México en 10 años logró bajar la tasa de fecundidad adolescente: la coordinación como eje fundamental
Por Adriana Aguilar Flores
México es un país multicultural. México son muchos Méxicos. A lo largo de estos últimos diez años hemos observado un cambio importante en nuestro país en el tema de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, particularmente con el tema de embarazo adolescente. Cabe destacar que estos cambios, fueron respaldados con la modificación del Artículo 3 de la Constitutición Política de los Estados Unidos y con la entrada en vigor de la Nueva Escuela Mexicana, puntos primordiales para que personal docente hablará de Educación Integral en Sexualidad y se renociera la perspectiva de género como derecho constitucional.
Lo anterior, implica que el tema del embarazo no solo es un tema de mujeres sino es una corresponsabilidad con los hombres y es necesario abordarlos en forma integral. El embarazo adolescente es un fenómeno multifactorial que pone en riesgo la vida de niñas y adolescentes y limita su bienestar social, autonomía e inspiraciones a nivel personal y afecta el propio desarrollo del país.
Durante 2024-2015, el Gobierno de México[1], se dio a la tarea de evidenciar el embarazo como un asunto de interés público y además, descentralizarlo de las dependencias de salud. Por lo cual, se reunieron varias autoridades de alto nivel de la Secretaría General del Consejo Nacional de Población (CONAPO) y del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES, ahora Secretaría) para revisar las estrategias de abordaje al fenómeno. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México vivían 22.4 millones de adolescentes entre 10 y 19 años de edad.
En enero de 2015, el presidente, el Lic. Enrique Peña Nieto, presentó la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) que tuvo como objetivos: a) reducir en 50 por ciento la tasa de fecundidad de las adolescentes entre 15 y 19 años y b) erradicar el embarazo en niñas de 10 a 14 años. El trabajo al interior de las dependencias era fundamental dado que se creó como un Grupo Interinstitucional para la Prevención de Embarazo Adolescente (GIPEA) que incluía a la academia, organismos internacionales y a las organizaciones de la sociedad civil.
En los primeros tres años, se focalizaron los esfuerzos en las Entidades Federativas para que se reconociera el tema como problemática y se instalarán los Grupos Estatales para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GPEAS) con la finalidad de coordinar los esfuerzos a nivel estado con las autoridades de salud, de educación, de bienestar, etcétera.
Posteriormente, se identificó que aún faltaban esfuerzos a nivel municipal y se comenzaron a instalar en los municipios con mayor desigualdad. El país iba avanzando en los esfuerzos a nivel federal, estatal y municipal, sin embargo aún había una problemática que se había identificado el embarazo infantil en todo el país.
El país tuvo un cambio de gobierno y se dio continuidad contundente con el Décalogo de compromisos por parte de la Secretaria de Gobernación Olga Sanchéz Cordero[2] al tema en 2019, además se realizó una evaluación por un un organismo internacional EUROSoscial que permitió identificar dos poblaciones: las niñas de 10 a 14 años y mujeres adolescentes de 15 a 19 años, dos poblaciones que se habían identificado al inicio de la ENAPEA pero que las accciones no se visualizaban de forma nítida. Asimismo, se identificó que la violencia sexual en las menores era un eje que se tendría que considerar así como la corresponsabilidad de los varones en el embarazo adolescentes.
Los avances de 2015 a 2019 eran significativos pero aún era necesario la coordinación interinstitucional e intersectorial de cada dependencia. La pandemia llegó y los esfuerzos que se habían realizado se vieron tambaleandose pero las dependencias del GIPEA seguían firmes para llegar a los objetivos de la ENAPEA.
Y por ello, en 2024, se logró tener 50 nacimientos por cada mil adolescentes, es decir, había bajado de manera significativa por los esfuerzos del Gobierno de México. Sin embargo, al día de hoy no hay un rumbo claro de la Estrategia y es necesario retomar los estudios que se han generado en torno al tema desde los diferentes espacios, porque sino lo hace el gobierno puede correr el riesgo de volver a comenzar como en 2015. Cabe destacar que México abrió la ruta para que otros países de América Latina establecieran sus metas a corto y largo plazo, por ejemplo, Perú, Argentina, Panamá y Uruguay, que intercambiaron experiencias a nivel regional para avanzar en la problemática.
[1] Para mayor referencia. Revise: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/232826/ENAPEA_0215.pdf
[2] https://www.gob.mx/segob/prensa/necesario-que-todas-las-instituciones-del-estado-mexicano-impulsen-la-enapea-secretaria-olga-sanchez-cordero
*Adriana Aguilar Flores, ex funcionaria del Instituto Nacional de las Mujeres (ahora, Secretaría de las Mujeres, México), especialista en Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos.
