Argentina: la visita de Kristi Noem, la embajadora de la política represiva del Norte
Emilia Trabucco *
La llegada a la Argentina de Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, exgobernadora de Dakota del Sur y apodada “la caza inmigrantes” por sus políticas extremas contra comunidades latinas, no es un episodio aislado. Su presencia y su agenda en Buenos Aires forma parte de un dispositivo geopolítico más amplio, que busca consolidar la subordinación del gobierno argentino con las estrategias de seguridad e inteligencia de las “fuerzas del Norte”.
Noem fue recibida hoy lunes 28 por la mañana en la Casa Rosada por el presidente Javier Milei, el canciller Gerardo Werthein y la ministra de Seguridad Nacional Patricia Bullrich. Allí firmaron un “memorando de entendimiento en materia de seguridad” ente ambos países, que incluye “colaboración en temas sensibles como el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado”, intentando ocultar y legitimar la obediencia para fortalecer el aparato represivo con comando extranjero con la noticia de la supuesta exención de visas para argentinxs que viajen a Estados Unidos. Luego de la reunión, Noem y Bullrich fueron a Campo de Mayo para “almorzar asado y cabalgar a caballo”, como informó el medio oficialista “La Derecha Diario”.
Noem y Bullrich comparten concepción: la seguridad como herramienta de guerra interna, y el Estado como fuerza de represión sobre su propio pueblo. Una doctrina que Bullrich importó de Estados Unidos e Israel durante su gestión macrista, y que hoy profundiza sin mediaciones institucionales. Ambas tenían previsto un encuentro en abril en Washington, que fue suspendido tras la muerte del Papa Francisco.
Desde hace años, Bullrich se ha convertido en la voz local de las doctrinas contrainsurgentes, promoviendo acuerdos con el FBI, Homeland Security y el Ministerio de Defensa israelí. Su política consiste en asumir como propias las agendas impuestas desde el exterior, bajo el pretexto de combatir el crimen organizado, el narcotráfico o el terrorismo. Bajo esa lógica discursiva, se criminaliza la protesta social, se persigue y encarcela a dirigentes opositores y se despliega inteligencia sobre movimientos populares.
Este viaje se enmarca en una serie de acercamientos entre el gobierno de Javier Milei y figuras clave de la administración Trump, y de las recientes declaraciones injerencistas del futuro embajador Peter Lamelas. A fines de mayo, el presidente argentino se reunió con Robert Kennedy Jr., Secretario de Salud y Servicios Humanos de EEUU. Anteriormente, también recibió al secretario del Tesoro, Scott Bessent, y al jefe del Comando Sur, almirante Alvin Holsey.
Bullrich ha vuelto a protagonizar la agenda mediática en la última semana, defendiendo públicamente a los 24 policías bonaerenses apartados por el gobernador Axel Kicillof, luego de comprobarse su participación ilegal en actos proselitistas a favor de Maximiliano Bondarenko, candidato de La Libertad Avanza vinculado a las propias fuerzas. Aunque el accionar de los efectivos violaba abiertamente la normativa que garantiza la neutralidad de las fuerzas en procesos electorales, la Ministra acusó al gobernador de “perseguir policías”.
En su primera aparición pública tras el intento de magni-femicidio, el 17 de noviembre de 2022 en La Plata, Cristina Fernández de Kirchner incidió directamente en el debate nacional sobre las fuerzas de seguridad: “Hay que discutir en serio el tema de la seguridad en nombre de todas las víctimas. (…) La seguridad no puede ser un show para la televisión ni un discurso para agradar a determinada parte del electorado”, y advirtió que “las fuerzas de seguridad son una parte de la solución, pero también son una parte del problema si no se subordinan al poder civil”.
Su intervención no fue solo una denuncia, sino también una propuesta, desarmar la arquitectura de inteligencia y represión construida bajo la conducción de Bullrich y ejecutada por sus alfiles. En sus palabras, quedó planteada una disputa por el sentido y la orientación de las fuerzas de seguridad, lejos del paradigma de las “nuevas amenazas” que importan matrices extranjeras y montan un Estado policial sin control democrático.
A pocos días del 8° aniversario del asesinato de Santiago Maldonado, su hermano Sergio volvió a denunciar la impunidad de la Gendarmería, a cargo de Bullrich en su primera gestión macrista. Se refirió al accionar criminal de gendarmería, que fue avalado por el gobierno de Macri, Bullrich y (Pablo) Noceti, quien “era asesor del gobernador de Neuquén, Jorge Sobisch cuando matan a Fuentealba y abogado cuando desaparecen a Julio López”. Agregó que “hoy vemos que todo eso ilegal, lo legalizaron. Y permiten que un gendarme en el Congreso le dispare a Pablo Grillo”.
Cabe también recordar a Rafael Nahuel, joven mapuche, fusilado por la espalda por la Prefectura en 2017 en el marco de una protesta, o Facundo Jones Huala, encarcelado nuevamente de forma ilegal, sistemáticamente perseguido, mostrando el plan de criminalización y violencia contra las comunidades que defienden su territorio contra el saqueo. Bullrich, a pesar de las sobradas evidencias, no sólo no ha tenido que dar cuentas en la Justicia, sino que digita todavía las políticas de seguridad de los y las argentinas.
En este escenario general, otra dimensión a considerar es la agudización de la crisis interna en las fuerzas de seguridad. La represión también se proyecta hacia adentro, en lo que va de 2025, más de 2.200 agentes de seguridad y personal militar renunciaron por tener salarios debajo de la línea de pobreza. Lejos de mostrar voluntad política para revertir esta situación, la ministra Bullrich ha profundizado el deterioro institucional en medio de una disputa de poder con la vicepresidenta Victoria Villarruel, que tensiona a las fuerzas federales, especialmente a la Policía Federal.
Desde la administración mileista, se paralizaron ascensos, se recortó el acceso a medicamentos y se desmantelaron las estructuras de asistencia social, dejando expuesta una política de ajuste que también golpea a quienes ejecutan el modelo represivo. El colapso quedó al desnudo el pasado 20 de julio, cuando un suboficial retirado se suicidó en el Hospital Churruca tras no recibir los medicamentos oncológicos.
Este es el verdadero rostro de la política de seguridad libertaria, represión para el pueblo, abandono para sus ejecutores, obediencia para los intereses externos. La presencia de Noem, una funcionaria trumpista, no es casual. Se produce mientras el FMI autoriza un nuevo desembolso para la Argentina, respaldado por la administración de Trump, con el objetivo de garantizar la continuidad de un gobierno que asegura subordinación y apropiación de los recursos nacionales de cara a las elecciones de octubre.
La doctrina de las “nuevas amenazas” —importada desde los manuales del Pentágono— es hoy la brújula de la política de seguridad argentina. Bajo esa lógica, la protesta es terrorismo, la militancia es delito y las fuerzas actúan como brazo armado del régimen autoritario hoy en posición de gobierno. La conducción ya no es civil, ni siquiera nacional: es extranjera, privatizada y subordinada a los intereses estratégicos del capital y las potencias del norte.
*Psicóloga, Magíster en Seguridad. Analista de la Agencia NODAL y del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE) en Argentina. Directora del Área de Universidad, Género y Trabajo del IEC-CONADU
