El cuerpo legal fue presentado como económico urgente y deberá ser analizado en un plazo de 30 días por la Asamblea Nacional.
En el proyecto de 28 páginas titulado: “Ley Orgánica para el control de flujos irregulares de capitales” el Gobierno busca luchar contra la inestabilidad económica y fiscal del país.
La Ley abarca prácticamente todas las formas de organización de la sociedad civil, entre ellas: organizaciones de la Sociedad Civil, de orden comunitario y entidades sin fines de lucro.
En la actualidad, se registran, como consta en el texto, más de 60.000 organizaciones de ese tipo en el país, sin embargo, según el proyecto: “se desconoce su estatus de actividad y las particularidades de funcionamiento”.
Asamblea Nacional tramitará el proyecto urgente para combatir los flujos irregulares de capitales #AsambleaEc2025 pic.twitter.com/1vNd5fFiT5
— Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) July 29, 2025
La Ley propugnaría, entonces a “fortalecer la integridad en la recepción, manejo y gestión de recursos financieros, prevenir el lavado de activos, el financiamiento de la delincuencia organizada, la corrupción y el uso indebido de fondos públicos o privados(…)”.
El control
En el artículo 4 del proyecto de Ley se especifica que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria ejercerá la vigilancia, auditoría, intervención, control y supervisión de las organizaciones de la sociedad civil.
Para lo cual se regirá por las disposiciones de otros cuerpos legales como: la Ley de Compañías, Ley de Mercado de Valores, Ley General de Seguros y esta ley.
En cuanto a la obligación de rendición de cuentas, las organizaciones de la sociedad civil deberán presentar anualmente un informe público de gestión y uso de recursos, que incluya, entre otros puntos:
- Detalles de ingresos y egresos.
- Proyectos ejecutados y sus beneficiarios.
- Evaluaciones de impacto.
- Cumplimiento de su Código de Ética.
- Reporte de gestión de riesgos de corrupción.
El proyecto de ley plantea que todas las personas jurídicas sin fines de lucro (incluidas fundaciones y oenegés) deberán reportar el origen y destino de sus fondos, especialmente si vienen del extranjero.
Apunta a las oenegés
Según una de las transitorias del cuerpo legal, las organizaciones deberán cumplir con la obligación de registrarse en el Sistema Unificado de Organizaciones de la Sociedad Civil (SUIOS) en un plazo no mayor a noventa días.
Se norma, además, que en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley, las organizaciones de la sociedad civil que operen en el territorio nacional, deberán implementar sistemas de integridadconforme a las disposiciones previstas en esta Ley y su reglamento de aplicación.
Pero eso no es todo.
Además, se plantea que las organizaciones deberán registrarse en la Unidad de Análisis Financiero y Económico en el caso de que reciben recursos desde el exterior. Y tendrán que entregar reportes anuales con detalle de ingresos y gastos.
De acuerdo al proyecto, si una ONG no cumple con estas nuevas reglas, podrá ser:
- Multada
- Suspendida
- Disuelta.
Y, si hay indicios de delito durante esos análisis, se reportará a la Fiscalía para fines investigativos.
Con ello, el Gobierno -dice- busca prevenir el lavado de activos y flujos ilícitos.
En el tema tributario
La Ley plantea cambios en el Impuesto a la Renta por dividendos.
En el texto propuesto se modifica el artículo 39.2 de la Ley de Régimen Tributario Interno en relación a la distribución de dividendos que hagan las sociedades residentes o establecimientos permanentes en Ecuador.
Los dividendos estarán sujetos a un impuesto único del 12%, aplicable en el ejercicio fiscal en que se produce la distribución, no en el momento del pago.
Los dividendos en Ecuador representan una forma en la que los accionistas reciben beneficios por su inversión en una empresa.
Para las ONGS no residentes, se aplicará, en cambio, una tarifa del 10%, salvo cuando en la cadena de propiedad haya un residente en paraíso fiscal.
Se trata del cuarto proyecto económico urgente que envía el Ejecutivo a la Asamblea Nacional.
Las tres anteriores (Leyes de Integridad Pública, de Solidaridad Nacional y de Inteligencia) enfrentan demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional.
Las organizaciones sociales aseguran que seguirán en la lucha a pesar de la “Ley de Fundaciones”
Por Juan Cabezas
Oenegés ecuatorianas recibieron con suma desconfianza el proyecto de Ley Orgánica para el Control de Flujos Irregulares de Capitales, conocida popularmente como “Ley de Fundaciones” .
Radio Pichincha conoció la posición de organizaciones que han tenido un papel clave en oposición a la gestión de Daniel Noboa, como el Frente Nacional Antiminero y la CDH-Guayaquil, la Unión Nacional de Educadores (UNE).
La abogada en derechos humanos e integrante del Frente Nacional Antiminero, Erika Escorza señala que el proyecto de ley genera desconfianza, pues así palpita en el espíritu de esta ley, el cual cuenta con el carácter de urgente en materia económica.
“Vamos a presentar, como lo hicimos ante las leyes anteriores, un recurso frente a la Corte Constitucional”, subrayó Escorza desde Pastaza.
Uno de los primeros argumentos de las organizaciones es que, al igual que otras leyes urgentes, este cuerpo legal parte de la validez del Estado de Excepción en el país, algo que la misma Corte Constitucional declaró en un fallo de este mes que es parcialmente constitucional.
“Nos encontramos en alerta máxima, lo que se quiere es deslegitimar la lucha”, sostuvo Escorza.
La abogada hace alusión directa a las declaraciones del exministro de Gobierno, José de La Gasca, en las que dejaba entrever, que esta organización, podría tener vínculos con la minería ilegal.
El @MinGobiernoEc, @JoseDeLaGasca , advirtió sobre la gran cantidad de fundaciones que operan en el país sin el control adecuado. Señaló que muchas de estas organizaciones, algunas calificadas como “fundaciones truchas”, son utilizadas para actividades irregulares.
Los Detalles… pic.twitter.com/UYH4ktoPyo
— CENTRO Digital (@radiocentroec) July 29, 2025
El Frente Nacional Antiminero es una de las organizaciones que más resistencia ha planteado a los proyectos mineros del Gobierno Central. Se ha mostrado como protagonista en procesos conflictivos como los de: Las Naves (Bolívar), Echeandía (Bolívar) y Palo Quemado (Cotopaxi), entre otras.
“Frente a tantas injusticias el silencio no es una opción, vamos a seguir resistiendo”, sostuvo.
Luis Jacobo Corral, vocero también del Frente Nacional Antiminero, expresó que las luchas en las que este grupo interviene se hacen de manera autónoma.
“El financiamiento proviene de las mismas comunidades y en una ínfima parte cuentan con recursos del exterior”.
¿Y la aplicación de la Ley?
Por otro lado, la académica Natalia Sierra, quien en su momento estuvo relacionada con organizaciones de derechos humanos, planteó el problema desde la aplicación de la Ley.
“En mi criterio, el problema se concentra en cómo se aplicará la ley. Actualmente existe una desconfianza absoluta en la justicia”, sostuvo Sierra.
“El Gobierno quiere aplicar una visión en la que todo el mundo es enemigo: la lógica de la criminalidad extendida en todos los sentidos”.
Fernando Bastias, del colectivo CDH-Guayaquil, aseguró a través de un post en la red X, que el Presidente Noboa está actuando como un dictador, algo que, en su momento, él mismo criticó.
Ataque cobarde de Daniel Noboa en contra de las organizaciones sociales que exponen la ineficacia de las políticas de seguridad en todo su gobierno (incluyendo las violaciones a Derechos Humanos)
El presidente cuyo slogan fue "no seremos como Venezuela" está actuando de la misma… https://t.co/wfD3dcnaDQ
— Fernando Bastias Robayo 🇵🇸 (@NandoBastias) July 28, 2025
Por su parte, Andrés Quishpe, presidente de la Unión Nacional de Educadores, afirmó que está de acuerdo con lo expresado por los otros entrevistados, “en el sentido de que el Gobierno apunta a desactivar a varias organizaciones sociales ecuatorianas”.
Queda claro entonces, que en su momento, aparecerán nuevos recursos legales frente a esta la llamada “Ley de Fundaciones” y que las organizaciones sociales están en pie de lucha.
