En el Perú el Estado obliga a niñas y adolescentes a parir
Por María Jesús León*
En el Perú, miles de niñas y adolescentes son forzadas a convertirse en madres por la indiferencia del Estado y el avance de sectores ultraconservadores que hoy controlan el Congreso. Cada día, al menos 3 niñas entre 10 y 14 años dan a luz, y 133 adolescentes entre 15 y 19 años se convierten en madres. Solo en la última década (2014-2024), más de 530 mil adolescentes entre 15 y 19 años dieron a luz. En ese mismo periodo, se registraron más de 12 mil nacimientos en niñas de entre 11 y 14 años, y 72 partos en niñas menores de 11 años . Estas cifras reflejan una grave vulneración de derechos sexuales y reproductivos y la ausencia de políticas públicas efectivas que aborden el embarazo infantil y adolescente desde un enfoque de derechos y justicia social.
Esta situación tiene también un componente legal que no puede ser ignorado. Según el Código Penal peruano, todo embarazo en niñas menores de 14 años es, por definición, producto de una violación sexual. No obstante, cifras oficiales revelan que cerca de la mitad de los partos en adolescentes de 15 años podrían haber sido concebidos cuando aún eran menores de 15, lo que implica que muchos de estos casos también deberían ser tratados como violaciones. A pesar de ello, cuando una niña acude a un establecimiento de salud público, el sistema no responde como debería. No se activan los protocolos que garantizan su protección, no se reconoce su condición de víctima de violencia, y en lugar de informarle sobre su derecho al aborto terapéutico, es tratada como una mujer adulta y derivada automáticamente a un programa prenatal. Este trato institucional normaliza la violencia y niega el acceso a decisiones sobre su cuerpo y su vida.
Pero esta desprotección institucional no se limita a las niñas menores de 14 años. Que una adolescente se convierta en madre no puede asumirse como una elección libre y plena.
Muchos de los embarazos en adolescentes mayores de 15 años también ocurren en contextos marcados por la violencia sexual, frecuentemente perpetrada por personas de su entorno familiar. En otros casos, son resultado de relaciones desiguales, coerción, ausencia de educación sexual integral y falta de acceso a métodos anticonceptivos. La maternidad adolescente, en este escenario, no es una decisión autónoma, sino la expresión de múltiples violencias y exclusiones que el Estado permite e ignora.
Estas violencias se agravan y profundizan por la desigualdad territorial, económica y étnica que atraviesa a nuestro país. Los mayores porcentajes de embarazo adolescente se registran en las zonas rurales, en la selva y entre las adolescentes del quintil más pobre.
Esto evidencia que en el Perú, ser niña o adolescente pobre, rural e indígena aumenta exponencialmente la posibilidad de quedar embarazada, vivir violencia sexual, exclusión del sistema de salud y abandono estatal.
Políticas públicas vacías o bloqueadas
Desde 2019, el Perú cuenta con la Política Nacional de Igualdad de Género, que incluye como objetivo prioritario garantizar el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, su implementación es deficiente y está siendo desmontada por un Congreso conservador y un gobierno cómplice. Paradójicamente, bajo el mandato de Dina Boluarte, primera mujer presidenta del país, los retrocesos han sido alarmantes. Su gobierno ha avalado discursos machistas y racistas, como comparar a madres aymaras con animales o justificar la violencia sexual como “práctica cultural”, mientras 67 personas fueron asesinadas durante protestas sociales.
En este contexto, la ofensiva legislativa contra los derechos sexuales y reproductivos se ha intensificado. En 2024, el Congreso promovió una ley para eliminar la Educación Sexual Integral (ESI) del currículo escolar y sustituirla por una supuesta “educación sexual científica, biológica y ética”, que niega el enfoque de género y reproduce estigmas. También se propuso eliminar 22 libros escolares que mencionaban derechos sexuales o el conflicto armado.
Por si fuera poco, en abril de este año, el Congreso aprobó una ley que restringe el acceso de personas trans a baños públicos según su identidad de género, bajo el hipócrita pretexto de “proteger” a menores. Mientras tanto, no se ha hecho nada para prevenir el embarazo infantil ni para proteger a niñas víctimas de violación sexual.
El aborto terapéutico: el derecho más vulnerado
La ofensiva conservadora no solo impide el acceso a información y educación para prevenir el embarazo adolescente e infantil, sino que también bloquea las alternativas que deberían estar disponibles para niñas y adolescentes que ya se encuentran en estado de gestación, muchas veces como consecuencia de violencia sexual.
Uno de los derechos más golpeados por este retroceso es el aborto terapéutico, legal en el Perú desde 1924 —cuando la vida o salud de la gestante está en riesgo— y recién reglamentado en 2014. Si bien la aplicación de este procedimiento es ya de por sí muy limitada, el Congreso ha intensificado las barreras. En 2024, aprobó una ley que otorga derechos al concebido, con el propósito explícito de obstaculizar la posibilidad de interrupción del embarazo, incluso en situaciones extremas como las violaciones sexuales a niñas.
La arremetida continuó con una modificación reciente al protocolo de aborto terapéutico mediante la cual se eliminaron las causales vinculadas a la salud mental que eran utilizadas en la práctica clínica para amparar justificar la interrupción del embarazo en casos de violación. Estas decisiones, sin base científica y cargadas de ideología fundamentalista, institucionalizan la tortura contra niñas y adolescentes y perpetúan el dolor, la pobreza y la desigualdad.
¿Y los avances?
Aunque se han logrado avances importantes, como la prohibición del matrimonio infantil, estos se ven opacados por los retrocesos normativos, el desmantelamiento de políticas de igualdad y la inacción frente a las causas estructurales del embarazo infantil y adolescente: pobreza, estigma, violencia y falta de servicios de salud.
La democracia empieza por el derecho a no ser una niña madre
El acceso a salud sexual y reproductiva pública, gratuita y de calidad, así como a educación sexual integral, laica, con enfoque de género e intercultural, es una obligación del Estado. Solo garantizando estos derechos se puede asegurar que niñas, niños y adolescentes reconozcan la violencia, ejerzan su autonomía y tomen decisiones informadas y libres sobre sus cuerpos. Una niña no debe ser madre y cuando el Estado lo permite está ejerciendo violencia estructural.
Frente a esta realidad, las políticas públicas deben dejar de castigar la autonomía y empezar a proteger la dignidad. Porque hasta que el embarazo infantil y adolescente no sea erradicado, no se podrá hablar de justicia ni de democracia real en el Perú.
Seguiremos luchando hasta que ser niña en el Perú no signifique estar condenada a parir.
*Feminista a la izquierda. Magíster en Gobierno y Políticas Públicas. Consultora e investigadora en derechos sexuales y reproductivos, con enfoque en políticas públicas, género y justicia social
