En 10 años, en Ecuador hay 66 mil denuncias por violación
La Corte Constitucional deberá decidir si el proyecto de reforma a la Constitución del presidente Daniel Noboa, es viable o no. El 11 de julio de 2025, envió un documento para que se modifique el artículo 393 para implementar la castración química y el registro de sentenciados por violación.
En el documento, se plantea que entre 2014 y mayo de 2025, la Función Judicial registró 71 270 procesos por delitos sexuales en Ecuador. El 22 % fueron cometidos contra menores de edad.
Sin embargo, solo las denuncias por violación son 66 133 entre enero de 2015 y junio de 2025, según los datos públicos de la Fiscalía General del Estado. Una de las más recientes fue la que se viralizó en redes sociales contra el asambleísta Santiago Díaz. Fue acusado de presuntamente violar a una menor de 12 años durante una fiesta.
Según recoge el documento, el asambleísta estaba alcoholizado y llevó a la menor de edad a una habitación para ultrajarla. El Gobierno ofreció una recompensa de USD 100 000 por información de su paradero.
De acuerdo con los datos de la Fiscalía, 18 provincias acumulan la mayoría de denuncias de violación. Pichincha encabeza la lista con 12 776 casos, seguido de Guayas con 11 520.
En Manabí se reportan 4 767 denuncias mientras que El Oro registra 3 514 y Azuay 3 450 casos. (Ver cuadro)
Sobre los procesos, en la Función Judicial constan que de 3 662 procesos en 2025, solo 1 688 están en trámite. En abril de este año, un hombre fue condenado a 29 años de prisión por violar a una niña de ocho años en Cuenca.
La sentencia llegó cuatro años después, pues el caso inició en 2021, cuando la víctima y su familia llegaron a vivir a una habitación en la misma casa del sentenciado.
Otro de los casos reportados en 2025, fue en abril. Un soldado del Ejército fue detenido por descargar, almacenar y producir material de abusos sexuales a menores de edad. Según la Fiscalía, el sospechoso también habría violado a sus hermanastros de ocho y seis años en Latacunga.
La Policía Nacional maneja una cifra de 427 detenidos por violación entre enero y junio de 2025. De ese total, 37 personas fueron localizadas por el Bloque de Búsqueda, por tener boleta vigente o constar en la lista de más buscados por ese delito.
La Corte Constitucional deberá decidir si la castración química vulnera derechos
Respecto a la propuesta de la castración química, el abogado constitucionalista Daniel Gallegos Herrera señaló que este procedimiento implica una afectación a la integridad física. Dijo que no se había tenido antes un planteamiento así en Ecuador.
Gallegos comentó que la Corte Constitucional se pronunció en 2019 sobre una propuesta de amputación de dedos para las personas culpables de robo y se expuso que esos actos pueden constituir tortura o trato cruel por lo que estaría prohibido en la Constitución. Además del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención para la Prevención de Tortura.
Algo similar apuntó el penalista Julio César Cueva. Explicó que el problema del proyecto es justamente que la Constitución estipula que se requiere un consentimiento informado para temas de salud y que no se permiten tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Cueva dijo que la castración química es considerada a nivel internacional como tortura y que Ecuador está vinculado a convenios internacionales, por lo que la propuesta «no solo es cosa de cambiar la constitución».
La castración química – de acuerdo a registros- se ha implementado en al menos 15 países. Algunos lo tienen como medida para aplicar a la libertad condicional, en otros es obligatorios o voluntarios. Cueva sostuvo que efectivamente, se debe revisar qué regímenes y leyes tienen las otras nacionales.
La Corte Constitucional deberá revisar el proyecto de Noboa y responder si es factible o no. Cueva comentó que probablemente se deberá aplicar un análisis de proporcionalidad y una ponderación para prevalecer el derecho del niño víctima sobre el derecho del victimario.
Así mismo, será la Corte la que dictamine -en caso de que sea favorable- por qué vía. Si se aplica la reforma como lo planteó Noboa o enmienda.
Sobre el registro de personas sentenciadas con violación, Cueva argumentó que sería privado. Es decir, alguna empresa o plantel pedirá ese documento así como se solicita el récord policial o certificado de antecedentes.
Mientras que el constitucionalista Gallegos, puntualizó que hay un dictamen de la Corte sobre ese tipo de registro que genera una discriminación y que el fin constitucional del sistema penitenciario es la rehabilitación social. Considera que para que una propuesta así pase, la Corte Constitucional debería separarse de ese precedente o mostrar por qué las enmiendas propuestas son distintas.
