Argentina redefine su defensa: el giro hacia Washington y Tel Aviv
Editorial de NODAL
En medio de un escenario interno marcado por protestas sociales, recortes presupuestarios y un clima político polarizado, la política de Defensa argentina atraviesa un cambio profundo. El actual alineamiento con Estados Unidos e Israel, sumado al desfinanciamiento de las Fuerzas Armadas y la creciente participación militar en seguridad interior, necesita debates y acciones urgentes.
Se conoció recientemente la posible visita de Benjamín Netanyahu a Argentina en septiembre, en un contexto político mundial donde se suman voces oficiales de repudio al genocidio que Israel lleva adelante contra el pueblo palestino, y la vigencia sobre el principal responsable de una orden de arresto de la Corte Penal Internacional por “crímenes de guerra y de lesa humanidad”. Para un país como Argentina, cuya tradición diplomática históricamente se basó en la defensa del derecho internacional, recibir a un criminal sería enfrentarse a, mínimamente, un escándalo diplomático.
Esta visita del primer ministro israelí no es un hecho aislado. Se inscribe en una agenda que prioriza acuerdos militares y tecnológicos con potencias extranjeras, mientras se relega la inversión en capacidades propias. Al mismo tiempo, la doctrina que guió la defensa nacional en las últimas décadas -basada en la no intervención militar en asuntos internos- parece diluirse, habilitando a las Fuerzas Armadas a actuar en tareas policiales.
Durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, se fortaleció el control político de las Fuerzas Armadas, como conquista democrática después del último golpe cívico militar en Argentina. La gestión de Nilda Garré al frente del ministerio de Defensa (2005-2010) se destacó por concretar la misión de separar claramente las funciones militares de las de seguridad interior, fortaleciendo la capacitación, el equipamiento y la misión principal de las Fuerzas Armadas: la defensa frente a amenazas externas y la defensa de la soberanía nacional.
Hoy, el grave retroceso en materia doctrinaria y estratégica -que comenzó en la gestión del gobierno de Mauricio Macri- genera preocupación en organismos de derechos humanos y en sectores del propio estamento militar. La gestión de Javier Milei vuelve a importar la conocida doctrina de “Seguridad Nacional”, comandada directamente por las “Fuerzas del Norte” y sus intereses en el país y la región.
El presupuesto es un indicador concreto de dicho retroceso. En los últimos dos años, el financiamiento destinado a defensa cayó en términos reales más de la mitad, según datos oficiales. Esto implica una desprofesionalización de las Fuerzas Armadas: menos entrenamiento, mantenimiento y renovación de material, pero también un mensaje político: se privilegia la articulación con quienes este gobierno considera “aliados estratégicos” externos por sobre la capacidad autónoma de defensa.
La “desmalvinización” —la omisión del reclamo soberano sobre las Islas Malvinas en la agenda oficial— es otro síntoma. No se trata de insistir en discursos vacíos, sino de advertir que la retirada del tema de la diplomacia activa y de la política de defensa debilita una posición histórica que trasciende gobiernos.
Un giro político estratégico en la región: de la Patria Grande al Patio Trasero
El marco regional refuerza la necesidad de una discusión seria. El reposicionamiento del Comando Sur de Estados Unidos en América Latina, con presencia creciente en zonas ricas en recursos estratégicos, plantea un escenario en el que la Argentina lejos está de posicionarse en defensa de su soberanía y con inteligencia geopolítica. Por el contrario, el actual esquema parece reducir esa complejidad a una lógica de alineamiento servil..
El debate sobre el rol de las Fuerzas Armadas no es solo técnico o presupuestario: es profundamente político. Implica decidir si Argentina quiere un modelo soberano, con capacidad de defensa propia y con las Fuerzas Armadas dedicadas a su función constitucional, o si acepta subordinar esa estructura a intereses externos y tareas internas que otros organismos del Estado deberían cumplir.
En un momento en que las calles del país son escenario de reclamos por trabajo, educación, salud y derechos, la militarización de la seguridad interior está derivando en un uso desproporcionado de la fuerza contra la población. No es una hipótesis abstracta: la historia argentina y regional ofrece ejemplos dolorosos.
El cierre de esta discusión no pasa por un simple “sí” o “no” a los acuerdos internacionales, sino por definir un plan nacional de defensa que contemple la soberanía, el respeto a los derechos humanos y la inversión sostenida en capacidades propias. Un plan que no dependa de la coyuntura ni de la voluntad de líderes extranjeros.
La tensión es evidente. Mientras se debilitan las capacidades autónomas de defensa y se desfinancia el sistema científico-tecnológico, se refuerzan los vínculos militares con una potencia extranjera que persigue objetivos imperiales en la región. El Comando Sur no disimula su interés en el litio, las rutas bioceánicas y el control de infraestructura clave para el comercio global. En nombre de la seguridad hemisférica, se redibuja el mapa del poder en Latinoamérica, desplazando la autodeterminación por la dependencia estratégica.
Lejos de cualquier relato de “cooperación” para la “seguridad regional”, esta dinámica refleja el lugar asignado a la Argentina en la arquitectura geopolítica actual: proveedor de recursos críticos, enclave militar de monitoreo y barrera de contención frente a la creciente presencia china en el continente. En un momento de crisis mundial del capitalismo y reconfiguración del orden mundial, la disputa por los bienes comunes del sur no se libra sólo en los mercados, sino también en el terreno militar.
