Gobierno de Dina Boluarte se rehúsa a cumplir con demanda de CIDH por ley de Amnistía: «No puede imponer acciones»
Por Ariadna Yaya
El Gobierno de Dina Boluarte, mediante un comunicado oficial del Ministerio de Justicia, se rehúsa a cumplir con la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que exige suspender de inmediato el trámite del proyecto ley de amnistía para integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que vienen siendo investigados por cometer presuntos delitos de violación de derechos humanos en el marco de la lucha contre el terrorismo entre 1980 y 2000.
En su pronunciamiento, el Ministerio de Justicia expresó un «enérgico rechazo» a las disposiciones de la Corte IDH. Además, indicó que la decisión vulnera la soberanía nacional y contraviene el principio de subsidiariedad del sistema interamericano. Según el Gobierno, no existe base legal para que un órgano internacional intervenga sobre un proyecto que aún no ha sido aprobado. Insistió en que corresponde únicamente al Estado evaluar este tipo de iniciativas.
«El Estado peruano expresa su enérgico rechazo a las reiteradas disposiciones de la Corte que contravienen el derecho internacional, pues no se desprenden de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (…) La Corte no puede sustituir a las autoridades nacionales (o imponerle acciones) sobre una materia que no ha sido conocida en sede interna, afectando no solo la soberanía del Perú sino debilitando el propio Sistema», se lee.
A pesar de su desacuerdo, el Ejecutivo confirmó que participará en la audiencia pública convocada por la Corte IDH para el 21 de agosto. En ella, los agentes del Estado peruano expondrán sus argumentos jurídicos. Sin embargo, el tono del comunicado sugiere que el Gobierno insistirá en desconocer la autoridad del tribunal si considera que esta afecta su capacidad de decisión interna.
La resolución mencionada en el comunicado fue emitida el pasado 24 de julio por la Corte IDH en el marco de la supervisión de las sentencias de los casos ‘Barrios Altos’ y ‘La Cantuta’. En el documento se exige que se suspenda el trámite de la ley y que no sea aplicada en caso sea aprobada. La Corte advierte que el proyecto de ley podría contradecir las obligaciones internacionales asumidas por el país, al interferir en el derecho de justicia de las víctima
CIDH alerta que ley de amnistía favorece la impunidad
La Corte IDH alertó que el proyecto de ley, impulsado por congresistas, como el fujimorista Fernando Rospigliosi, quien horas antes del comunicado del Minjus fue elegido como segundo vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso, favorece a la impunidad de militares y policías que vienen siendo investigados por cometer presuntos delitos de lesa humanidad durante el conflicto armado interno. La medida responde a una solicitud de la representación de víctimas, que advirtió que la norma podría afectar su derecho a la justicia.
La Corte también alertó que, de aprobarse la ley, esta no debe aplicarse. El tribunal internacional recordó que el Perú está obligado a garantizar que no se adopten leyes contrarias a lo dispuesto por sus sentencias.
El proyecto de ley de amnistía fue aprobado el 10 de julio en la Comisión Permanente, en segunda votación. El Ejecutivo deberá pronunciarse en un plazo de 15 días hábiles con observaciones o promulgarla.
Corte IDH exige al Perú frenar ley de amnistía a militares por violaciones a derechos humanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) exigió al Estado peruano la suspensión inmediata del trámite legislativo del proyecto de ley que propone conceder amnistía a militares, policías y miembros de comités de autodefensa procesados por violaciones de derechos humanos cometidas entre 1980 y 2000.
El requerimiento fue emitido en el marco de los procesos supervisados por la Corte en los emblemáticos casos Barrios Altos y La Cantuta, cuyas sentencias condenatorias establecieron la responsabilidad del Estado peruano por ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas durante el conflicto armado interno.
Una ley en cuestión
La solicitud de la Corte IDH se dirige directamente al proyecto de ley 7549/2023-CR, aprobado en segunda votación por la Comisión Permanente del Congreso el pasado 9 de julio. La iniciativa, promovida por el congresista Jorge Montoya —retirado almirante y exjefe de las Fuerzas Armadas—, busca amnistiar a efectivos de las fuerzas del orden y civiles implicados en crímenes de lesa humanidad durante las décadas de violencia política en el país.
La propuesta fue respaldada por las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Podemos Perú y Honor y Democracia, a pesar de las advertencias de organismos nacionales e internacionales sobre su incompatibilidad con los estándares del derecho internacional de los derechos humanos.
Observaciones de la Corte IDH
El tribunal con sede en San José, Costa Rica, advirtió que el proyecto vulneraría directamente el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), ambos crímenes cometidos durante el gobierno de Alberto Fujimori y ejecutados por el grupo paramilitar Colina.
La Corte indicó que, de promulgarse la ley sin atender sus observaciones, el Estado peruano estaría incurriendo en un incumplimiento de las medidas provisionales vigentes en esos casos. Por ello, exigió que la iniciativa legislativa no continúe su trámite y que, en caso de ser promulgada, las autoridades se abstengan de aplicarla hasta que se evalúe su impacto legal en los procesos supervisados por el sistema interamericano.
Asimismo, la Corte IDH convocó a una audiencia pública para el próximo 21 de agosto, en la que participarán representantes del Estado, las víctimas de los casos mencionados y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Opinión de expertos de la ONU
De forma paralela, un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU expresó su preocupación por la aprobación del proyecto de ley, al considerar que viola normas internacionales y contradice los compromisos asumidos por el Perú en materia de justicia y reparación.
En un pronunciamiento difundido esta semana, los especialistas recordaron que el derecho internacional prohíbe expresamente el uso de amnistías o indultos para crímenes de guerra, lesa humanidad o violaciones graves de derechos humanos. Alertaron, además, que si la ley entra en vigencia, afectaría más de 150 sentencias firmes y 600 procesos judiciales en curso.
“El proyecto impediría el procesamiento y sanción de personas responsables de graves violaciones durante el conflicto armado interno, lo que colocaría al Perú en una situación de clara inobservancia de sus obligaciones internacionales”, señalaron.
También enfatizaron que esta medida anularía los derechos de las víctimas y sus familias a obtener justicia, verdad y reparación, pilares fundamentales del derecho humanitario y del jus cogens.
Contexto y antecedentes
La iniciativa legislativa fue presentada en 2023 y ha sido objeto de fuerte controversia desde sus primeras etapas. La norma se plantea como una respuesta política desde sectores conservadores del Congreso, que consideran que los procesos judiciales contra militares constituyen una “persecución” y una “criminalización de la defensa nacional” durante los años del conflicto armado interno (1980–2000), principalmente contra Sendero Luminoso.
Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos sostienen que el proyecto busca garantizar impunidad a responsables de delitos graves, muchos de ellos ya condenados en instancias judiciales nacionales e internacionales, incluyendo al expresidente Alberto Fujimori y a su asesor Vladimiro Montesinos.
En el caso Barrios Altos, 15 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente por el Grupo Colina. En La Cantuta, nueve estudiantes y un profesor universitario fueron secuestrados y asesinados en circunstancias similares. Ambos casos motivaron sentencias de la Corte IDH en las que se estableció la responsabilidad del Estado y se ordenó reparación integral a las víctimas.
Reacciones en el plano nacional
Diversos sectores de la sociedad civil han expresado su rechazo a la ley. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) advirtió que se trataría de una “amnistía encubierta” para violadores de derechos humanos. Mientras tanto, colectivos de familiares de víctimas han anunciado movilizaciones y presentaciones de acciones legales en defensa de la memoria histórica.
En paralelo, juristas y exmagistrados han recordado que, según la Constitución Política del Perú y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, las sentencias de la Corte IDH son de cumplimiento obligatorio, por lo que el Estado estaría obligado a acatar la suspensión del trámite legislativo.
El Ejecutivo, hasta el momento, no ha emitido una posición oficial sobre si vetará o no la norma, pese a que la ONU instó al Gobierno peruano a ejercer su prerrogativa constitucional de impedir su promulgación
Lo que está en juego
La discusión sobre esta ley va más allá de una decisión legislativa coyuntural. En el fondo, se confrontan dos visiones sobre el pasado reciente del país: una que busca justicia y memoria para las víctimas, y otra que propone el cierre de procesos judiciales en nombre de la reconciliación.
Sin embargo, el derecho internacional y las normas del sistema interamericano son claros: no puede haber reconciliación sin justicia, y la impunidad en crímenes graves constituye una violación en sí misma.
Próximos pasos
De acuerdo con el calendario de la Corte IDH, la audiencia pública del 21 de agosto será clave para definir si se amplían las medidas provisionales existentes o si se toman nuevas acciones ante la amenaza que representa la ley. La decisión que se adopte podría tener repercusiones en el marco normativo nacional, así como en la relación del Estado peruano con el sistema interamericano.
Mientras tanto, el país se encuentra frente a un nuevo dilema institucional: cumplir con sus obligaciones internacionales o avanzar con una ley que podría consolidar la impunidad de crímenes atroces cometidos durante uno de los capítulos más oscuros de su historia reciente.
Comunidades indígenas protestan contra ley de amnistía en Lima
Los empinados senderos del cerro San Cristóbal, en las cercanías del centro de Lima, recibieron este domingo en peregrinación a unos 200 indígenas de diversas comunidades que en un ritual andino exigieron justicia por los muertos en luchas sociales y rechazaron una ley de amnistía aprobada a inicios de julio que beneficia a sentenciados por violaciones de derechos humanos durante el pasado conflicto armado.
La manifestación en el “Apu Usharu” (nombre ancestral del cerro) tiene lugar un día antes de que Perú conmemore su independencia y el grupo de indígenas emprenda una marcha contra el gobierno de la presidenta, Dina Boluarte, quien dará un discurso a la nación, el último de su gobierno que concluye en 2026.
Chamanes e indígenas suelen subir a realizar ritos en el cerro, considerado un sitio sagrado, pero es la primera vez que los familiares de víctimas lo hacen en demanda de justicia y protección.
Cuernos y caracoles sonaron al unísono en medio de un acto de los manifestantes que lucían ponchos y capas de rojo, el color de la bandera nacional. También hubo danzas andinas mientras lanzaban pétalos alrededor de las fotos de las víctimas. Muchos de los participantes, como Doris Caqui, son familiares de desaparecidos en el conflicto armado interno que afectó la nación andina entre 1980 y 2000.
“Nos han arrebatado la defensa de nuestros seres queridos”, que hemos exigido por 40 años, declaró a The Associated Press, Caqui, viuda de Teófilo Rima, desaparecido en un cuartel militar en 1986.
Explicó que en ese espacio sagrado reclaman por la última ley con la que “quedan libre de polvo y paja” los militares y policías involucrados en crímenes de lesa humanidad.
