El caso de Celia: primer caso de esterilizaciones forzadas en Perú que llega a la Corte IDH
Es el primer caso de esterilización forzada en Perú que llega a esta instancia. Celia murió por una esterilización forzada durante la dictadura de Fujimori. Esta es su historia.
Celia Ramos vivía en situación de pobreza y acudió a un puesto de salud buscando atención en 1997. Desde ese momento, fue objeto de presiones por parte de personal de salud para someterse a un procedimiento de ligadura de trompas. A pesar de expresar reiteradamente su negativa, varias enfermeras visitaron su domicilio en múltiples ocasiones para presionarla y brindarle información incompleta e imprecisa.
El 3 de julio de 1997 fue sometida a una esterilización forzada y, durante la intervención, presentó un paro respiratorio. Ni el personal de salud, ni el centro médico tenían los recursos y capacidades para atenderla. Celia falleció en la Clínica San Miguel de Piura 19 días después.
La esterilización de Celia hizo parte del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF, 1996-2000), implementado por el gobierno de Alberto Fujimori, caracterizado por publicidad manipuladora, campañas dirigidas a mujeres empobrecidas, de zonas rurales e indígenas, analfabetas, esterilizaciones sin consentimiento válido, el establecimiento de metas y cuotas de captación impuestas al personal médico, desinformación y condiciones médicas inseguras para realizar estas operaciones.
En 2021, la CIDH declaró la responsabilidad de Perú por violar los derechos de Celia y recomendó al Estado peruano la reparación integral del daño a la familia de Celia Ramos, investigar los hechos, adoptar medidas de no repetición y diseñar e implementar legislaciones, políticas públicas y programas para respetar el derecho de las mujeres a no ser sometidas a intervenciones o tratamientos sin contar con un conocimiento informado. Pero ante la falta de cumplimiento de las recomendaciones, en 2023 el caso se llevó a la Corte IDH y el Centro de Derechos Reproductivos y el CEJIL se sumaron a la representación de Celia.
En 2024, el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) se pronunció sobre el caso de Celia y determinó que la política de esterilización forzada durante la dictadura de Alberto Fujimori fue un crimen de lesa humanidad y un “ataque sistemático y generalizado” contra mujeres rurales, campesinas e indígenas. El Comité destacó que se trató de “una forma de violencia basada en el sexo y discriminación interseccional”.
Violaciones a la autonomía reproductiva durante el conflicto y la dictadura
Entre 1980 y 2000 Perú vivió un conflicto armado marcado por múltiples violaciones a los derechos humanos perpetradas por las fuerzas armadas. El Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar se sumó al Programa Nacional de Población (1991-1996) y el Manual de Salud Reproductiva (1992) para recrudecer una política de natalidad que facilitó la realización arbitraria de esterilizaciones quirúrgicas y la sustitución de la autonomía de las mujeres por decisiones del personal médico. Esto afectó principalmente a mujeres de zonas rurales y urbanas populares, campesinas, pobres, analfabetas e indígenas.
La política de natalidad promovida y puesta en marcha por la dictadura fujimorista tuvo como base una narrativa racista y aporofóbica. La anticoncepción quirúrgica “voluntaria” fue impuesta como el principal método anticonceptivo. Además, los agentes sanitarios recurrieron a engaños, desinformación, presiones, amenazas y hostigamientos para que las mujeres fueran sometidas a estos procedimientos, vulnerando su derecho al consentimiento previo, libre y pleno.
Hasta 2025, el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (REVIESFO) contabilizó 6.982 casos de esta política antinatalista, desproporcionadamente más altas en mujeres de los departamentos más empobrecidos. Según la Defensoría del Pueblo hubo 18 víctimas mortales. En más del 59% de las historias clínicas analizadas por esta instancia el consentimiento previo, pleno, libre e informado no existía o era incompleto. Pese a la gravedad, esta situación fue excluida del sistema de reparaciones diseñado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, entidad creada por los gobiernos de transición de Valentín Paniagua y Alejandro Toledo, después de la dictadura.
El caso de Celia dejó en evidencia la falta de imparcialidad de los tribunales, el miedo y la precariedad económica como factores que impidieron que las víctimas denunciaran inmediatamente después de los hechos. La llegada del caso a la Corte IDH marca un antes y un después en Perú y sienta un precedente importante para toda la región, en momentos de auge de discursos pronatalistas y de vulneraciones a la autonomía reproductiva.
¡JUSTICIA PARA CELIA!
