Human Rights Watch: Congreso y régimen de Boluarte facilitan avance del crimen organizado
El Congreso de la República y el régimen de Dina Boluarte están debilitando gravemente la independencia del sistema judicial y favoreciendo la expansión del crimen organizado en el Perú. Así lo advierte Human Rights Watch (HRW) en su nuevo informe “Legislar para la impunidad: Cómo el Congreso del Perú permite el avance del crimen organizado”.
La organización de derechos humanos documenta cómo entre 2023 y 2024 el Congreso ha impulsado un paquete de normas y decisiones que obstruyen investigaciones fiscales, desprotegen el medioambiente y facilitan la impunidad de redes criminales, entre ellas las vinculadas a la minería ilegal.
“El ataque del Congreso al Estado de derecho ha dejado a millones de peruanos más vulnerables frente al crimen organizado”, señaló Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch.
Estas medidas – muchas respaldadas por el Ejecutivo – han limitado herramientas claves como la colaboración eficaz, han recortado atribuciones de fiscales y jueces, y han blindado a actores involucrados en corrupción y minería ilegal.
Congreso contra la justicia
El estudio se llevó a cabo entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024. HRW entrevistó a 125 personas, incluyendo jueces, fiscales, policías, periodistas y líderes indígenas en Lima, Puerto Maldonado, Pucallpa y Trujillo. También analizó más de 30 leyes y 50 decretos emitidos durante este período.
Después de las investigaciones, la organización llegó a la conclusión de que, con más de la mitad de sus integrantes investigados por corrupción u otros delitos, el Congreso ha promovido reformas que debilitan a las instituciones encargadas de combatir justamente esos crímenes. Entre ellas:
Ley nº 31990: Restricción severa del uso de la colaboración eficaz.
Ley 30077: Cambios en la definición de crimen organizado que excluyen delitos de corrupción.
Ley 32108: Obstáculos a los allanamientos judiciales.
En este sentido HRW afirmó que el Congreso peruano ha debilitado la independencia de instituciones clave como el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y la Junta Nacional de Justicia (JNJ). En 2022, nombró a seis magistrados del Tribunal Constitucional mediante un proceso sin transparencia ni competencia real.
Asimismo, en 2023, el Congreso eligió como defensor del Pueblo a Josué Gutierrez, un excongresista sin experiencia en derechos humanos, quien lideró un cuestionado proceso de elección de la nueva Junta Nacional de Justicia, que hace poco intentó destituir a la actual fiscal de la Nación, Delia Espinoza, para reponer a Patricia Benavides, quien en 2002 fue destituida por ser acusada de crimen organizado.
Además, según el estudio, el mismo Congreso también ha intentado controlar el Ministerio Público. A mayo de 2025, ya había aperturado cinco procesos de destitución contra la fiscal de la Nación e impulsó un proyecto que permitiría suspender a fiscales y jueces con mayoría simple.
Estas medidas, advierte el informe, afectan directamente la capacidad del Estado para desmantelar mafias, identificar vínculos entre el crimen organizado y funcionarios, y proteger a la ciudadanía.
Perú, un país desprotegido
Para Human Rights estas acciones del Congreso son alarmantes debido a la situación de criminalidad que enfrenta el país. Según datos de la Policía Nacional, entre 2018 y 2024 los homicidios crecieron un 137 %. En 2024, más de la mitad fueron cometidos por sicarios. Las extorsiones, especialmente en el transporte, se encuentran en niveles históricos. Las proyecciones para 2025 anticipan un nuevo récord de homicidios.
Frente a este panorama, el régimen de Dina Boluarte ha optado por declarar constantes estados de emergencia, suspendiendo derechos constitucionales sin resultados eficaces en la reducción de la violencia, señala HRW.
Otra línea de preocupación señalada por HRW es la ofensiva contra periodistas independientes y organizaciones de la sociedad civil. En marzo de 2025, el Congreso aprobó la nueva Ley APCI, que otorga al Ejecutivo mayores atribuciones para controlar a organizaciones que reciben financiamiento extranjero.
Finalmente, el estudio también resalta cómo el Congreso ha legalizado retroactivamente la deforestación ilegal en grandes extensiones de tierra y ha aprobado leyes que impiden procesar penalmente a mineros ilegales. La minería de oro a pequeña escala se ha disparado, pero sin regulación, se vincula a delitos como trata, homicidios y contaminación ambiental.
Un fiscal de la Amazonía advirtió a HRW que “las hectáreas afectadas por minería ilegal aumentan año tras año sin que el Estado reaccione”. Según la Defensoría del Pueblo, casi la mitad de los ataques a defensores ambientales entre 2020 y 2023 se relacionan con esta actividad.
Perú ante la OCDE
Mientras todo esto ocurre, el Estado peruano avanza en su intento por ingresar a la OCDE, cuyos estándares de gobernanza, transparencia y derechos humanos contrastan con las prácticas señaladas por HRW.
“La OCDE debe exigir al Perú garantizar la separación de poderes y eliminar obstáculos en la lucha contra el crimen, la corrupción y la destrucción ambiental”, instó Goebertus.
El informe de HRW concluye con un llamado urgente al Congreso y al régimen de Boluarte: revertir las medidas adoptadas y restablecer las condiciones para que fiscales, jueces, defensores ambientales y periodistas puedan trabajar con libertad y seguridad.
