KarinaGate: corrupción y ¿guerra al interior del Círculo Rojo?
Por Emilia Trabucco*
En pleno tramo final de la campaña electoral, con la macroeconomía desordenada, y un creciente malestar social, el gobierno de Javier Milei enfrenta su mayor crisis política: el escándalo de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La filtración de audios de Diego Spagnuolo —abogado personal del Presidente y exdirector del organismo— reveló un mecanismo de recaudación ilegal que involucra a la hermana del mandatario, Karina Milei -“El Jefe”-, y a Eduardo “Lule” Menem. Aunque los medios oficialistas hagan hasta lo imposible por tapar el escándalo, una reciente encuesta reveló que el 73% de la sociedad considera grave el escándalo de corrupción en ANDIS.
La tormenta estalla tras meses de impunidad, con la criptoestafa $LIBRA como punto máximo, en medio de lo que parece ser una interna de los círculos económicos por el control del Ejecutivo y con reveses legislativos como el rechazo al veto presidencial sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad.
El escándalo se trasladó a las calles. En Lomas de Zamora, Milei debió interrumpir un acto de campaña junto a José Luis Espert —primer candidato a diputado bonaerense— ante el repudio de los vecinos. El episodio no es menor: fue Espert, conocido además por sus demostrados vínculos con el narcotráfico, quien presentó a Spagnuolo a los Milei. El vínculo personal es inocultable: Spagnuolo lo definía como parte de su “segunda familia”.
Los audios difundidos describen la operatoria: proveedores de medicamentos debían pagar un 8% de coima, coordinados por Daniel Garbellini, ex funcionario de Mauricio Macri, y direccionados a la droguería Suizo Argentina, controlada por la familia Kovalivker. Allí se ubica el corazón del “KarinaGate”: el dinero escalaba desde la droguería hasta Lule Menem y finalmente a la secretaria general de la Presidencia.
La empresa Suizo Argentina es clave. Sus dueños, Emmanuel, Eduardo y Jonathan Kovalivker, ampliaron negocios millonarios con el Estado durante la gestión de Mauricio Macri y mantuvieron lazos personales con el expresidente, al punto de compartir almuerzos y partidos de pádel en Nordelta.
En los allanamientos ordenados por el juez Sebastián Casanello, Emmanuel Kovalivker fue sorprendido con 266 mil dólares y siete millones de pesos en efectivo, además de su pasaporte, intentando huir de su casa en Nordelta. El vínculo con la política no se agota en los laboratorios; Jonathan Kovalivker aportó fondos (dos millones de dólares) para la fiscalización de La Libertad Avanza en el ballotage de 2023, luego de una reunión con Mauricio Macri.
El impacto político fue inmediato. Milei, en un acto en Junín, se sinceró: “Están molestos porque les estamos afanando los choreos”. Un sincericidio que confirma lo denunciado por Spagnuolo y deja al descubierto el entramado de corrupción. Lule Menem ensayó una defensa poco convincente al atribuir la operación al kirchnerismo, mientras que Guillermo Francos, jefe de Gabinete, marcó distancia: “No pongo las manos en el fuego por nadie”.
El episodio golpeó al núcleo del oficialismo: Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, apareció mencionada en un nuevo audio; la oposición exigió explicaciones a Federico Sturzenegger en el Congreso; y el propio Javier Milei quedó salpicado por denuncias que lo vinculan políticamente con la operatoria.
El establishment, que había respaldado con fuerza al presidente en su primer año, se divide. Solo Marcos Galperin, Eduardo Eurnekian y Bettina Bulgheroni se manifestaron públicamente a su favor. Galperin, dueño de Mercado Libre, eligió respaldar a Milei compartiendo un tuit. Eurnekian, de Corporación América, llevó a Milei al acto en el que el lunes inauguró el edificio del grupo en Vicente López. Bettina Bulgheroni, esposa de Alejandro Bulgheroni -del sector petrolero-, que acaba de asumir como presidenta del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), halagó al gobierno en radio Mitre, en plena tormenta por las coimas.
Paolo Rocca de Techint, Marcelo Midlin de Pampa Energía y Héctor Magnetto del Grupo Clarín, eligieron el silencio. Especialmente llamativa es la mutis de los laboratorios, otrora fervorosos defensores de Milei -grandes beneficiados de las políticas y los negocios del gobierno-, ahora incómodos por la cercanía del escándalo. Incluso Macri eligió no hablar, desde su viaje a Dinamarca para participar del Mundial de Bridge.
Ese silencio puede leerse como un movimiento táctico del llamado “círculo rojo analógico», que busca desgastar al presidente, aumentar su poder e influencia en las decisiones de gobierno y perfilar a Guillermo Francos como garante de la gobernabilidad.
En paralelo, la crisis expuso las cloacas de la política y los servicios de inteligencia. La SIDE, atravesada por la disputa entre Santiago Caputo y los Menem, aparece en el centro de las sospechas sobre la filtración. El retorno de Antonio “Jaime” Stiuso y el ascenso de viejos operadores como Alejandro Cecati muestran que la interna por el control del aparato estatal es tan intensa como peligrosa. La hipótesis de “fuego amigo” se fortalece: sectores del oficialismo usaron los audios para dirimir poder en medio del derrumbe institucional.
La trama de coimas en la ANDIS es parte de un patrón de corrupción estructural, negocios ilegales, vínculos con el narcotráfico, manipulación de los servicios de inteligencia y complicidad judicial y mediática. El pueblo argentino, golpeado por el ajuste y la recesión, observa cómo los sótanos de la democracia continúan decidiendo el rumbo del país.
Ajustar sobre las personas con discapacidad ya es, en sí mismo, una decisión política brutal. El Ejecutivo vetó la Ley de Emergencia en Discapacidad, frenó aumentos de prestaciones y recortó en más de un 20% el presupuesto de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El resultado fue inmediato, más de 300 despidos, la paralización de programas de apoyo y la amenaza de dar de baja hasta 400.000 pensiones por invalidez.
Que a la vez se desvíen recursos públicos destinados a ese sector en operaciones ilegales exhibe un nivel de cinismo difícil de igualar. El Gobierno de Javier Milei prometió honestidad y transparencia, pero entrega un cuadro en el que las personas más vulnerables pagan el costo de un ajuste despiadado mientras sus funcionarios convierten la miseria en un negocio. Las movilizaciones frente al Congreso, las marchas y cacerolazos, los fallos judiciales y la presión de la sociedad son apenas los primeros capítulos de una disputa que promete escalar.
El “KarinaGate” desnuda nuevamente la fragilidad de la institucionalidad democrática, de la mano de un régimen que llegó para destruirla. A pocos días de las elecciones, lo que se juega no es solo un resultado en las urnas, sino la continuidad de un modelo de poder sostenido en la impunidad, la corrupción y las guerras intestinas de las élites.
*Psicóloga, Magíster en Seguridad. Analista de la Agencia NODAL y del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE) en Argentina. Directora del Área de Universidad, Género y Trabajo del IEC-CONADU
