Policía Federal de Brasil acusó a Bolsonaro de espionaje ilegal durante su mandato
Entre las personas acusadas formalmente se encuentran también su hijo Carlos Bolsonaro, el exdiputado y exdirector de la ABIN, Alexandre Ramagem, entre otros funcionarios. Según el informe policial de la investigación por el caso conocido como “ABIN Paralela”, los acusados conformaron una organización criminal que utilizó métodos ilegales para vigilar a políticos, periodistas, abogados y críticos del gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022).
Estos datos policiales, indican que el espionaje se llevó a cabo mediante el acceso no autorizado a dispositivos electrónicos, como celulares y computadoras, con el fin de recopilar información sensible. De acuerdo con este informe concluido y enviado al Supremo Tribunal Federal (STF), esta organización criminal habría utilizado el «sistema de geolocalización israelí FirstMile«, herramienta que permite rastrear los movimientos de las personas mediante su teléfono celular.
El software fue adquirido por Abin, la Agencia Brasileña de Inteligencia en 2018, durante el gobierno del entonces presidente Michel Temer (MDB), en dos contratos por un total de 8,1 millones de reales brasileños.
Una de las pruebas recabadas por la Policía Federal (PF) es la grabación de una reunión celebrada el 25 de agosto de 2020, a la que asistieron Jair Bolsonaro, Alexandre Ramagem, el general Augusto Heleno, quien fuera ministro de la Oficina de Seguridad Institucional (GSI), y las abogadas del senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Luciana Pires y Juliana Bierrenbach. La reunión se celebró para discutir estrategias de seguimiento a los auditores de la Hacienda Federal responsables de la investigación contra el hijo del expresidente en el caso de las «rachadinhas».
La reunión fue grabada en audio, el cual fue localizado por la PF en uno de los seis teléfonos celulares y cuatro cuadernos incautados en Ramagem durante la operación de Vigilancia Estrecha. En julio del 2024, el ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), levantó la confidencialidad de la grabación.
Esta práctica ilegal permitió al entorno de Bolsonaro obtener información que luego era utilizada para atacar públicamente a sus opositores. Los investigadores señalan que Bolsonaro no solo tenía conocimiento del esquema, sino que también se beneficiaba de él. Mientras tanto, su hijo Carlos Bolsonaro, conocido por liderar las redes sociales de su padre, habría utilizado la información obtenida de forma ilegal para lanzar campañas de desprestigio en contra de las personas espiadas.
Entre los objetivos del espionaje se encontraban figuras prominentes del ámbito político y judicial, como el juez del Tribunal Supremo Federal Alexandre de Moraes, el senador Renan Calheiros y los expresidentes de la Cámara de Diputados Rodrigo Maia y Arthur Lira.
La actual dirección de la ABIN también está bajo la lupa de la Justicia. El director, Luiz Fernando Corrêa, es acusado de obstruir la investigación al no colaborar con las autoridades. Esta falta de transparencia ha generado preocupación sobre la continuidad de prácticas ilegales dentro de la agencia de inteligencia.
Este caso es independiente de la investigación por el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023, en el que Bolsonaro también está imputado. Sin embargo, ambos procesos reflejan un patrón de conducta que, según los críticos, busca socavar las instituciones democráticas y consolidar un poder autoritario.
La sentencia por el caso de espionaje ilegal podría conocerse en los próximos meses, mientras que la investigación por el intento de golpe de Estado se encuentra en una etapa más avanzada. Bolsonaro ya fue interrogado en este último caso, y se espera una resolución judicial para finales de año.
Este nuevo escándalo político agrega más presión sobre el expresidente, quien ya enfrenta numerosos procesos judiciales por violaciones a la Constitución y abusos de poder durante su mandato. La situación refuerza las críticas a su gestión y genera un debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en las agencias de inteligencia del país.
La comunidad internacional también ha puesto su atención en este caso, ya que el espionaje ilegal a periodistas y opositores políticos supone un grave atentado contra la libertad de expresión y los derechos humanos. Organizaciones internacionales han llamado a las autoridades brasileñas a garantizar un proceso judicial justo y transparente.
Mientras tanto, Bolsonaro mantiene su postura de negación y acusa a la Justicia de perseguirlo políticamente. Sus seguidores, que lo consideran un defensor de la libertad, han salido en su defensa, lo que ha generado un clima de polarización en el país.
Este caso, sin embargo, no solo afecta a Bolsonaro, sino que también pone en tela de juicio el funcionamiento de las instituciones brasileñas y su capacidad para combatir la impunidad y garantizar el Estado de derecho. La resolución de esta investigación será un testigo importante de la salud democrática de Brasil en los próximos años.
PF indicia Jair Bolsonaro e Ramagem no inquérito da “Abin Paralela”
A Polícia Federal (PF) indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro, o filho dele, o vereador Carlos Bolsonaro, e o deputado federal Alexandre Ramagem no inquérito que investiga a atuação paralela da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) durante o governo de Bolsonaro. À época, Ramagem era o diretor-geral da Abin.
Entre os indiciados também está a cúpula atual da Abin, que tem Luiz Fernando Corrêa como diretor-geral. Com isso, a PF concluiu e enviou ao Supremo Tribunal Federal (STF) o inquérito da chamada “Abin Paralela”.
O principal alvo da investigação é o uso da Abin para monitorar ilegalmente autoridades públicas durante o governo Bolsonaro.
De acordo com a PF, policiais e delegados da corporação que estavam cedidos à Abin, além de servidores do órgão, teriam participado de uma organização criminosa para cumprir ações ilegais de espionagem.
Durante a apuração, os investigadores da PF descobriram que foi realizada uma ação para obtenção de informações sigilosas de autoridades do Paraguai envolvidas nas negociações do contrato de energia da usina hidrelétrica de Itaipu, operada pelos dois países.
Jair Bolsonaro e Alexandre Ramagem não comentaram o indiciamento, mas já negaram anteriormente a existência do esquema. Carlos Bolsonaro se manifestou nas redes sociais e alegou que a operação da PF tem motivação política, visando as eleições de 2026.
A Abin afirmou que não vai se manifestar sobre os indiciamentos. Em abril, o diretor-geral da agência publicou uma nota em que dizia estar à disposição das autoridades competentes para prestar quaisquer esclarecimentos, seja no âmbito administrativo, civil ou criminal.
