Esterilizaciones forzadas: Primera audiencia en la Corte IDH tras casi 30 años de impunidad
Esterilizaciones forzadas: Luego de casi 30 años sin justicia, por fin se realizó una audiencia en la Corte IDH sobre el caso de Celia Ramos, una mujer que murió en 1997, tras ser sometida a una cirugía como parte del plan aplicado en la dictadura de Alberto Fujimori.
Ayer fue la primera audiencia por el Caso de Esterilizaciones forzadas en la Corte IDH. Marisela Monzón Ramos, hija de Celia Ramos, víctima de esta política desplegada durante la dictadura de Alberto Fujimori, relató su caso ante el tribunal internacional. Además, pudieron comentar sobre los efectos limitantes de la ley anti-ONG.
Marisela Monzón Ramos, contó que, en 1997, el personal de salud presionó a su madre para operarse. Le dijeron que era algo sencillo, como “sacarse una muela”.
“Esa tarde no volvió. Nadie sabía dónde estaba. Una tía fue a la posta y le dijeron que la habían trasladado de emergencia a una clínica. Estuvo 19 días en UCI, no pudimos verla. Luego falleció”, lamentó Marisela Monzón, hija de víctima de esterilización forzada en Piura.
Durante la audiencia, Kimberly Theidon, representante de los deudos de Celia Ramos, remarcó la insalubridad en las que se aplicaron las intervenciones a mujeres. “Estas cirugías se realizaron de forma masiva en quirófanos improvisados en condiciones precarias”, señaló la abogada. También cuestionó por qué el “programa” estaba dedicado a captar principalmente a mujeres pobres, quechuahablantes.
«Solicitamos que el Estado investigue de forma exhaustiva y pronta los hechos que llevaron a la esterilización forzada y posterior muerte de Celia Ramos, y sancione a todas las personas responsables», señaló la abogada María Ysabel Cedano, de Demus, en la audiencia celebrada ayer, 22 de mayo.
Ley Anti ONG como barrera para el acceso a la justicia en el caso Esterilizaciones Forzadas
En la audiencia del primer caso que logra llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre las Esterilizaciones Forzadas durante el Fujimorato, se tenía previsto un tiempo para exponer las afectaciones de la Ley Anti ONG. Esta norma impulsada por el Congreso y el gobierno de Dina Boluarte ponen en riesgo el acceso a la justicia, pues complica que deudos y víctimas alcancen un derecho a la defensa legal.
Rocío Silva Santisteban, directora de Demus y excongresista, compartió con la prensa que el fallo que se dicte en la Corte IDH será de obligatorio cumplimiento en Perú. Demus es una de las organizaciones que vienen representando a los familiares de Celia Ramos, mujer que murió a los 34 años tras ser sometida a una cirugía comprendida en el plan de las Esterilizaciones forzadas. Cejil y el Centro de Derechos Reproductivos también prestan asesoría a los deudos.
