Condenan a siete bananeros de Chiquita Brands por haber financiado a paramilitares
La sentencia de un juzgado pena de Antioquia señaló que los extrabajadores de la multinacional deberán pagar una pena de 11 años de prisión por el delito de concierto para delinquir. Ya hay orden de captura en su contra.
En una sentencia histórica para la justicia en Colombia, un juzgado de Antioquia condenó a 11 años de cárcel a siete empresarios de la multinacional Chiquita Brands por haber financiado a grupos paramilitares durante los años 90 y 2000. Además de la pena que deberán cumplir en prisión, cada uno fue condenado a pagar una multa de $13.800 millones.
- Reinaldo Elías Escobar de La Hoz, exasesor jurídico de Chiquita Brands para Colombia.
- John Paul Olivo; contralor de Chiquita Brands para Norteamérica y quien actuó como contralor para Bandex, desde 1996 hasta 2001.
- Álvaro Acevedo González, exgerente de Banaldex.
- Charles Dennis Keiser, quien dirigió las operaciones de Chiquita en Colombia entre 1987 y 2000.
- José Luis Valverde Ramírez, ciudadano costarricense y exrepresentante legal de Bandex, entre 2000 y 2002.
- Víctor Julio Buitrago Sandoval, quien fuera jefe de seguridad de Banadex para las regiones de Santa Marta y Urabá, desde 1999 hasta 2004.
- Fuad Alberto Giacoman Hasbún, ciudadano hondureño y excontralor de Chiquita Brands en Colombia, desde 2002 a 2004.
Además de la condena, el juzgado absolvió de toda responsabilidad a Javier Ochoa Velásquez, exgerente agrícola; Víctor Manuel Henríquez
Velásquez, exgerente de Banacol; y a Jorge Alberto Cadavid Marín, antiguo vicepresidente financiero de Banacol, entre 1993 y 2008.
Lo que resolvió el juzgado en la sentencia de 170 páginas conocida por este diario es que los siete ejecutivos de Chiquita Brands fueron los responsables de una cadena criminal que, al menos entre las décadas de 1990 y 2000, financió a hombres de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en el Magdalena Medio. Una relación ilegal que los empresarios debían conocer y de la que el grupo armado sacó provecho durante años.
Además, la jueza que tomó la decisión, Diana Lucía Monsalve, confirmó lo que víctimas, organizaciones de derechos humanos y exjefes paramilitares han denunciado en varios estrados judiciales: que las organizaciones Convivir (que en su principio fueron legales) fueron utilizadas por facciones de las AUC para legalizar los pagos de Chiquita Brands. La Fiscalía logró evidenciar, por ejemplo, que entre 2001 y 2004 se realizaron 18 pagos a las Convivir por más de $1.400 millones.
Como explicó el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, les pagaban a través de ellas “tres centavos de dólar” por caja exportada. Así, de otro lado, lo sentenció el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en 2007, cuando confirmó la millonaria financiación de la multinacional a esta organización considerada como terrorista extranjera. Con la reciente decisión del Tribunal de Florida, de otro lado, quedó demostrada la conexión entre esas entregas de dinero y los crímenes en el Urabá y el Magdalena Medio.
Uno de los exjefes paramilitares que dio detalles de estas alianzas criminales fue Salvatore Mancuso. Durante su paso por Justicia y Paz, confirmó los pagos y agregó que el monto de esas transacciones era así: “Tres centavos de dólar” por caja de banano exportada. Para llegar a esa decisión, la jueza Monsalve escuchó la versión que entregó el exjefe paramilitar Hebert Veloza, alias “HH”, comandante del Bloque Bananero de las AUC, durante el proceso.
“Cuando el grupo de autodefensas hace presencia en la región de Urabá, Carlos Castaño, era quien manejaba la relación con los bananeros directamente. Los aportes económicos se los hacían a él, no recuerdo bien si a finales de 1995 o a principios del 1996, aparece el señor Raúl Hasbún y le propone a los Castaño, implementar un sistema para el cobro de las ayudas del sector bananero. Ahí nacen las Convivir que fueron creadas para poder recaudar ese dinero y que las empresas bananeras le dieran salida legal”, relató “HH”.
Según la sentencia, era prácticamente imposible que los empresarios y la multinacional no supiera que esos pagos, en realidad, estaban llegando a los bolsillos criminales. Así, la juez le dio relevancia a lo expresado por la Fiscalía, que explicó que, “desde Cincinnati (donde se ubica la oficina corporativa de Chiquita Brands en Ohio, Estados Unidos), se aprobaron los pagos a las AUC de Santa Marta, los cuales se hacían a través de los ‘Manager funds’ que salían a su nombre y correspondían al volumen exportado por las fincas del Retiro de dicha región”.
