Ley de Amnistía beneficiará a alrededor de 900 militares y policías que cometieron delitos en años de terrorismo
Por Jackeline Cárdenas
Al menos, 900 militares y policías que asesinaron, torturaron y desaparecieron a personas durante su participación en el conflicto armado interno podrían librarse de las denuncias y sentencias en su contra tras la aprobación de la Ley de Amnistía, según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).
El pasado 9 de julio, la Comisión Permanente del Congreso aprobó en segunda votación la norma con 16 votos a favor y 11 en contra. Las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Renovación Popular fueron decisivas en este resultado.
Entre los favorecidos con la ley se encuentran los condenados y prófugos Wilfredo Mori Orzo (caso Accomarca); José Valdivia Dueñas (caso Cayara), Hugo Martínez Aloja (caso Chuschi) y Gabilondo García del Barco (caso Pucayacu), así como el acusado Jesús Zamudio Aliaga (masacre de Pichari), entre otros militares y miembros de la Marina, detalló Gloria Cano, directora de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh).
La norma también incluye una amnistía de carácter humanitario para los militares y policías con sentencias firmes o que se encuentren en trámite, que tienen más de 70 años de edad.
Los sentenciados por el caso La Cantuta, Santiago Martín Rivas (68) y Vladimiro Montesinos (80), podrían solicitar acogerse a este beneficio en los próximos años. Lo mismo ocurre con Daniel Urresti, quien cumplirá 70 años en 2026 y fue condenado a 12 años por el asesinato del periodista Hugo Bustíos.
Jorge Montoya Manrique, congresista de Honor y Democracia y autor de la propuesta de ley, ha asegurado en redes sociales que la amnistía “no está hecha para beneficiar a ningún sentenciado por delitos con pruebas fehacientes”.
Sin embargo, el texto aprobado señala expresamente la “amnistía de carácter humanitario” para mayores de 70 años “con sentencia firme con calidad de cosa juzgada o se encuentren en trámite de ejecución de sentencia, con pena privativa de libertad efectiva o suspendida”.
En opinión de Aprodeh, acudir al Tribunal Constitucional no es una opción, pues consideran que sus miembros mantienen un “pacto” con el Congreso de la República y, por tanto, su decisión estaría alineada a los intereses del Legislativo.
Tania Pariona Tarqui, secretaria ejecutiva de la CNDDHH, explicó que, ante la violación de los derechos de las víctimas y de los compromisos internacionales que mantiene el Estado peruano, solicitarán a los jueces y fiscales que inapliquen la ley, a través del control difuso.
Pariona Tarqui sostiene que existe un intento de cerrar cualquier caso relacionado a la época del conflicto armado y la memoria. Esta narrativa, advirtió, podría dejar impunes los casos de los asesinados durante las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte.
“No es gratuito que haya intentos de capturar la institucionalidad de la justicia. Y esto, claramente, va a cerrar cualquier proceso que venga de la época del conflicto armado, pero que también se podría proyectar a los últimos hechos, como el de las protestas de 2022-2023”, dijo a OjoPúblico.
Diego García Sayán, expresidente de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), por su parte, dijo confiar en que los jueces «independientes» de Perú no aplicarán la norma porque, de hacerlo, adquirirán responsabilidad política y jurídica.
“Lo que se ha aprobado, a la mala, en el Congreso es algo que no tiene precedentes en América Latina. Perú está rompiendo todos los récords de atropellos a estándares y principios internacionales y constitucionales”, lamentó García Sayán.