Ajuste y protesta: el conflicto entre el gobierno argentino y la universidad pública
*Por Mariano Yedro y Noelia Naranjo
La pulseada por el financiamiento universitario continúa siendo uno de los ejes más tensos de la agenda argentina. Desde septiembre de 2024, cuando el Congreso aprobó la Ley de Financiamiento Universitario y el presidente Javier Milei la vetó por primera vez, el sistema educativo superior quedó atrapado entre la inflación y un presupuesto del 2023 congelado. El conflicto en el sector no es solo presupuestario: es una definición política sobre el lugar ocupa la universidad pública dentro de un modelo de país en disputa. Ante la media sanción de la nueva Ley de Financiamiento Universitario en diputados el 6 de agosto y la asfixia no solo de las instituciones sino también de quienes trabajan en las universidades nacionales se inicia una nueva semana de paro universitario y protestas a lo largo y ancho del país.
En este escenario, las universidades nacionales atraviesan el 2025 con presupuestos prorrogados desde 2023, sin la actualización automática que la ley vetada proponía. El gobierno argumenta que el equilibrio fiscal no es negociable mientras las aulas, los procesos de investigación, las prácticas de vinculación con el medio y los laboratorios ven retroceso y parálisis. El impacto ya se mide: caída del 22,5% del presupuesto universitario en términos reales respecto a los cinco primeros meses del 2023; inversión por estudiante en su nivel más bajo desde 2005 (ejemplo de ello es la Beca Progresar que a mayo 2025 ha perdido un 43,5 % de su valor adquisitivo) y fuga de docentes por salarios que, en muchos casos, no alcanzan a cubrir la canasta básica.
Los datos son preocupantes. Según el observatorio Argentinos por la Educación la inversión educativa nacional cayó del 1,48 % del Producto Bruto Interno (PBI) en 2023 a 0,91 % en 2024, con una proyección de 0,88 % para 2025. Esto incumple la meta mínima de 1,33 % establecida en la Ley de Presupuesto 2023. Es decir, el Estado destina en 2025 a la educación una porción menor que en cualquier otro año de la última década.
Sin dudas, el golpe más fuerte lo recibe la masa salarial, que representa cerca del 80% de los fondos universitarios. Entre noviembre de 2023 y mayo de 2025, el poder adquisitivo docente perdió en promedio un 30% con picos superiores al 50%. Universidades como la del Litoral y la de Entre Ríos registraron más de cien renuncias cada una en poco más de un año. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ya advirtió que, sin recomposición, esta tendencia se agravará.
La crisis no se limita a las aulas. El sistema científico-tecnológico sufre una contracción histórica: el presupuesto del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) se redujo un 36 % en dos años, con pérdida de más de cuatro mil empleos y suspensión de convocatorias. La inversión en ciencia cayó al 0,15 % del PBI, el nivel más bajo en medio siglo. La formación de recursos estratégicos y la investigación aplicada quedan así relegadas.
El gobierno nacional sostiene que no hay un ajuste sustancial y que el número de docentes está en crecimiento. Sin embargo, el aumento en el número de puestos no compensa la licuación salarial ni la insuficiencia de fondos para el funcionamiento básico: servicios, mantenimiento, insumos de laboratorio, entre otros.
La ley de financiamiento propone una fórmula de actualización automática —mitad inflación, un cuarto tipo de cambio, un cuarto tarifas—, recomposición salarial trimestral, un fondo para carreras estratégicas y becas estudiantiles ajustadas por inflación. Todo financiado con una porción fija de la coparticipación federal, sin crear nuevos impuestos.
Más allá de los aspectos técnicos de la Ley de Financiamiento, el veto de Javier Milei en octubre del 2024 envió un mensaje político que se sostiene en la actualidad: la inversión en conocimiento no es prioridad ni inmediata ni mediata. Esa decisión condiciona el presente y compromete el futuro. Un país que reduce a mínimos históricos la inversión en educación superior y ciencia difícilmente pueda competir en un mundo donde el conocimiento, la innovación, la ciencia y la tecnología son aspectos fundamentales.
Media sanción en diputados, la amenaza del veto y la lucha universitaria
En 2025, el sector universitario argentino llevó adelante diferentes planes de lucha como la Marchas de Antorchas (junio 2025) y diferentes campañas de firmas públicas en apoyo a una nueva Ley de Financiamiento Universitario. Las consignas fueron claras: aumentos salariales urgentes, financiamiento adecuado para el sistema educativo y la vuelta al Congreso del Proyecto de Ley de Financiamiento Universitario rechazada por Javier Milei. Las diferentes medidas de lucha, impulsadas por federaciones estudiantiles y sindicatos docentes y no docentes, buscaron visibilizar el deterioro acelerado de la universidad pública argentina. Las consignas repetidas en las calles y en las redes fueron: “exigencia de la reapertura de la paritaria”, “sin presupuesto no hay universidad”; “sin universidad, no hay futuro”.
La universidad pública argentina sobrevivió a dictaduras, crisis económicas y recortes. Pero el riesgo ahora es la erosión silenciosa: no un cierre abrupto, sino una pérdida gradual de su funcionamiento, sus trabajadores y el desarrollo científico y tecnológico.
Defender una universidad pública que genere conocimiento, que dé respuestas a las demandas sociales, que se adecue a los avances tecnológicos y que se vincule con la comunidad, no es un acto nostálgico. Es defender y apostar a un modelo de país que apueste por el conocimiento, la ciencia y la tecnología como factor central de desarrollo.
*Mariano Yedro es Profesor y Licenciado en Historia (UNRC) y Magister en Comunicacion y Cultura contemporánea (UNC). Docente en la UNRC. Noelia Naranjo es Licenciada en Ciencia Política y Administración Pública (UNCUYO) Especialista en Docencia Universitaria (UNLP). Docente en UNCuyo. Ambos miembros del Centro de Estudios y Formación en Política Educativa (CEFOPED), asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
