TSE convoca al balotaje entre Paz y Quiroga, y autoriza inicio de la campaña electoral
El sorteo de jurados se realizará el 19 de septiembre.
La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) aprobó este miércoles la resolución que convoca a la segunda vuelta electoral entre Rodrigo Paz (PDC) y Jorge Tuto Quiroga (Libre) para el 19 de octubre, informó el vocal electoral Gustavo Ávila.
CONVOCADO EL BALOTAJE: el Tribunal Supremo Electoral convocó a la segunda vuelta a los dos más votados el 17 de agosto. El balotaje será el 19 de octubre. @teleSURtv pic.twitter.com/MInJS3K19Z
— Freddy Morales (@FreddyteleSUR) August 28, 2025
“Hoy día hemos convocado a esta segunda vuelta, que se va a realizar el 19 de octubre, y como Órgano Electoral nos comprometemos a organizar esta segunda vuelta con las mismas características del 17 de agosto, un proceso electoral seguro, transparente y confiable”, aseguró.
En declaraciones a Red Uno, el vocal precisó que una de las actividades iniciales del calendario electoral para este balotaje se cumple este jueves con el inicio de la campaña y propaganda electoral.
El sorteo de jurados se realizará el 19 de septiembre.
En cumplimiento a la Constitución y a la normativa electoral, se empleará el mismo padrón electoral del 17 de agosto, por lo que serán convocados nuevamente a las urnas 7.936.515 electores, tanto en Bolivia como en 22 países del mundo.
Por ahora, en el TSE se trabajará en el diseño de la papeleta de sufragio que se empleará el 19 de octubre; solo incluirá a los dos candidatos: Paz, que logró el primer lugar el 17 de agosto con el 32,06% (1.717.432 votos) y Quiroga, el segundo, con el 26,70% (1.430.176 votos).
“Vamos a convocar también en septiembre a un sorteo para que las dos franjas puedan elegir la posición y con eso ya imprimir la papeleta que se va a utilizar en esta segunda vuelta electoral”, explicóÁvila.
La sesión de Sala Plena continuará este jueves y definirá las fechas de los dos debates: uno entre los candidatos a la presidencia y otro con los aspirantes a la vicepresidencia; también se analizará si se autorizará la realización de encuestas.
La organización de la segunda vuelta demandará un presupuesto de Bs 193 millones.
Como sucedió el 17 de agosto, el 19 de octubre también se aplicará el Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre).
El MAS denunciará ante el mundo la impunidad por las masacres de Senkata y Sacaba
La Dirección Nacional del MAS-IPSP acusa al sistema judicial de actuar con parcialidad política y exige justicia por los 36 fallecidos en 2019.
El presidente del Movimiento Al Socialismo (MAS-IPSP), Grover García, anunció que denunciará ante organismos internacionales la presunta parcialización de la justicia boliviana en relación con lo ocurrido en las masacres de Senkata y Sacaba. Según García, el Tribunal Supremo de Justicia estaría cometiendo errores graves al no sancionar debidamente a los responsables de la muerte de 36 personas durante el conflicto de 2019.
“Hoy nos pronunciamos para pedir justicia por aquellos caídos. Vemos que la justicia se está parcializando, politizando, y eso no lo vamos a permitir”, declaró el dirigente en una conferencia de prensa. Añadió que se organizarán para exigir que el sistema judicial actúe con independencia y sancione a quienes fueron responsables de la represión que dejó, además, más de 800 heridos entre graves y leves.
García lamentó que, a pesar de la magnitud de las muertes y violaciones a los derechos humanos, algunos de los implicados estén próximos a recuperar su libertad. “Queremos que los organismos internacionales sepan que hoy se está cometiendo una injusticia en Bolivia. No se puede permitir que los culpables de crímenes de lesa humanidad caminen libres”, enfatizó.
La vicepresidenta del MAS, Julia Ramos, afirmó que el sistema judicial solo actúa contra tres personas, mientras más de 20 mil detenidos continúan sin resolución. “¿Dónde quedan los muertos, sus familias, los heridos? La justicia está favoreciendo a unos cuantos. No tiene principios para hacer su trabajo como corresponde”, denunció Ramos.
Por su parte, Fidel Surco, secretario de Relaciones Internacionales del Instrumento Político, también arremetió contra el Tribunal Supremo de Justicia, señalando que hay instrucciones que estarían siendo utilizadas para beneficiar a exautoridades vinculadas al golpe de Estado de 2019. “Vamos a denunciar estos hechos ante el pueblo y ante el mundo. Estos delitos son crímenes de lesa humanidad”, advirtió Surco.
Los dirigentes del MAS aseguraron que no permitirán que se repita la impunidad y anunciaron una movilización permanente desde las organizaciones sociales, sindicales y de familiares de las víctimas.
Arce pide justicia para víctimas de 2019 y cuestiona fallos judiciales recientes
El presidente Luis Arce expresó su preocupación ante lo que considera una deuda de justicia con las víctimas de los hechos luctuosos de 2019. Recordó que los organismos internacionales catalogaron estos hechos como masacres y crímenes de lesa humanidad e instó a los jueces actuar con objetividad.
“A seis años de los trágicos acontecimientos que enlutaron a nuestra nación, observamos con profunda preocupación que la justicia para las víctimas de 2019 sigue siendo una deuda pendiente”, escribió Arce en sus redes sociales.
El jefe de Estado subrayó que el dolor de las familias que aún lloran por sus seres queridos exige una respuesta justa y oportuna.
“El dolor de los padres, madres, hermanos e hijos que continúan llorando a sus seres queridos es una carga que exige una respuesta. Resulta incomprensible e indignante que crímenes de lesa humanidad, reconocidos como masacres por organismos internacionales como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), no reciban el debido tratamiento judicial”, añadió.
El mensaje de Arce se da luego de una serie de decisiones adoptadas por tribunales en relación al denominado caso Golpe de Estado I y los procesos vinculados a las muertes de civiles durante las intervenciones militares y policiales en 2019.
Ante esta situación, Arce instó a los operadores de la justicia guiarse por la verdad y la objetividad, priorizando a las víctimas.
“Con absoluto respeto a la independencia de poderes, hacemos un llamado a los operadores de justicia para que su labor se guíe por la verdad y la objetividad, priorizando siempre la dignidad de las víctimas. Ellas merecen determinaciones justas y oportunas”, manifestó.
Asimismo, reafirmó el compromiso del Gobierno de honrar la memoria de quienes fallecieron y acompañar a quienes claman por justicia.
Antecedentes
El pasado martes por la noche, el Tribunal Sexto de Sentencia Anticorrupción de La Paz ordenó la libertad pura y simple del exdirigente cívico potosino Marco Pumari, al tiempo que dispuso detención domiciliaria para el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho. Ambos son investigados por su presunta participación en los hechos que derivaron en la toma del poder por parte de Jeanine Áñez.
A ello se sumó la decisión del Tribunal Cuarto de Sentencia de El Alto que, el lunes, determinó la anulación de obrados en el proceso contra Jeanine Áñez y otros acusados por la masacre de Senkata. La resolución instruye remitir los antecedentes a la Fiscalía General del Estado, abriendo la posibilidad de un juicio de responsabilidades.
Esta determinación generó el rechazo de familiares y organizaciones de víctimas, quienes calificaron la medida como un retroceso en la búsqueda de justicia.
“El TSJ ha atentado contra las víctimas, dejando en impunidad las muertes, la masacre que ya ha sido confirmada por la CIDH. El juez ha firmado ese fallo con sangre, con la sangre de nuestros hijos”, denunció representante de las víctimas de Senkata, Gloria Quisbert.
Por su parte, el activista David Inca, que acompaña a los familiares de las víctimas, cuestionó la legitimidad del fallo.
“Los victimarios argumentaron ser víctimas y a las víctimas se las deja en indefensión (…) la impunidad ganó con el apoyo del Tribunal Supremo de Justicia”, afirmó.
Las organizaciones de víctimas anunciaron que acudirán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en busca de mecanismos internacionales que garanticen el acceso a la justicia.
