Sube a 427 la cifra de detenidos muertos en El Salvador durante el estado de excepción
El alarmante incremento de muertes de prisioneros en las cárceles de El Salvador, que ha alcanzado la cifra de 427, ocurre en un contexto de estado de excepción que ha facilitado detenciones masivas, enfocándose principalmente en supuestos miembros de grupos pandilleros.
A pesar de que muchos reclusos no tienen vínculos con organizaciones criminales, la cifra de fallecimientos en los centros penitenciarios ha continuado en aumento desde marzo de 2022.
Este alarmante fenómeno fue reportado por la organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario (SJH), la cual también abordó las lagunas legales que rodean estas detenciones, subrayando que se trata de individuos procesados sin una condena formal.
#URGENTE
Lamentamos informar que la cifra de muertes en #CentrosPenales sube a 427. Personas procesadas-NO CONDENADAS que murieron sin derecho a una segunda audiencia. La última muerte se reporta procedente del del penal de IZALCO. #JusticiaParaLosINOCENTES pic.twitter.com/syqcafswps— Socorro Jurídico Humanitario (@SJHumanitario) July 14, 2025
Precisamente, la falta de sentencia se debe a una ley aprobada por la Asamblea Legislativa, que da lugar al desarrollo de procesos penales colectivos y masivos para grupos pandilleros. Sin embargo, es importante destacar que hasta el momento no se ha registrado ninguna condena basada en este tipo de proceso.
La pregunta que surge es si existen alternativas para contrarrestar la detención y deportación arbitrarias, pero el panorama actual no ofrece soluciones que beneficien a los afectados. En primer lugar, el 94 porciento de las personas fallecidas «no presentaban perfil de pandilleros´´, lo que plantea serias preocupaciones sobre el uso excesivo de la fuerza.
Además, se advirtió que el número de muertes bajo custodia del Estado «podría superar los 1,000´´, pero se está ocultando información por parte del Gobierno.
El segundo aspecto a considerar es que, bajo un régimen de excepción implementado cautelosamente para disponer de mano de obra barata y señalar arbitrariamente a quienes el gobierno determine, se suspenden las garantías constitucionales. Hasta la fecha, se han recibido alrededor de 6.400 denuncias de violaciones a los derechos humanos en este contexto, según informes de ONG de todo el mundo.
Comerciante muerto en penal de Mariona tenía múltiples golpes
Por Jorge Beltrán Luna
El muerto número 425 dentro de las cárceles tiene nombre: se llamaba Humberto Adonay Escobar Mónico, de 38 años. Su familia ha denunciado su caso como un homicidio ante la Fiscalía General de la República (FGR) y ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y pide que se investigue una posible tortura en prisión.
El pasado 22 de mayo, Humberto fue capturado junto a su esposa, tras ingresar de Guatemala con cosméticos por valor de 900 dólares. Ambos mostraron un recibo de sus compras, pero eso no pareció suficiente a las autoridades, quienes los capturaron por contrabando de mercadería. Lo anterior es lo que afirma la familia del fallecido, que pidió no ser identificado por temor. Cuando murió, tenía 47 días de haber ingresado al sistema penitenciario.
El 27 de mayo anterior, en el Juzgado de Paz de Candelaria de la Frontera, Santa Ana, les realizaron la audiencia inicial. A pesar de que, según la familia, el mismo juez dijo en la audiencia que era un delito menor, los envió a prisión por no tener arraigo domiciliar. Humberto y su pareja vivían en la casa de su padre, en un distrito de San Salvador.
La familia de Humberto logró pagarle a un abogado particular; además sus familiares hicieron todo lo posible por demostrar que la pareja no eran delincuentes, y que los 900 dólares en cosméticos era parte de un emprendimiento que ambos estaban realizando. Estos esfuerzos dieron resultados, pues lograron que el Juzgado Primero de Instrucción de Santa Ana programara una audiencia especial en la que supuestamente, tras una fianza, tanto Humberto como su pareja, recobrarían su libertad.
La audiencia para Humberto fue programada para el 9 de julio anterior. Pero resultó una fecha tardía, pues ese día lo enterraron en un cementerio público de San Salvador. Según familiares, la pareja de él, encarcelada en Apanteos, no lo sabe
La muerte de Humberto fue reportada la semana anterior por la organización de derechos humanos Socorro Jurídico Humanitario (SJH), que después de ese caso ha sumado otros dos, con lo que la cantidad de reos muertos durante el régimen de excepción subió a 427.
Un homicidio no registrado
Oficialmente, la muerte de Humberto fue registrada a las 23:35 (11:30 pm) del 6 de julio. El documento entregado a la familia por parte del Instituto de Medicina Legal (IML) consigna esa hora; y como causa de muerte, un edema pulmonar, es decir, acumulación de líquidos en los pulmones.
427 personas capturadas desde el 27 de marzo del 2022 han muerto mientras estaban bajo la responsabilidad del Estado, en diversas prisiones. La mayoría no tenía vínculos con pandillas. Según Socorro Jurídico Humanitario, la cifra de muertes podría ser mucho mayor.
Pero la familia asegura que Humberto murió antes del mediodía, aproximadamente a las 10:00 de la mañana, pues fue aproximadamente a esa hora que lo sacaron del sector 6 del penal de Mariona hacia el hospital Zacamil, de Mejicanos. Pero igual que ha pasado con muchos casos, los reos ya no son atendidos por médicos porque llegan muertos. Luego notifican a Medicina Legal ya la Fiscalía para que hagan el reconocimiento legal.
Sin embargo, en muchos casos, según diversos testimonios que ha obtenido El Diario de Hoy, en realidad a los reos ya los sacan muertos de los penales y hacen el simulacro de que los llevan de emergencia; de esa manera evitan que los reconocimientos forenses se hagan dentro de los presidios.
A la familia de Humberto le avisaron hasta las 10:00 am del domingo 7 de julio. Una mujer se comunicó con el padre para indicarle que su hijo había muerto y que debía ir a reconocer el cuerpo y retirarlo a Medicina Legal de San Salvador. Al llegar le dijeron que se trataba de muerte natural.
Humberto padecía de diabetes y urticaria, pero cuando fue capturado tenía esas enfermedades controladas y en el centro penal le daban sus medicinas, según ha investigado la familia, por lo que su muerte les parece sospechosa.
Una vez que les entregaron el cadáver, y al proceder a revisarlo, sus sospechas fueron confirmadas: a simple vista observaron que presentaba escoriaciones (raspones) en la nariz con moretones y también un golpe en la parte derecha del tórax, con una deformación y hundimiento y otra parte abultada así como un hematoma (moretón) de unos diez centímetros de largo por cuatro de ancho.
En la PDDH, la familia ha pedido que se investigue el caso como homicidio agravado “y por las violaciones a derechos humanos consistentes en tortura y actos inhumanos crueles y degradantes así como muerte extrajudicial”, según indicó un familiar. En la denuncia se ha dejado como sospechosos al Ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, al director de Centros Penales, Osiris Luna Meza, al director del Centro Penal La Esperanza (Mariona), ya los custodios que estuvieron de turno en el sector 6, entre el 4 y 6 de julio de este año.
En la Fiscalía también han denunciado el caso. Allí les dijeron que ya tenían abierto un expediente, aunque la muerte de Humberto no fue consignada como homicidio en las estadísticas diarias de la Policía Nacional Civil.
“Los jueces irresponsables no deberían de estar mandando a gente por delitos de poca monta, delitos comunes, a ese sistema penal que está saturado… ¿Cómo es que mandan a la gente a morir ahí? Es horrible”, se quejó una familiar de Humberto.
Madres de estudiantes detenidos por caso “La Raza” denuncian falta de información sobre proceso judicial
Por Claudia Espinoza
Madres de estudiantes y ex estudiantes del INFRAMEN, INTI, Albert Camus y Acción Cívica Militar llegaron la mañana de este lunes 14 de julio a las bartolinas policiales conocidas como “El Penalito”, en San Salvador, para conocer la situación de sus hijos, que fueron enviados a detención provisional el pasado 11 de julio.
Hablaron con LA PRENSA GRÁFICA sobre la preocupación que sienten ahora que sus hijos serán trasladados a diferentes centros penitenciarios y la falta de información sobre el proceso judicial que enfrentan. Dijeron que han encontrado varias irregularidades desde que las capturas y algunas opinaron, bajo el anonimato, ya que temen por su seguridad y la de sus familias.
Yo iré a la Procuraduría General de la República a preguntar qué pasó en la audiencia, porque no me han dicho nada. Solo sé que los mandaron a detención, pero no sé para dónde enviarán a mi hija ni cuáles son las pruebas que tienen para decir que sí ha cometido los delitos”, dijo una de las madres.
Otra dijo que desde antes que comenzara la audiencia ya les habían dado el veredicto.
“Estuvimos el viernes aquí (El Penalito) desde temprano y ni siquiera había empezado la audiencia cuando le dijeron a dos mamás que sus hijos quedaban presos para 6 meses”, denunció otra.
Ellas aseguran que solo sabían que sería la audiencia y que se supone que iban a trasladar a los jóvenes a los tribunales, pero no fue así. Tampoco saben de qué trató la audiencia, ya que los jóvenes estuvieron de manera virtual.
Los cipotes se enteraron que quedaron detenidos para seis meses porque un abogado privado les avisó cuando le dijo a su cliente, de lo contrario no supieran”, aseveró otra madre.
Mientras las madres platicaban, otras hicieron una fila para pagar los tres tiempos de comida en el único comedor que está autorizado a venderla para los detenidos y el kit de limpieza, que es el único que permite entrar a las bartolinas. Son alrededor de 30 madres las que llegaron en la zona de El Penalito para intentar saber de la situación de los detenidos.
¿Sabe cuál es el miedo de nosotras? Que a las mujeres les pase algo allá adentro. Dicen que salen embarazadas y llevan años sin pareja, o a los presos que matan. He conocido el caso de una mamá que le mataron al hijo, casi le sacaron el ojo y tenía las suelas de las botas marcadas en el pecho, pero en el informe de la autopsia sale que fue edema pulmonar y era obvio que no era eso”, dice una madre.
Agregó que a la familia le contaron que el fallecido había tenido una “riña” con otros reos. Tenía 19 años.
Se llevaron objetos de valor
Entre ellas también andaba una abuela que llegó a pagar la comida para su nieta, una estudiante que había sido becada por la universidad en la que estudiaba. Ella asegura que cuando se llevaron a su nieta capturada hasta se llevaron un Play Station 4. Dice que no sabe de qué prueba serviría eso en el caso que investigan a su nieta.
“Había cuatro policías dentro de la casa y cuatro afuera, se llevaron la computadora de mi nieta, sus cámaras, el teléfono y la Play. Yo no estaba preocupada porque ella (nieta) haya cometido alguna falta, pero la preocupación es que como a una no le dan información, hay miedo. Y como yo misma les dije a los agentes, que cómo me aseguraban de que ellos sí eran policías. Fácilmente puede venir uno vestido de policía y se lleva a mi nieta, porque yo no confío en nadie”, aseveró la señora.
Las madres indicaron que “ahora ya no hay miedo a las pandillas, sino que al gobierno. Cada vez que miro un policía yo siento que tiemblo o que va a pasar algo”.
“Había policías que le escribían a mi hijo y le decían ‘danos a conocer la nueva flota’ y él no sabía de qué le hablaban. Llegaban a la casa y tomaban fotos. Él ya sentía como un delirio de persecución, eso fue como un mes antes de que lo capturaran”, denunció.
Es terrible la situación porque son estudiantes. Todos cometemos errores y todos fuimos jóvenes. Les truncaron todo, se iba a graduar y ya perdieron el año”, dijo otra de las mamás.
