Una proscripción al pueblo trabajador
Por Diego Lorca*
El pasado 10 de junio, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a Cristina Fernández de Kirchner (CFK), principal líder de la oposición política y presidenta del Partido Justicialista de Argentina.
Esta condena, dictada en el marco de la causa conocida como «Vialidad», asegura la proscripción de una de las figuras más importantes del campo popular. La Corte, presidida por Horacio Rosatti, con los jueces Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti – ambos designados por decreto por el expresidente Mauricio Macri -, convalidó el veredicto en un proceso que ha sido cuestionado ampliamente por no otorgar las garantías del debido proceso y por los vínculos carnales que unen a los denunciantes con los jueces y fiscales que actuaron en la causa.
Este accionar judicial no es nuevo en Latinoamérica, y se enmarca en la estrategia de golpes blandos y l lawfare, una herramienta de la guerra multidimensional impulsada por sectores del poder económico, mediático y judicial para perseguir a los liderazgos populares como sucedió con Lula Da Silva en Brasil, Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador.
La sentencia contra Cristina no solo frena su postulación como candidata en futuras elecciones, sino que evidencia el objetivo de anular políticamente a una figura clave en la historia reciente de Argentina, cuya gestión impulsó una redistribución del ingreso en favor de las y los trabajadores, fortaleciendo su participación en la riqueza nacional.
Las verdaderas causas que condenan a CFK
Lo que se castiga con este fallo es el papel central que la expresidenta desempeñó en la ampliación de derechos sociales y laborales durante su gestión. En 2015, la masa salarial llegó a representar el 53,2 % en la distribución del PBI, un porcentaje que solo encuentra comparación con aquel histórico fifty-fifty de los gobiernos peronistas, reflejando una distribución del ingreso favorable a las y los trabajadores frente a la renta empresarial.
Una de las decisiones más importantes fue seguramente la estatización de los fondos previsionales y la creación de la Administración Nacional de la Seguridad Social, que en la década neoliberal del ‘90 se habían privatizado y entregado a las AFJP. Esta reconfiguración impactó de manera positiva reduciendo los costos en los servicios que utiliza la clase trabajadora, e incrementando 3,5 veces la dotación de recursos humanos en las empresas públicas.
Obviamente esta medida afectó intereses económicos concentrados de los que se habían quedado con los fondos previsionales de las y los argentinos durante su privatización. Entre ello, el Grupo Clarín, lo cual generó un profundo enfrentamiento con su CEO, Héctor Magnetto, quien nunca le perdonó esta decisión estratégica a Cristina Fernández de Kirchner y es uno de los principales impulsores de la condena.
Según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), entre 2003 y 2015 más de 3,2 millones de jubilados y jubiladas que no podían acceder a su pensión lo lograron gracias a las reformas previsionales impulsadas en ese período. De ese total, más del 70% fueron mujeres. Además, las jubilaciones y pensiones duplicaron su poder adquisitivo.
Ese mismo estudio indica que la distribución del ingreso mejoró notablemente con una disminución de la brecha entre el primer y último decil de ingreso, pasando de 33 veces a 18,7 veces, lo que constituye la menor brecha alcanzada en la historia argentina. En el marco de la creación de políticas sociales y distributivas de ingreso, destaca la creación de la Asignación Universal por Hijo (AUH) en 2009.
Asimismo, se generaron 3,1 millones de puestos de trabajo en el empleo registrado privado y el salario real mejoró 2,1 veces. La tasa de desocupación se redujo del 20% al 5,9% y la informalidad laboral bajó del 49% al 33%, al respecto, Cristina Kirchner suele decir “teníamos más desocupados que votos”. Al finalizar 2015, Argentina contaba con el salario mínimo vital y móvil más alto de Latinoamérica, de U$D 601,50.
En cuanto a la política de desendeudamiento, entre 2003 y 2015 la deuda sobre el PBI pasó de 139% a 52%. Durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, Argentina reestructuró su deuda mediante dos rondas de negociaciones, en 2005 y 2010, que implicaron una quita del valor nominal de los bonos, lo que fue aceptado por el 93% de los tenedores. Entre 2005 y 2015, el país desembolsó casi 200.000 millones de dólares para el pago de vencimientos de intereses y capital.
Detrás de la condena, un ajuste económico sin precedentes
Lo que está en juego es la implementación de un ajuste estructural en Argentina bajo el gobierno de Javier Milei, cuyo plan económico ataca directamente los derechos laborales y sociales. Con una inflación descontrolada, un salario mínimo que apenas cubre un tercio de la canasta básica y un aumento desmedido de la pobreza, el gobierno ha acelerado un proceso de precarización sin precedentes.
Desde la asunción de Javier Milei, el mercado laboral argentino atraviesa una caída abrupta. Según datos recientes del SIPA, desde la asunción de Milei a la presidencia se perdieron 173.563 puestos de trabajo asalariados registrados: 115.353 en el sector privado y 58.210 en el ámbito público. Esta cifra ilustra la profundidad del deterioro social que acompañó al plan de ajuste impulsado por el Gobierno nacional, afectando de manera directa a cientos de miles de familias trabajadoras en todo el país.
Durante el primer trimestre de 2025, el INDEC reportó un incremento del desempleo de 1,5 puntos porcentuales en comparación con el último trimestre del año anterior. La tasa de desocupación alcanzó el 7,9%, el nivel más alto desde que Javier Milei asumió la presidencia. En el Gran Buenos Aires, el área con mayor cantidad de población del país, la desocupación ya alcanza el 9,1%. Además, este aumento impactó con mayor fuerza sobre las mujeres (9%) que sobre los hombres (7%).
A su vez, el salario real de las y los trabajadores también ha sufrido una erosión significativa. El promedio del salario privado cayó un 2,6% en términos reales entre febrero y marzo de 2025. Si se mide con una canasta de consumo actualizada (2017/2018), los salarios muestran una caída del 7,7% respecto a noviembre, lo que demuestra el empobrecimiento acelerado de la clase trabajadora en un contexto de inflación alta y recesión económica.
La reforma laboral impulsada por Milei es otro pilar del ajuste que busca consolidar la ofensiva neoliberal. A través de la Ley Bases, el oficialismo logró aprobar artículos que precarizan las condiciones laborales, debilitan la negociación colectiva, reducen las indemnizaciones y fomentan la contratación informal. De hecho, según el INDEC el nivel de informalidad sigue en aumento y se ubicó en 42% durante el primer trimestre de 2025 y dentro de los asalariados informales, solo el 17,1% realiza aportes propios. En tanto, el 23,5% de la población ocupada trabaja por cuenta propia; el 3,4% son patrones y el 0,4% son trabajadores familiares sin remuneración.
Esta ofensiva libertaria refleja una voluntad explícita de desarticular los marcos legales que protegen a las y los trabajadores, en nombre de una supuesta modernización del mercado laboral. Se trata básicamente de ofrecer una mano de obra barata y sin derechos para que los capitales vengan a traer su “lluvia de inversiones”.
Sin embargo, aunque las acciones judiciales y de calle impulsadas por la Confederación General del Trabajo (CGT) lograron frenar momentáneamente algunos artículos de la reforma laboral, estas medidas resultan insuficientes ante el avance estructural del proyecto oficialista, que busca consolidar un modelo de precarización sostenido por la flexibilización normativa y el debilitamiento del poder sindical.
Este escenario consolida la ofensiva contra los derechos laborales y la dignidad de quienes viven de su trabajo. Mientras tanto, el sector financiero y las grandes corporaciones siguen obteniendo beneficios multimillonarios, en un contexto de desindustrialización y de caída de la capacidad adquisitiva de los trabajadores.
De Perón a Cristina: el pueblo responde a la proscripción
Como hemos visto a lo largo de nuestra historia reciente, las mejoras en materia laboral, previsional y salarial fueron posibles gracias a un modelo centrado en la producción, el trabajo y la distribución federal de la riqueza. En contraste, los retrocesos se vinculan a políticas neoliberales basadas en endeudamiento, apertura comercial y especulación financiera.
En este escenario, las organizaciones sindicales y sociales, con una larga historia de lucha en defensa de los derechos colectivos y de los trabajadores excluidos, también se ven convocadas a asumir un rol activo frente a esta nueva forma de proscripción, como lo hicieron en otras etapas críticas de nuestra historia.
Frente al fallo de la Corte, múltiples organizaciones políticas, sindicales y sociales convocaron movilizaciones y cortes en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, con participación de sindicatos como SMATA, ATE, UOM, La Bancaria y la CTA, junto a agrupaciones sociales, centros de estudiantes y militancia territorial. En paralelo, hubo una vigilia en la sede nacional del PJ con presencia de gobernadores, dirigentes políticos, gremiales y universitarios, quienes denunciaron la sentencia como una forma de disciplinamiento al campo popular.
Este miércoles 18 de junio bajo la consigna “Argentina con Cristina” y “Cristina libre” se realizó una masiva movilización que núcleo a más de 500.000 personas en plaza de mayo, donde se cantó el himno nacional y la única oradora fue Cristina a través de un mensaje grabado y una llamada en vivo donde resaltó la consigna “vamos a volver”. La convocatoria fue impulsada por el PJ, La Cámpora, las dos CTA, ATE y sindicatos como la UOM, SMATA y La Bancaria. La marcha además de acompañar a CFK ante la injusta condena judicial, denunció la utilización del aparato judicial con fines persecutorios.
La persecución judicial a Cristina no es solo una agresión personal, sino un ataque directo al pueblo argentino que aún cree en un proyecto de justicia social y ampliación de derechos. Así como el 17 de octubre de 1945 el pueblo trabajador rompió el cerco de proscripción y salió a las calles para liberar a Perón, hoy la historia vuelve a interpelar a las mayorías. Frente al avance de las élites económicas, judiciales y mediáticas, el único camino posible es la unidad, la organización y la lucha para defender lo conquistado y construir una Argentina más justa.
Diego Lorca es Director del Observatorio Internacional del Trabajo del Futuro – OITRAF
