Aspectos conceptuales de la informalidad en el Perú
Fernando Cuadros Luque*
En Perú, considerando las fuentes estadísticas del MTPE e INEI, la tasa de informalidad general es 70% de la PEA ocupada. De dicha cifra, dos terceras partes son explicadas por la informalidad tributaria de los autónomos y una tercera parte por la informalidad laboral de los asalariados.
Se entiende que un autónomo realiza sus actividades en condición de informalidad tributaria cuando no cuenta con Registro Único de Contribuyente (RUC) y, por tanto, no declara sus ingresos y no paga impuestos; mientras que un asalariado trabaja en situación de informalidad laboral cuando no es declarado en planilla por su empleador, razón por la cual no accede a ningún derecho laboral.
La informalidad tributaria de los autónomos se ubica alrededor del 90% y prácticamente se ha mantenido estática, incluso durante la fase de expansión económica 2002-2014; en tanto que la informalidad laboral de los asalariados se encuentra en torno al 50% y llegó a reducirse en cerca de 15 puntos porcentuales en el periodo de crecimiento económico señalado, estancándose en adelante.
El problema de la informalidad tributaria de los autónomos tiene su origen básicamente en la insuficiente capacidad de la economía nacional para generar empleo asalariado, lo cual ha obligado a la mitad de la PEA ocupada a autoemplearse, en la gran mayoría de casos, en condiciones precarias: en actividades poco productivas, con bajos ingresos, jornadas extensas de trabajo, sin protección social en salud y pensiones, en situaciones riesgosas, etc.
Se trata de un segmento de la población que ni siquiera ha podido insertarse al mercado de trabajo como asalariado informal.
En lo que se refiere a la informalidad laboral de los asalariados, esta se observa principalmente en las microempresas, donde alcanza casi al 90% de sus trabajadores; y en el trabajo del hogar, con una tasa que supera el 80%.
No obstante, también se registran niveles de informalidad laboral significativos en las pequeñas empresas (38%) e incluso en la gran empresa (9%) y el sector público (10%), sectores que deberían dar el ejemplo. La tasa de informalidad general es 70%. Dos terceras partes son explicadas por la informalidad tributaria de los autónomos y una tercera parte por la informalidad laboral de los asalariados.
En el caso de las microempresas, el alto porcentaje de informalidad laboral se explica fundamentalmente por sus bajos niveles de productividad; mientras que en el resto de segmentos la informalidad laboral tiene como causa principal la debilidad o inexistencia de la fiscalización laboral, así como la pésima gestión de los recursos humanos en el sector estatal.
Cabe precisar que en el presente análisis se considera que un asalariado se desempeña en condición de informalidad laboral, es decir, sin estar declarado en planilla por su empleador, cuando no cuenta con un contrato laboral dependiente (estable o temporal).
Lamentablemente, desde la estadística oficial se utiliza un criterio que sobrestima el nivel de informalidad laboral de los asalariados, ya que se considera que un trabajador labora sin figurar en planilla cuando declara que no cuenta con un seguro de salud financiado por su empleador.
El problema con dicho criterio es que muchos asalariados formales creen erradamente que los aportes al seguro de salud se les descuentan de su remuneración, como sucede en el caso de los aportes previsionales, cuando en realidad son sus empleadores quienes asumen el aporte de 9% de sus remuneraciones a EsSalud.
Por lo tanto, un número significativo de asalariados formales declaran equivocadamente a las encuestas de hogares que no cuentan con un seguro de salud financiado por su empleador, razón por la cual son considerados como asalariados informales, sobrestimando con ello la tasa de informalidad laboral (en alrededor de 8 puntos porcentuales en el caso del sector privado).
En tal sentido, en la planilla electrónica del MTPE (registro censal mensual del sector formal) figuran 1,5 millones más de asalariados privados formales que en las encuestas de hogares del INEI (si se usa el criterio errado), brecha que ha venido creciendo desde el 2008 (algo similar sucede con el sector estatal).
De esta manera, según la referida planilla electrónica, a nivel nacional existen 5,7 millones de asalariados formales: 4,1 millones en el sector privado y 1,6 millones en el sector público (ver cuadro).
Por lo señalado, con la finalidad de contar con un diagnóstico lo más certero posible sobre la informalidad en el país y a partir de ello aplicar políticas eficaces, resulta clave que el Estado, a través del MTPE principalmente, desarrolle un análisis segmentado del problema en los términos planteados en la presente columna y también corrija los aspectos conceptuales/operativos errados en el caso de la medición de la informalidad laboral, en particular.
¿Qué hacemos con la informalidad?
Para comenzar a solucionar de manera estructural la problemática de la informalidad/precariedad son fundamentales las siguientes políticas:
Diversificación productiva: planificar e implementar un conjunto de incentivos económicos (que no impliquen el recorte de derechos laborales y tampoco promuevan la subdivisión empresarial) para contribuir al desarrollo de sectores con potencial de generación masiva de empleo asalariado formal, como la agroindustria, textiles y confecciones, metalmecánica, turismo y sus ramas vinculadas (alojamiento, restaurantes, servicios recreativos y transporte).
Fomento del crecimiento de la productividad: requiere diseñar y aplicar un conjunto de mecanismos articulados para el acceso masivo de MYPES a crédito barato, capacitación laboral, innovaciones, nuevos mercados, compras estatales, articulación productiva, simplificación administrativa, medidas tributarias promocionales, etc.
Fortalecimiento de la fiscalización laboral: implica otorgarle más competencias (como la facultad de incorporar directamente en planilla a los trabajadores encontrados fuera de ella y declarar como estables a aquellos con contratos temporales desnaturalizados) y presupuesto a la SUNAFIL (para incrementar el personal que integra el proceso inspectivo), con el fin que pueda ampliar su cobertura y mejorar su efectividad. Asimismo, se deben generar sinergias entre la SUNAFIL y SUNAT.
Reforma laboral integral: que promueva el empleo formal, estable y productivo. Implica aprobar, vía el CNTPE y el Congreso, una nueva Ley General de Trabajo, que limite la contratación temporal y tercerización laboral con destaque de personal, vincule el despido a causas objetivas con un procedimiento adecuado, fomente el ejercicio de la sindicalización y la negociación colectiva, precise la regulación aplicable a los trabajadores de aplicaciones, etc.
Relanzamiento de la reforma del servicio civil: destinando el presupuesto necesario, actualizando las escalas salariales para hacerlas atractivas y acelerando el tránsito al nuevo régimen (sobre todo de los CAS) vía cursos de suficiencia en la ENAP. Además, se debe incluir la fiscalización del cumplimiento de la normativa laboral en el Estado entre las competencias de la SUNAFIL.
* Economista de la Universidad del Pacífico. Ex viceministro de promoción del empleo.
