Crece la presión sobre la Asamblea Nacional por el alto número de demandas contra tres leyes
Por Orlando Silva
El acelerado ritmo con el que la Asamblea Nacional ha aprobado varias leyes en los primeros meses del Gobierno de Daniel Noboa ya genera consecuencias jurídicas. Hasta el 9 de julio de 2025, la Corte Constitucional registra 18 demandas de inconstitucionalidad contra tres normativas: la Ley de Integridad Pública, la Ley de Solidaridad Nacional y la Ley de Seguridad Integral.
Las impugnaciones provienen de diversos frentes: organizaciones sindicales, gremios académicos, colectivos sociales y expertos en derecho constitucional. En sus argumentos, denuncian errores de fondo y de forma que comprometen principios como la progresividad tributaria, la unidad de materia y la autonomía universitaria.
El contexto legislativo muestra una acumulación de reformas bajo procedimientos exprés. Dos de las tres leyes cuestionadas se tramitaron con carácter de económico urgente, lo que limita el tiempo para el análisis técnico y restringe la posibilidad de una discusión amplia.
A pesar de su impacto estructural, ninguna pasó por consultas a los sectores involucrados.
Una Asamblea Nacional sin autonomía ni debate plural, según analistas
Sofía Guerrero, analista política, observa que el Legislativo actúa como una extensión del Ejecutivo y no como un espacio autónomo de deliberación. Las leyes se aprueban sin mayor discusión y sin consultar a los sectores involucrados, lo que refleja una falta de rigor técnico.
Para Guerrero, el uso recurrente de la figura de “urgencia económica” responde más a necesidades políticas del Gobierno que a emergencias reales.
Guerrero advierte que esta forma de legislar ya genera un costo político. La ciudadanía percibe que las normas se imponen sin legitimidad, lo que debilita el vínculo entre el Estado y la sociedad. Esto, según dice, puede derivar en protestas, desconfianza y pérdida de capital político para el régimen.
La analista también destaca que el malestar social, organizaciones de trabajadores públicos, estudiantes y colectivos de derechos han convocado movilizaciones, exigiendo a la Corte que frene la aplicación de las leyes cuestionadas
🔵Entérate | Tribunales de Admisión de la Corte Constitucional conocen demandas públicas de inconstitucionalidad sobre la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional.
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— Corte Constitucional (@CorteConstEcu) July 4, 2025
La Corte Constitucional frente a un dilema institucional
El abogado constitucionalista, Edison Guarango, señala que, en el caso de la Ley de Solidaridad Nacional, existen artículos que podrían salvarse mediante interpretaciones o ajustes técnicos. Sin embargo, considera que la Ley de Integridad Pública enfrenta mayores riesgos por violaciones claras al procedimiento legislativo y al contenido constitucional.
Guarango identifica una ruptura del principio de unidad de materia. Explica que esta norma incluyó reformas sobre adolescentes infractores, contratación pública, movilidad humana y cooperativas, muchas de las cuales no fueron debatidas en ambas instancias legislativas.
Eso, según aclara, vuelve insubsanable el error de forma y podría llevar a la Corte a declarar su inconstitucionalidad.
Ley de Solidaridad limita beneficios penitenciarios https://t.co/KXE14L6dfd pic.twitter.com/doe4l2BZcY
— El Comercio (@elcomerciocom) June 20, 2025
En su análisis, la Ley de Integridad Pública no solo presenta fallas en el procedimiento, sino que también incorpora disposiciones que contradicen mandatos constitucionales. Menciona el tratamiento de las cooperativas bajo la lógica del sistema financiero tradicional, lo que ignora su naturaleza no lucrativa y solidaria. Esta omisión compromete el marco jurídico que protege la economía popular.
Riesgos para la seguridad jurídica y la democracia
Guarango advierte que saltarse los procedimientos ordinarios para aprobar leyes afecta directamente el principio de legalidad. A su criterio, la seguridad jurídica se basa en normas claras, estables y coherentes. Cuando el Legislativo actúa con premura y sin respetar los procedimientos, genera incertidumbre y caos normativo.
También explica que la Corte debe actuar con prudencia. Puede recurrir a mecanismos como interpretaciones condicionadas o sentencias aditivas, antes de declarar la inconstitucionalidad total de una ley. Sin embargo, si los errores son de fondo y forma, como en la Ley de Integridad Pública, el único camino sería su anulación.
Esto lo establece la Ley de Integridad Pública 👇https://t.co/8Mr7kK3iLV pic.twitter.com/HnwE0MMZnr
— El Comercio (@elcomerciocom) July 4, 2025
En este escenario, Guarango sostiene que el rol de la Corte es clave para frenar excesos legislativos y proteger el orden constitucional. Pero también alerta que, si el máximo tribunal invalida estas normas, podría enfrentar acusaciones políticas de sabotear reformas necesarias.
Esto colocaría a la Corte en una posición incómoda entre la legalidad y la estabilidad institucional.
Normas hechas para el momento
Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo, afirma que el problema no se limita a la falta de calidad técnica. Desde su punto de vista, el Gobierno y su bloque legislativo han optado por una estrategia deliberada: aprovechar su mayoría coyuntural para aprobar leyes rápidas, abarcativas y de efecto inmediato.
Celi sostiene que estas normas tienen nombres que buscan generar respaldo ciudadano, como “Ley de Solidaridad” o “Ley de Inteligencia”, pero en su contenido esconden riesgos. Enumera, por ejemplo, que la Ley de Inteligencia permite una interpretación discrecional de lo que es una amenaza al Estado, lo cual puede vulnerar derechos fundamentales como la privacidad y el debido proceso.
Para Celi, el objetivo del Ejecutivo no es resolver problemas estructurales, sino consolidar instrumentos de poder. Según dice, las leyes se diseñan para mostrar eficacia a corto plazo, aun si luego son anuladas por la Corte. Mientras tanto, esas normas se utilizan como base para decisiones administrativas o judiciales que ya afectan a la ciudadanía.
Celi señala que, más allá de las observaciones sobre las leyes aprobadas, la Asamblea Nacional realiza un trabajo interesante. Habló también el desempeño de las comisiones, aunque considera que aún falta articular mejor el trabajo con la academia, la prensa y otras instituciones.
¿Cómo corregir el rumbo? Propuestas desde el Observatorio Legislativo
Celi plantea una serie de reformas para mejorar la calidad legislativa. Propone fortalecer la carrera parlamentaria, reducir la cuota política en los equipos de asesores y establecer concursos públicos para el ingreso de personal técnico. También sugiere regular el transfuguismo político y garantizar mayor transparencia en el trabajo de las comisiones.
Además, plantea que los proyectos de ley deberían emanar de las bancadas, no de legisladores individuales, para fomentar el debate interno.
Lo del asambleísta #Dominique Serrano evidencia algo más profundo: partidos sin criterios para elegir candidatos, sin democracia interna ni formación política. La @AsambleaEcuador tiene la oportunidad de legislar y evitar que esta historia se repita.
— Roger Celi Pérez (@RogerCeli1) July 3, 2025
Según Celi, el Parlamento necesita una agenda rigurosa, articulación con la academia y mecanismos de seguimiento a las leyes aprobadas. De lo contrario, seguirán aprobándose normas que nacen frágiles, se tramitan sin discusión y terminan en los tribunales por su baja calidad jurídica.
En su opinión, sin un esqueleto técnico sólido, el trabajo legislativo seguirá dependiendo de decisiones políticas coyunturales, sin garantizar calidad ni sostenibilidad normativa.
Ecuatorianos marcharán en la capital del país contra Ley de Integridad Pública
Diversos sectores de la sociedad ecuatoriana se movilizarán este miércoles en la capital del país contra la Ley de Integridad Pública, destacando que la iniciativa pone en riesgo a la Salud Pública y los puestos de trabajo de más de 635 mil servidores públicos, abriendo la puerta a despidos arbitrarios y perjudicando a los usuarios.
La norma promovida por el Gobierno de Daniel Noboa sumó el martes una nueva demanda de inconstitucionalidad, que ya acumula 20 querellas similares.
La ley ha generado fuerte rechazo por parte de sindicatos, estudiantes, juristas y ciudadanos, que denuncian retrocesos de derechos con esa y otras medidas aprobadas recientemente por el Parlamento ecuatoriano.
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📅 Miércoles 16 de julio
🕚 11h00
📍 Parque El Arbolito,Quito🚨 La Ley Orgánica de Integridad Pública pone en riesgo la salud de todos:
🥼Quita estabilidad a más de 635k servidores,abriendo la puerta a despidos arbitrarios y perjudicando a los usuarios. pic.twitter.com/lMJ8GsNceX— Colectivo Reacción Ecuador (@Reaccion_Ec) July 14, 2025
Quienes se oponen a la Ley de Integridad Pública señalan que la norma establece reformas en la función judicial, cambios en la contratación pública, endurece penas para adolescentes para que sean juzgados como adultos.
La Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl), presentó en la víspera una nueva demanda de inconstitucionalidad.
📣 ¡Presentamos la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Integridad Pública!
Desde la CEOSL, junto a organizaciones de trabajadores del sector público, exigimos que se respete la Constitución y los derechos laborales.🗣️ "La ley de solidaridad, la ley de integridad y… pic.twitter.com/VmHHDL4oWy
— CEOSL (@prensaceosl) July 15, 2025
El rechazo a ciertos articulados de la Ley de Integridad Pública, vigente desde el 26 de junio, no se quedó únicamente en las demandas que se están presentando desde varios frentes, sino que se amplió a movilizaciones convocadas por sectores que se ven afectados por la normativa.
Sindicatos y organizaciones docentes marcharon el pasado 11 de julio frente a la Corte Constitucional para protestar contra la Ley de Integridad Pública.
