ofreció una conferencia de prensa e hizo un llamado al cese de la violencia y el regreso a clases para dejar de afectar a los jóvenes estudiantes.
Las tensiones entre el Meduca y los docentes se encuentran en un punto álgido, luego de que la Contraloría General de la República ordenara la retención de salarios a los docentes que no han asistido a sus puestos de trabajo, ya que el Ministerio de Trabajo no ha reconocido el paro como una huelga legítima.
