Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de NODAL. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Observatorio en Comunicación y Democracia (Comunican)
Al asumir su segunda presidencia, Donald Trump reforzó las políticas migratorias y comenzó una ola de deportaciones de miles de inmigrantes, que dejó al descubierto el negocio multimillonario entre el gobierno de Washington y las empresas privadas que las gestionan, con guarismos que superan en una década los 13 mil millones de dólares.
Entre enero y mayo de 2025, la Administración Trump aumentó un 50% el gasto en estas compañías, que manejan todos los niveles del proceso de deportación: detención, asilo, comida, llamadas telefónicas y el transporte en avión de migrantes fuera del territorio estadounidense.
Para cumplir con los planes de Trump, su «zar fronterizo», Tom Homan, dijo que necesitará al menos 100.000 camas para mantener a los migrantes detenidos, más del doble de la capacidad actual. Homan insiste en conseguir el objetivo que se ha fijado de deportar, al menos en una primera etapa, a un millón de los cerca de 11 millones de migrantes indocumentados que viven en Estados Unidos.
La Administración Trump construye una compleja red de cárceles extranjeras para retener a los migrantes “peligrosos” deportados de Estados Unidos. Como sucede en El Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot de El Salvador o el campo de concentración de Guantánamo, los detenidos quedan presos bajo un régimen que en la práctica significa una violación total y sistemática de derechos, como a un juicio y un trato justo y a la presunción de inocencia, entre muchos otros.
El plan garantiza grandes negocios en la deportación que benefician desde las gigantes tecnológicas, que elaboran software para perseguir migrantes, hasta empresas de prisiones privadas y aerolíneas comerciales a cargo de la detención y deportación de migrantes, casi todas ellas empresas “grandes donantes” de su última campaña electoral.
En los últimos meses, el régimen estadounidense buscó cerrar acuerdos, con una veintena de países, entre ellos Angola, Benin, Costa Rica, El Salvador, Esiuatini (ex Reino de Suazilandia), Guinea Ecuatorial, Guatemala, Guyana, Honduras, Kosovo, Libia, México, Moldavia, Mongolia, Panamá, Ruanda, Arabia Saudita y Uzbekistán,
Incluso, en el medio de las negociaciones con Ucrania por el tratado de explotación de minerales y tierras raras, Washington presionó a Kiev para que recibiese migrantes deportados por las autoridades estadounidenses.
Entre los países que han aceptado migrantes se encuentran Guatemala, Brasil, China, Colombia, Costa Rica, Honduras, India, México, Libia, Panamá y Venezuela.
Según datos de Witness at the Border (Testigos en la Frontera), ”ha habido más de 350 vuelos de deportación en lo que va del año, que parten de Mesa, Arizona; San Antonio, Texas; Alexandria, Luisiana; Harlingen, Texas; y Miami. Entre los deportados, además, hay cientos de inmigrantes asiáticos y africanos que fueron expulsados a Costa Rica y Panamá.
El número total de migrantes deportados debería ser de casi 50.000, si se tiene en cuenta que en cada vuelo parten 125 personas y se han realizado más de 350. Esta cifra está muy lejos de los 100 mil anunciados por el Departamento de Seguridad Nacional, lo que habla de que podrían haber 47 mil migrantes en centros de reclusión.
La reclusión, o el envío de inmigrantes a terceros países, forma parte de una paraestructura legal que busca vaciar de derechos a los deportados: se criminaliza a comunidades enteras bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma que permite la expulsión de extranjeros si son considerados una amenaza a la seguridad estadounidenses (para justificar eso parte de los expulsados son tratados de “delincuentes” y se los acusa de pertenecer a alguna banda criminal o a alguna “amenaza terrorista”.
Una de las iniciativas más polémicas es el intento de que Libia reciba a los deportados estadounidenses de países como Filipinas, Vietnam, Laos y México. Libia se ha convertido en una especie de gendarme africano de la Unión Europea para perseguir y detener a los migrantes que intentan cruzar el Mediterráneo.
Este mismo modelo podría ser aplicado a los palestinos sobrevivientes del genocidio en Gaza, a cambio de la liberación de los fondos y el oro libio robado por Estados Unidos y Europa por las sanciones contra Muamar Gadafi.
El otro país con el que negocia es Ruanda, que hay firmó acuerdo similitaes con Dinamarca y el Reino Unido: EEUU le pagó este año 100 mil dólares al gobierno ruandés por aceptar un ciudadano iraquí con la “con la condición de que la nación africana admitiera a otros 10 ciudadanos de terceros países como parte de un programa duradero para aceptar a otros inmigrantes expulsados”, según Washington Post.
Los mandaron a la muerte: el propio Departamento de Estado reconoce que en Ruanda hay “ejecuciones extrajudiciales; condiciones carcelarias duras y potencialmente mortales; arrestos o detenciones arbitrarias; [y] prisioneros o detenidos políticos”.
A diferencia de otros países, en los que las prisiones son administradas por agencias públicas, en Estados Unidos las cárceles y los centros de detención de migrantes indocumentados son un negocio multimillonario en el que participan empresas privadas. El regreso de Trump y su promesa de implementar una política de deportaciones masivas hizo que se disparara el valor de las acciones de los dos gigantes del negocio carcelario: GEO Group y CoreCivic.
«Geo Group se creó para este momento único en la historia de nuestro país y para las oportunidades que traerá consigo», dijo George Zoley, fundador de la empresa, que en 2024 tuvo ingresos por un valor de 2.400 millones de dólares y espera duplicar todos sus servicios y aumentar su rentabilidad con la nueva administración Trump. Entre sus mayores accionistas están los fondos de inversión BlackRock, Vanguard, Wolf Hill, FMR y Goldman Sachs.
Actualmente, cerca del 70% de todos los migrantes detenidos están en centros manejados por distintas corporaciones privadas. El negocio relacionado con migrantes no se reduce solamente a los centros de detención: las empresas también ofrecen servicios de transporte y monitoreo electrónico de los migrantes, mientras están en libertad a la espera de una audiencia en las cortes.
Desde hace tiempo se han denunciado las precarias condiciones de vida de los detenidos en esos centros. Muchas veces los migrantes no tienen acceso a los servicios médicos que requieren, las instalaciones en las que viven no reciben mantenimiento y los baños y las condiciones higiénicas están lejos de ser aceptables.
Un análisis realizado por un organismo de control federal de los registros de inspección de 17 centros de ICE entre los años fiscales 2020 y 2023 halló evidencias de atención médica deficiente en más de la mitad de las instalaciones y violaciones de las normas de salud y seguridad ambiental en más de un tercio, según el Washington Post.
Pero para implementar su ambiciosa política de deportaciones, el gobierno de Trump necesita conseguir la financiación necesaria para incrementar el número de arrestos de indocumentados y contar con suficientes instalaciones para albergarlos. Esa es una batalla que probablemente se dará en el Congreso, con el objetivo de cumplir la promesa electoral de Trump de llevar a cabo «la mayor deportación» de migrantes en la historia del país.
Además, entre parlamentarios existe preocupación por el rol de estas compañías en el manejo de los centros de detención, ya que tienen incentivos para financiar campañas políticas que promuevan medidas migratorias más estrictas.
*Colectivo del Observatorio en Comunicación y Democracia (Comunican), Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA)
