Un año de la Ley Bases: menos empleo e inversión, más precariedad e impuestos regresivos
El 8 de julio de 2024 se oficializó en Boletíon Oficial la “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” luego de un extenso derrotero que llevó más de seis meses de debates legislativos, protestas, modificaciones y denuncias de inconstitucionalidad. La norma resultó aprobada el 28 de junio en la cámara baja con 142 votos a favor, 106 en contra y cinco abstenciones.La ley, en líneas generales llevó adelante un proceso de desregulaciones económicas, privatizaciones y ajustes en el Estado, una reforma tributaria en favor de las empresas y una profunda reforma laboral. Además concedió facultades extraordinarias al presidente de la Nación para gobernar por encima del Congreso Nacional. Los fundamentos de la norma auguraban la llegada masiva de inversiones externas y, a partir de allí, la creación de miles de empleos.
Señor Presidente @JMilei. Podemos decir, tarea cumplida! Gracias a todos los ministros, sus equipos, y a la Secretaría Legal y Técnica, por llevar adelante este proyecto con atención puntillosa a nuestra Constitución. En @MinDesreg_Ar no tengo palabras para agradecer. VLLC! pic.twitter.com/EqySwTWXmc
— Fede Sturzenegger (@fedesturze) July 7, 2025
Un año de la Ley de Base
A un año de su aprobación y con 157 decretos dictados por el ejecutivo al amparo de la ley, sin embargo, los resultados son bien distintos.
Un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) liderado por el economista Hernán Letcher da cuenta de los alcances de la norma y arroja un balance marcadamente pernicioso para los trabajadores y el desarrollo nacional.
A pesar de haber quedado afuera del listado el gobierno insiste con el vaciamiento de Aerolíneas Argentinas y anhela su venta.
Foto: NA
Mediante resoluciones unilaterales, en el período, el gobierno disolvió nueve entes, programas y regímenes especiales así como una veintena de fondos fiduciarios y Fideicomisos destinados a promover el desarrollo de sectores económicos específicos, la obra pública, la vivienda popular, la ciencia y la tecnología. A la vez seis empresas públicas fueron transformados en Sociedades Anónimas o quedaron sujetas a privatización a la vez que once organismos estatales sufrieron profundas transformaciones, transferencias de sus bienes y descentralizaciones. Once leyes protectoras de derechos individuales, sanitarios y sectores industriales fueron derogadas y decenas de sectores económicos sufrieron desregulaciones en favor de la supuesta libertad de empresa.
La política de privatizaciones de empresas del Estado mediante la cual el gobierno busca favorecer a compañías privadas y recaudar fondos para hacer frente al creciente déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, implica el abandono de parte del Estado de áreas estratégicas en el desarrollo energético nacional tanto aquel basado en la minería (YCRT) como a nivel de la energía nuclear. Las empresas que fueron extraídas del listado de entidades sujetas a privatización, de cualquier forma, han sido objeto de vaciamientos, desmantelamientos de áreas e incluso cambios en sus razones sociales. Son los casos del Banco de la Nación, la Casa de la Moneda, Aerolíneas Argentinas, IMPSA (turbinas), Trenes Argentinos Capital Humano y Represas Comahue entre otras.
RIGI: nada por acá nada para allá
Uno de los puntos clave de la ley de Bases fue el establecimiento de un Régimen incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) que concede grandes beneficios impositivos, fiscales y cambiarios para inducir inversiones extranjeras en el país. Lo cierto es que en un año se aprobaron apenas cinco proyectos de los cuales cuatro ya estaban en curso previo a la aprobación de la norma. El 58% de los montos involucrados en el total de 14 de las presentaciones realizadas corresponde a proyectos en manos de la estatal YPF que propone inyectar poco menos de U$S 9,6 mil millones haciendo uso de beneficios que, a la vez, tienden a vaciar las arcas del estado. Según el CEPA, “las inversiones de magnitud prometidas en materia de IED no sólo no se han concretado, sino que el rubro IED del Balance Cambiario del BCRA al mes de 26 mayo 2025 es negativo en USD 1.500 millones desde la asunción del Milei, en virtud de la desinversión constatada en distintas actividades y con autorización del BCRA”.
Para el estudio “los cinco proyectos aprobados significan una inversión de U$S 2.105 millones a desembolsarse en el primer año, apenas el 40% de la Formación de Activos Externos registrada en 45 días (abril y mayo 2025)”. El CEPA alerta sobre la normativa que establece que “al tercer año de maduración de los proyectos el régimen establece la libre disponibilidad de divisas. Hasta ahora no se ha registrado el desembolso de ni un solo dólar de IED correspondiente a estos proyectos, lo que deja en evidencia el desfasaje entre las promesas del régimen y su implementación real”. Pero además, destacan, “en materia de empleo, la generación de puestos de trabajo también es deficiente: los cinco proyectos anunciados implicarían la creación de apenas 1.616 empleos directos”.
La escasez de anuncios de inversión toma una dimensión mayor cuando se analizan a la luz de las dificultades que el modelo de Javier Milei y Luis Caputo plantean al sector externo. El estudio indica que “cuatro de estos cinco proyectos aprobados contemplan compromisos de inversión por U$S 2.105 millones en el primer año y U$S 2.640 millones en el segundo, totalizando U$S 4.745 millones de dólares”.
Pero, señalan, “desde la flexibilización de las restricciones cambiarias, la formación de activos externos alcanzó solo entre abril y mayo una salida de U$S 5.236 millones. Es decir, en apenas mes y medio se esfumó un monto superior al total de inversiones comprometidas para los próximos dos años bajo el RIGI”.
Pero además, destaca el informe, “varios de los proyectos ya habían sido anunciados públicamente antes de la aprobación del régimen, lo que indica que su concreción no dependía del nuevo esquema de incentivos”. Por ejemplo, destacan los casos de Galan Lithium, el parque solar El Quemado, Carbonatos Profundos en San Juan y el Proyecto Sal de Oro. Todos ellos habían sido anunciado entre febrero y diciembre de 2023. Por eso, sostienen, “el RIGI está sirviendo como una herramienta para maximizar beneficios de proyectos que ya estaban en carpeta”.
Del otro lado, los empleos directos e indirectos que se proyecta que podrían crear las inversiones anunciadas por RIGI representan apenas el 20,7% de los puestos de trabajo destruidos en ell sector privado desde diciembre de 2023. Es que, puntualizan, “el régimen muestra que no se trata de un esquema intensivo en generación de puestos de trabajo”.
Impuestos regresivos
La norma, además, redujo la alícuota del impuesto a los bienes personales uno de los más progresivos del régimen tributario local. Por eso, desde la sanción de la norma, la incidencia de ese gravamen cayó desde el 2,9% del total que representaba en 2020 al 1,4% en julio y agosto de 2024. Del otro lado, la restitución del impuesto a las ganancias sobre los salarios implicó que el gravamen pasara de alcanzar al 1,7% de los asalariados hasta el 12,2%.
Por último la norma plasmó una serie de reformas en el mercado laboral tendientes a flexibilizar la contratación de nuevos trabajadores. En resumen se establece la “posibilidad de regularizar relaciones laborales previas a la ley sin penalidades” y la “extinción de la acción penal y condonación total de infracciones, multas y sanciones vinculadas al trabajo no registrado”.
En el mismo sentido de dispuso la “eliminación del REPSAL (Registro de Empleadores con Sanciones Laborales) para aquellas empresas que blanquearan a la totalidad de sus trabajadores” y la “condonación del capital e intereses de las deudas surgidas por falta de pago de aportes con destino a la Seguridad Social”.
A la vez se produjo la extensión del período de prueba para formalizar trabajadores. A pesar de eso la informalidad laboral no se redujo sino que, por el contrario, pasó del 40,8% en el primer trimestre del 2024 hasta el 42% en el último trimestre de ese año. Del otro lado, entre diciembre de 2023 y marzo de 2025 se registró una pérdida neta de empleos registrados en el sector privado de 115.353 mientras creció la registración bajo la modalidad de monotributo.
Las bases de la destrucción del Estado: qué hizo Milei con los superpoderes que le dio el Congreso
Con las facultades delegadas que el Congreso le otorgó por un años a partir de la sanción de la Ley Bases, el Gobierno no sólo desguazó el Estado sino que favoreció la concentración de capitales en las grandes empresas, produjo una caída de la inversión social y aumentó el desempleo público. Además, hubo un marcado retroceso en los derechos laborales y sociales, y se relegó la soberanía nacional a partir del impulso de las privatizaciones de empresas estatales.
El lapidario balance sobre el último año de pura política de la motosierra fue hecho por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que elaboró un racconto y evaluación de todas las medidas que la administración de Javier Milei ejecutó desde el 8 de julio del año pasado, cuando reglamentó la legislación que le dio la posibilidad de gobernar sin depender de la órbita legislativa.
La delegación de facultades votada por propios y aliados –no así por la oposición de Unión por la Patria (UP) y la izquierda- le posibilitó al Gobierno tomar medidas con las que se deslindó de las históricas responsabilidades del Estado y a partir de las cuales concretó el desguace.
Hasta el 4 de julio de este año se dictaron 157 decretos de carácter legislativo: 75 de Necesidad y Urgencia (DNU) y 82 delegados, de los cuales 61 se autoamparan en la Ley Bases. “Esta concentración de poder no solo vació de sentido el rol del Congreso, sino que habilitó una avanzada sin control sobre las instituciones públicas”, indicó el informe.
Eliminó al menos 20 fondos fiduciarios destinados a la construcción de viviendas (por ejemplo Procrear, vivienda social y el destinado a las fuerzas de seguridad), fomento de la ciencia, sostenimiento de la Educación (por ejemplo Progresar), apoyo a la actividad cultural, respaldo a la seguridad (víctimas de trata), fomento de la promoción social y defensa de los derechos humanos (Museo de la Memoria, Sitio ESMA y Datos genéticos), entre algunos.
Además, no solo disolvió o reestructuró organismos del Estado, como recientemente lo hizo con Vialidad Nacional, los institutos de Tecnología Industrial (INTI) y Agropecuaria (INTA) y el INADI, entre tantos, sino que además convirtió organismos como la AFIP y transformó a otros en sociedades anónimas, como antesala de su privatización: la Casa de Moneda y Yacimientos Carboníferos Río Turbio.
En materia de privatizaciones, las facultades delegadas habilitaron la privatización total o parcial de ocho empresas:
Energía Argentina SA (ENARSA)
Corredores Viales
Intercargo
Agua y Saneamientos Argentinos (AySA)
Belgrano Cargas
Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE)
Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético operado por
Yacimientos Carboníferos Río Turbio (privatización parcial)
Nucleoeléctrica Argentina SA (privatización parcial)
El CEPA evaluó que desde la asunción de Milei se impulsó “un programa sistemático de reducción y fragmentación del Estado”. Con ese ímpetu, se avanzó sobre Aerolíneas Argentinas y Correo Argentino, pero por afuera del marco legal al igual que con el Banco Nación, que intentó convertírselo en sociedad anónima hasta que una medida judicial la impugnó.
Además se modificó una veintena de funciones y regímenes de organismos, tales como la Gendarmería, Prefectura, la Unidad de Investigación Financiera (UIF), la ANSES, el Consejo Federal de Educación, el estatuto de la Policía Federal, y la ley de Asociaciones Sindicales, entre algunas.
En la lista de las desregulaciones impulsadas por el ministerio creado ad hoc, las últimas decisiones fueron la liberación del régimen de comercialización de gas licuado y envasado, que se tradujo en aumentos para los consumidores de garrafas; es decir, los sectores más pobres.
Pero antes de esta medida, también se habían desregulado la actividad comercial aerocomercial, la tenencia de armas, los servicios de telefonía móvil. Y “en cada una de las áreas o sectores desregulados las consecuencias concretas fueron, y siguen siendo, el desmantelamiento de las funciones del Estado, sin que exista reemplazo de esta función en el sector privado”, indicó el CEPA.
En este aspecto, añadió el informe, “estos decretos delegados detallados se han combinado con una cantidad inusitada de Decretos de Necesidad y Urgencia que han definido el rumbo de actividades muy relevantes para el país, que se complementan con el DNU 70, que aún está vigente”.
Lo que brilló por su ausencia en este año de facultades delegadas fue la obra pública. Pero lo que sí se modificó al respecto fueron las condiciones para las licitaciones: totalmente favorables a las empresas.
Con la nueva norma, “se canaliza toda la obra pública y la gestión de servicios públicos a través de este régimen a medida del sector privado; solo se hará o gestionará lo que brinde ganancias a contratistas, sin importar derechos de ciudadanos y usuarios; y se elimina el riesgo empresario, que quedará a cargo del Estado”.
Lo que fue un verdadero fiasco fue el mentado Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), una bandera que el Gobierno agitó como puerta de entrada a la inversión privada internacional y nacional.
De la promesa de esa ola de inversiones, solo se aprobaron cinco proyectos, de los cuales cuatro ya existían previamente a la sanción del régimen. No hubo ningún efecto sustancial en materia de creación de empleo ni de ingreso de divisas, remarca el CEPA.
El informe da cuenta de que “en lugar de atraer capitales privados locales y sobre todo extranjeros, la petrolera de mayoría estatal, YPF, protagoniza las inversiones del RIGI”. Además, en ese mismo sector generó un efecto contrario: “A pesar de otorgar concesiones extraordinarias, el Gobierno perdió la principal inversión en cabeza de Petronas, de Malasia, para la planta de licuefacción producto de desmanejos en la localización de la planta, lo que generó desconfianza hacia los inversores en materia de seguridad jurídica”.
En materia de reforma tributaria y reforma laboral, las facultades especiales del Gobierno fueron para favorecer al sector privado y promover la quita de derechos de los asalariados. Por ejemplo, la reducción del impuesto a los Bienes Personales “implicó una nueva baja en la carga de un impuesto progresivo, beneficiando especialmente a los patrimonios más elevados”. Es decir que se favoreció a los sectores de mayor riqueza.
En tanto, la reinstalación del Impuesto a las Ganancias a trabajadores de la cuarta categoría trajo como resultado mayor regresividad tributaria y se “intensificó la presión fiscal sobre los ingresos formales, en un contexto de fuerte deterioro del poder adquisitivo.
No sólo se eliminaron “exenciones que resguardaban a los asalariados cuando sus ingresos aumentaban transitoriamente por el cobro de horas extras, bonificaciones u otros conceptos variables”. Sino que, además, “se suprimió el piso diferencial que beneficiaba a los trabajadores de la zona patagónica, quienes hasta entonces comenzaban a tributar a partir de ingresos un 22 por ciento más elevados que el promedio general”.
El estudio del CEPA también dio cuenta de los efectos de la reforma laboral impulsada por la Ley Bases. Entre las medidas que tomó el Gobierno, como la extensión del período de prueba y la figura del colaborador (antes empleado) no generaron ningún aumento significativo del empleo registrado.
Eso sí, se redujeron sanciones por no registrar trabajadores y se implementó un blanqueo laboral sin resultados significativos.
