Día de la Independencia en Argentina: Kirchner o Milei, sigue siendo liberación o dependencia
*Emilia Trabucco
Cada aniversario del 9 de julio interpela el presente argentino desde una perspectiva histórica que excede la conmemoración. La Declaración de la Independencia de 1816 no fue solo una ruptura formal con la monarquía española, sino un momento decisivo en la consolidación de un proyecto político propio para las nacientes Repúblicas del Sur. En ese proceso, y especialmente en la historia argentina, se delinearon desde entonces dos caminos divergentes: una ruta hacia la construcción de soberanía popular y justicia social, y otra orientada a la dependencia económica, política y cultural. Dos proyectos se enfrentan nuevamente en la Argentina del siglo XXI.
Cristina Fernández de Kirchner volvió a hablarle a miles de personas que se convocaron en el Parque Lezama en la ciudad capital, bajo la consigna “Argentina con Cristina” y exigiendo su libertad y la de Eva Mieri, referenta peronista y feminista, concejala de Quilmes, detenida en el penal de Ezeiza, bajo el mismo plan de disciplinamiento.
La principal referenta del movimiento popular, con su voz en off desde su casa, definió el escenario con claridad: “Desde el año 56, después que derrocaron a Perón y lo trajeron al Fondo Monetario, nunca tuvimos este grado de dependencia. (…) la pregunta obligada que tenemos que hacernos, como argentinos, es: ¿somos realmente libres o independientes? ¿O estamos otra vez ejecutando políticas dictadas desde afuera, aceptando sin chistar condiciones del FMI o de otros que perjudican tanto a nuestra gente? Porque lo que se vive hoy en la Argentina no es simplemente un ajuste, ni una crisis, ni una tormenta pasajera. Es un verdadero problema estructural”.
Mientras tanto, el presidente se ausentaba del acto oficial en la provincia de Tucumán, tras el vacío generado por los gobernadores que exigen la coparticipación de fondos para sortear la crisis. Decidió quedarse a brindar con Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación, para festejar un año de facultades extraordinarias del Ejecutivo desde la aprobación de la Ley Bases, que terminaron el día 8. 365 días de un Congreso anulado y un plan de saqueo y ajuste a fuerza de decretos: en un año, Milei y su gabinete firmaron 75 Decretos de Necesidad y Urgencia y 82 decretos delegados.
A diecinueve meses de la llegada de un ya evidente “Terrorismo de Estado de baja intensidad”, se consolida una estrategia de desguace del Estado nacional, especulación financiera y endeudamiento bajo comando extranjero, transferencia regresiva de ingresos, desindustrialización, combinado con un programa represivo y violarorio de las garantías constitucionales y los derechos políticos. Un régimen que profundiza el uso de la violencia ante la inminencia de la debacle económica, producto de una crisis que ellos mismos generaron y cuyas consecuencias descargan sobre las espaldas de la clase trabajadora, cada vez más empobrecida. Porque no todos pierden, unos pocos ganan y mucho, a miles de kilómetros de Argentina, pero con cómplices locales, que odian su país.
La historia argentina permite leer el presente desde una clave de larga duración. La agenda que hoy impulsa el oficialismo se inscribe en una línea que ha tenido antecedentes en distintos momentos del siglo XIX y XX. Pero la intensidad del actual proceso, y su respaldo discursivo en una lógica de confrontación con cualquier forma de institucionalidad estatal que suponga distribución justa de la riqueza o derechos sociales para las grandes mayorías, marcan un salto cualitativo.
El 9 de julio de 2025 encuentra a la Argentina atravesando una crisis multidimensional. La caída del salario real, el aumento de la pobreza y la indigencia, la paralización de la obra pública y el vaciamiento de áreas clave como ciencia, salud, cultura o educación son algunos de los efectos más visibles. A eso se suma una ofensiva contra las organizaciones sociales y sindicales, cárcel y persecución a dirigentas políticas, la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner en sintonía discurso oficial que deslegitima la protesta y un uso sistemático de las redes y medios para desacreditar toda forma de oposición.
Lejos de constituirse como un plan técnico de estabilización macroeconómica, la política de Milei representa un modelo de reorganización del poder social. En esta lógica, el desmantelamiento del Estado no busca solo achicar el gasto, sino desarticular las condiciones materiales y simbólicas que permitieron históricamente la construcción de un proyecto nacional. El objetivo no es reformar, sino reemplazar el pacto democrático y social por otro orden centrado en la rentabilidad, la meritocracia y la exclusión, donde solo pactan los que se enriquecen a costa del trabajo de millones.
En este contexto, la discusión sobre la independencia no puede escindirse de la discusión sobre la soberanía en el presente. El destino de empresas públicas como Aerolíneas Argentinas, el control estatal de los recursos estratégicos, el sistema previsional, la educación superior gratuita o el desarrollo científico nacional no son temas aislados ni cuestiones técnicas: son expresiones concretas del modelo de país en disputa.
Frente a esta situación, distintos sectores de la sociedad han comenzado a expresar formas de resistencia. Movilizaciones sindicales, feministas, protestas de estudiantes y docentes, jubilades, articulaciones territoriales, acciones culturales y debates públicos señalan que el proceso de ajuste no transcurre sin tensiones ni respuestas. Si bien el gobierno mantiene niveles de apoyo en algunos sectores a fuerza de milicias digitales y una estrategia de desarticulación que busca el aniquilamiento de cualquier fuerza de oposición política, la crisis hace insostenible la vida y se tejen iniciativas colectivas en cada territorio.
Desde una mirada regional, lo que sucede en Argentina también plantea interrogantes más amplios sobre el tipo de inserción que se busca en América Latina. El alineamiento automático con Estados Unidos e Israel, el distanciamiento con los procesos de integración regional y la deslegitimación de gobiernos progresistas refuerzan la idea de una reconfiguración del lugar de Argentina como país periférico, subordinado a los intereses geopolíticos del capital extranjero.
A más de dos siglos de la declaración de la Independencia, el país vuelve a estar ante una encrucijada. Las dos Rutas de Mayo –la del proyecto popular, soberano y con justicia social por un lado; y la del enclave primario-exportador subordinado a intereses externos, por el otro– no son solo interpretaciones historiográficas. Siguen operando como ejes estructurantes de los modelos en disputa. Recuperar la historia abre la posibilidad de comprender las luchas populares en trayectoria, resignificando las derrotas y las victorias que se construyeron sin la “pretendida” correlación de fuerza que hay que esperar, como arguye cierta parte de la dirigencia del campo popular, en las antípodas de la concepción de nuestros líderes y lideresas independentistas.
En ese sentido, el 9 de julio no es un acto del pasado, sino una pregunta urgente sobre el futuro. La necesidad imperiosa de pensar en el largo plazo y derrotar a un proyecto que no se va a “caer solo”, al que hay que enfrentar con “las tres C: cabeza, corazón y coraje” como expresó Cristina Kirchner. El peronismo se transforma en este punto de inflexión histórica o está destinado a perecer como proyecto de representación de las mayorías trabajadoras. La contradicción se actualiza pero no deja de ser liberación nacional y soberanía o dependencia.
*Psicóloga, Magíster en Seguridad. Analista de la Agencia NODAL y del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE) en Argentina. Directora del Área de Universidad, Género y Trabajo del IEC-CONADU
