Milei enfrenta denuncias de corrupción mientras bloquea homenaje a víctimas de la masacre de Trelew
El gobierno argentino atraviesa una doble crisis: denuncias por presuntos sobornos que involucran a figuras del entorno presidencial y una creciente tensión política tras la prohibición del homenaje a las víctimas de la Masacre de Trelew. La combinación de ambos hechos coloca en el centro del debate el rumbo del oficialismo y su relación con los consensos democráticos que marcaron los últimos cuarenta años.
La negativa del Ministerio de Seguridad a autorizar el acto en el penal de Rawson, provincia de Chubut, significó un quiebre en una tradición de más de veinte años. Cada 22 de agosto se recuerda allí el fusilamiento de dieciséis presos políticos en la Base Aeronaval Almirante Zar, en 1972. Este año, por decisión oficial, familiares y sobrevivientes no pudieron realizar la conmemoración. El gesto fue interpretado como un movimiento político que busca relativizar los crímenes de la represión ilegal y disputar el sentido de la memoria histórica.
El episodio se produce en paralelo a un escándalo que involucra al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, desplazado tras la filtración de audios sobre un presunto esquema de coimas. En esas grabaciones se menciona a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y a Eduardo “Lule” Menem, operador clave del oficialismo. El caso se suma a otras denuncias recientes, como contratos estatales con empresas vinculadas a la familia presidencial y la gestión de la crisis sanitaria por el fentanilo adulterado que dejó casi cien muertes.
La economía también acusó el impacto. El dólar paralelo alcanzó un nuevo récord cercano a los mil trescientos setenta pesos y el Banco Nación se vio obligado a ajustar el tipo de cambio minorista con un aumento de 2,6 %. La volatilidad financiera refleja la incertidumbre política y erosiona la narrativa de eficiencia y transparencia con la que el oficialismo había llegado al poder.
En este contexto, la prohibición del homenaje a Trelew opera como un indicador de la estrategia gubernamental. No se trata solo de una decisión administrativa, sino de un movimiento que tensiona el consenso de derechos humanos y busca consolidar apoyos en sectores críticos de la memoria democrática. Sin embargo, esta línea conlleva un riesgo: abrir un nuevo frente de conflicto en medio de un escenario de fragilidad política y económica.
La Masacre de Trelew simbolizó, en su tiempo, la decisión estatal de aniquilar opositores por fuera de la legalidad. Medio siglo después, la discusión se traslada a cómo un gobierno interpreta y gestiona esa memoria. Bloquear un acto conmemorativo no elimina la demanda social de verdad y justicia. Por el contrario, vuelve a instalar el dilema sobre qué democracia se construye cuando se intenta silenciar a las víctimas del pasado.
Editorial Nodal
