Colombia: ¿Arroz quebrado?

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Colombia: ¿Arroz quebrado?

Eudoro Álvarez Cohecha

Debieron pararse duro los campesinos. Tras 11 días del segundo paro arrocero del 2025, sus organizaciones y el gobierno nacional acordaron, entre otros aspectos: fijar y regular precios del arroz pady verde y blanco, frenar el contrabando, en creciente desde Ecuador, regular las importaciones del cereal, y cumplir los acuerdos firmados para levantar el paro del sector de marzo del 2025.

La lucha por la supervivencia del arroz en Colombia completa más de tres décadas, desde cuando Virgilio Barco y César Gaviria decidieron abrir la economía y exponer la producción nacional y la agricultura en particular a una competencia desigual que en cifras significó importar 400 mil toneladas de alimentos en la década de los 90 del siglo pasado, hasta llegar a la astronómica cifra de 16 millones de toneladas de productos agropecuarios que se importan hoy en día.

Una escalada importadora de productos que en su mayoría se pueden producir y procesar en Colombia. Productos agrícolas como algodón, trigo, soya, maíz, garbanzo, arveja, ajonjolí, avena, sorgo, todos los cuales prácticamente han desaparecido o han quedado reducidos a pequeñas extensiones territoriales. Como parte de esa misma realidad, la producción de leche y la porcicultura están seriamente amenazadas por la llamada política de libre comercio.

De los cereales básicos en la alimentación humana –trigo, maíz y arroz–, este último es el único sobreviviente a la oleada aperturista, y ello, principalmente, por la política de resistencia, caracterizada por las movilizaciones masivas de sus productores y otros actores de la cadena arrocera.

Los vaivenes

El año 2025 no ha sido bueno para la agricultura de cultivos semestrales en el Llano y, en general, en Colombia. La soya y el maíz, sometidos a precios internacionales, altamente subsidiados en sus países de origen, y el arroz atropellado por dos bajonazos del precio, aupados por la gran industria molinera: uno en enero y otro a finales de junio.

Dos paros arroceros de carácter nacional, cada uno de once días, señalan la gravedad de la situación de estos campesinos.

Con costos crecientes de producción, el precio del arroz en cáscara bajó 30 por ciento, mientras el consumidor solo vio una disminución de menos del 2 por ciento; esto indica claramente que alguien, en los eslabones de industria y comercio de la cadena arrocera, se llena los bolsillos mientras los agricultores ven desocuparse los suyos.

La tormenta se acumula: las importaciones del año 2024 pesan en las bodegas de la industria y el comercio; el contrabando permanece sin contención todo lo cual amenaza con arruinar a buena parte de los productores.

El Gobierno se ha quedado sin instrumentos, pues el que había permitido un equilibrio de precios entre industriales y agricultores, como fue el incentivo al almacenamiento, tildado por una ministra fundamentalista de ser un subsidio para ricos, graduando engañosamente a los arroceros de ricos terratenientes, ha desaparecido de la política pública.

En el paro de marzo de 2025, el Gobierno firmó unos acuerdos que solo han sido cumplidos parcialmente y en el caso del Meta prácticamente se ha excluido a la inmensa mayoría de los agricultores, afectados por la primera disminución de precios.

Como si al caído hubiese necesidad de caerle, en junio la gran molinería dio un nuevo golpe a los productores imponiendo un nuevo bajonazo en el precio, provocando la reacción inmediata de los agricultores, nuevamente por la inacción del gobierno parapetado en una dialogadera inútil que finalmente agotó la paciencia del gremio agricultor, que orientado por Dignidad Arrocera Nacional, organizó el segundo paro desde el 14 de julio.

Una segunda negociación incluyó una resolución de intervención del precio del arroz en cáscara, que solo redime costos de producción, al cual debe comprar la molinería so pena sufrir sanciones.

Es evidente que hay una situación de práctica dominante por parte de los molinos que compran y comercializan la mayor parte del arroz hasta los consumidores. Es decir, hay un mercado distorsionado por prácticas claramente prohibidas por la legislación nacional; sumado a ello que las grandes superficies de bajos precios interfieren de manera muy notoria en el mercado al consumidor, creando una situación en la cual, de nuevo, la molinería pretende descargar esos bajos precios que le imponen los comerciantes en los hombros del productor. Ello provocó que en la negociación del paro de julio de 2025 se incluyera la necesidad de intervenir también el precio del arroz blanco, a fin de ordenar el conjunto de todos los eslabones de la cadena arrocera.

La gran molinería, nuevamente mostrando su poder monopólico, se niega a comprar a precios de resolución, colocando en grave peligro no solo los costos de los agricultores sino la cosecha en su totalidad, al negarse a comprar y recibir el arroz pady verde, con el gran riesgo de que se pierda hasta la camisa de los productores por la alta perecibilidad del arroz una vez cortado y transportado a los molinos, a cuyas puertas puede deteriorarse irreversiblemente, de no ser limpiado y secado.

Para birlar la resolución de los precios intervenidos, los molineros ofrecen limpiar y secar el arroz, modalidad que no corresponde al objeto social principal de la molinería.

Una realidad agravada por el contrabando, en este caso estimulado por el lavado de activos, lo que agrava la situación al aumentar inventarios a precios que no le permiten competir al arroz colombiano.

Una molinería monopolizada, el contrabando sin control, un comercio avariento, tratados de libre comercio que no defienden situaciones de coyuntura y la lentitud gubernamental, todo ello está dando un golpe certero que puede acabar con el abastecimiento nacional del único cereal que aguantó la arremetida neoliberal de gobiernos de derecha que impulsaron ese modelo antiagrario, pero también del actual gobierno que de no defender el mercado interno del arroz, contribuirá con el mismo propósito de sus contrarios.

* Ingeniero Agrónomo, Universidad Nacional, Bogotá. Agricultor y Director Ejecutivo de Dignidad Arrocera Nacional.

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