Fiscalía investiga a altos mandos por presunta tortura a 24 personas en protestas contra Boluarte
El Ministerio Público, a través del Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales (Eficavip), formalizó una investigación preliminar por presunto delito de tortura contra altos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP), por hechos ocurridos durante la represión de protestas en Apurímac el 9 de febrero de 2023.
De acuerdo con la fiscal provincial Elizabeth Quispe, las detenciones ocurrieron en el sector conocido como Siete Vueltas, a la altura del kilómetro 720 de la carretera en la provincia de Aymaraes. Ahí las víctimas habrían sido reducidas, atadas de manos por varias horas y sometidos a violencia física y psicológica por lo que, según la Fiscalía, hay indicios suficientes para presumir responsabilidad penal de quienes lideraban los operativos.
Entre los investigados figuran el excomandante general de la PNP Raúl Alfaro Alvarado; el exteniente general Jorge Angulo Tejada; el jefe de la región policial Apurímac, Jesús Flores Solís; y otros oficiales y suboficiales: Víctor Sifuentes Yañez, Rodolfo Porfirio Díaz, José Calatayud Chávez, Rolando Taracaya Ccañihua, David Chapa Aquino, Joel Cabrera Paredes y Nobel Inca Andia.
Justicia para víctimas del régimen finalmente avanza
Este caso forma parte del conjunto de investigaciones abiertas tras la brutal represión a nivel nacional entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, en la que se registraron más de 50 personas fallecidas y cientos de heridos por disparos, golpizas y uso indiscriminado de armas de fuego por parte de la Policía Nacional y el Ejército del Perú.
El 4 de julio, Eficavip informó que el 70% de las investigaciones fiscales ya se encuentran en etapa preparatoria, es decir, en la fase en la que los fiscales recogen elementos de convicción suficientes para presentar acusaciones formales ante el Poder Judicial. En total, de las 61 investigaciones en curso, 42 ya tienen hechos concretos, delitos tipificados e imputados identificados.
El equipo fiscal de Lima 1, que también integra Eficavip, ya ha presentado dos acusaciones ante el Poder Judicial, y las audiencias de control correspondientes se programaron para los días 2 y 10 de julio. Estos avances reflejan que varias de las causas ya han superado el umbral preliminar y están camino a juicio.
Estas investigaciones también alcanzan a los miembros del Ejecutivo. En mayo de este año, el Ministerio Público presentó una denuncia constitucional contra Dina Boluarte ante el Congreso por los presuntos delitos de lesiones graves, relacionados con la represión que dejó decenas de muertos y heridos.
La denuncia, elaborada por el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, también alcanza a los ex primeros ministros Pedro Angulo Arana y Alberto Otárola, y a los exministros del Interior y Defensa César Cervantes, Jorge Chávez Cresta, Víctor Rojas y Vicente Romero.
Según la Fiscalía, los hechos investigados ocurrieron en varias regiones: Apurímac, Ayacucho, Ucayali, Cusco, Puno y Lima Metropolitana. En estos lugares, se habría hecho uso desproporcionado y excesivo de la fuerza militar y policial contra ciudadanos que ejercían su derecho a la protesta.
Más investigaciones en curso
En paralelo, el equipo fiscal de Ayacucho alista tres nuevas acusaciones fiscales: El caso Huanta, en el que se reportaron 2 víctimas; el caso Wanchaq-Cusco, con 30 víctimas registradas; y en octubre, por el caso Trujillo, donde se documentaron 38 víctimas.
Estas acusaciones se suman a la ya formalizada investigación contra 27 integrantes del Ejército vinculados a la represión del 15 y 16 de diciembre de 2022 en Huamanga, cerca del aeropuerto Coronel FAP Alfredo Mendívil Duarte.
En el caso de Puno, se investigan también la muerte de Salomón Valenzuela Chua y Sonia Aguilar Quispe en Macusani, los asesinatos de 18 personas y las lesiones de más de 100 en el aeropuerto Inca Manco Cápac de Juliaca, y los hechos de violencia en la avenida Independencia de la misma ciudad, donde están implicados tres policías.
Finalmente, según el reporte, cinco casos aún están en etapa de calificación, mientras que catorce permanecen en investigación preliminar. No obstante, la Organización Nacional de Mártires y Víctimas 2022-2023 y su equipo legal se encuentra pendiente del avance de estas investigaciones, por ello, hace unos días se reunieron con la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, para solicitar nuevos compromisos en torno a estas.
