#ElBloqueoMata: las sanciones económicas tienen consecuencias
Por Magda Arias*
“El bloqueo mata” parece una afirmación sensacionalista, pero las evidencias científicas, jurídicas y diplomáticas demuestran que las sanciones económicas aplicadas contra cualquier país tienen profundas consecuencias humanas, por lo general no cumplen las normas del derecho internacional y se aplican de marera arbitraria.
Desde hace más de un siglo, tras concluir la Primera Guerra Mundial, las grandes potencias acordaron el empleo de esta potente herramienta disuasiva para garantizar, según sus dichos, la paz. En realidad, todos los participantes eran conscientes de que lo que intentaban consensuar era algo más tremendo que la guerra convencional. El presidente estadounidense Woodrow Wilson, reconoce ante aquel foro que el aislamiento absoluto y la asfixia económica eliminarían toda inclinación a luchar y garantizaría el control imperial[1].
A partir de entonces, las sanciones económicas se convirtieron en la herramienta de presión internacional orientada a cambiar el comportamiento de otros Estados, sin importar sus efectos y sus resultados. Este mecanismo de disuasión en tiempos de paz provoca también daños profundos de carácter psicológico y biológico en los seres humanos y, lo más grave, es prácticamente imposible revertir las sanciones en una economía mundial cada vez más internacionalizada, competitiva y dominada por el gran capital trasnacional.
Paulatinamente ha ido creciendo el rechazo a las acciones de guerra económica, bloqueo o medidas coercitivas unilaterales. El hecho se ratifica en las 32 ocasiones desde 1992, en que la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) ha sometido a votación la resolución “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”.
De igual forma, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha abordado en múltiples ocasiones el impacto de las sanciones económicas sobre los derechos humanos, especialmente cuando estas se imponen de forma unilateral. Desde el año 2014 hay un Relator Especial sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales, por los costos humanos desproporcionados e indiscriminados y sus efectos negativos en la población civil y desde 2023 [2] el consejo reconoce que estas medidas pueden ser contrarias al derecho internacional y generar problemas sociales y humanitarios en los países afectados.
No obstante, persiste la resistencia de los que imponen esas crueles sanciones a reconocer su responsabilidad, y el temor de los países dependientes, las personas naturales y jurídicas a ser sancionados. La fuerza de la amenaza y sus graves consecuencias generan en los posibles transgresores actitudes que exceden la obligación razonable, entre las que se encuentran: exigir requisitos formales innecesarios, incrementar los precios por concepto de riesgos, rescindir contratos vigentes, e incluso, evitar contactos con los sancionados para evitarse problemas.
En la base de datos sobre sanciones globales (Global Sanctions Database – GSDB) [3], hay documentadas más de 1,500 sanciones bilaterales y multilaterales entre 1950 y 2023. Los datos reflejan un aumento de la frecuencia y la permanencia de dichas medidas coercitivas a partir de 1950, aunque se reconoce que solo el 30% de las aplicadas pueden considerarse exitosas. En el año 2023, los Estados Unidos impusieron sanciones a 83 países que aportan cerca del 35% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial.
En agosto de 2025, la prestigiosa revista The Lancet Global Health especializada en salud, actualiza el debate sobre el impacto de las sanciones económicas en la mortalidad de determinados grupos etarios y poblacionales. En un artículo titulado Effects of international sanctions on age-specific mortality: a cross-national panel data analysis [4], se aportan las evidencias que tratan de invisibilizar y/o minimizar en el discurso y el debate público los políticos, los medios y las redes sociales de Internet.
Según el Instituto Tricontinental de Investigación Social (ITIS, 2025) las sanciones unilaterales e ilegales, principalmente de los Estados Unidos, matan cada año a cerca de medio millón de civiles, una cantidad mayor que las 106,000 muertes anuales causadas por las guerras [5]. Todos los grupos etarios están afectados, pero reciben mayor impacto los niños lactantes y los adultos mayores. Entre 1970 y 2021, del total de muertes causadas por las sanciones, el 51% correspondieron a menores de cinco años. Específicamente las mujeres son afectadas en su salud a consecuencia de la carga de cuidados y la influencia de otros problemas sociales asociados a la desigualdad y la violencia económica, el acceso limitado a los servicios, la incertidumbre y el estrés familiar que dañan su salud mental y su bienestar emocional.
Las medidas coercitivas unilaterales no constituyen un simple shock temporal como se explica a la opinión pública. Los bloqueos tienen un efecto acumulativo creciente en dependencia del tiempo, la consistencia y la generalización de las medidas aplicadas. Por ello, la letalidad de las acciones de los Estados Unidos contra Cuba por más de seis décadas y la aplicación de numerosas medidas adicionales en el último decenio, es muy elevada. Esto se debe al uso generalizado del dólar estadounidense en las transacciones internacionales y como moneda de reserva mundial; el control que ejercen sobre el sistema financiero internacional y las operaciones bancarias; y el poder de veto en los organismos multilaterales. Gobiernos, empresas, entidades e individuos son constantemente amenazados y pueden ser multados, sancionados o doblemente castigados debido a la aplicación extraterritorial de estas medidas.
En el caso de Cuba, el bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos, es un acto deliberado de guerra económica diseñado para desestabilizar al país y rendir a un pueblo y a su gobierno. Es un complejo sistema de sanciones tejido a través de leyes federales, enmiendas legislativas, órdenes ejecutivas y otros actos jurídicos con propósitos punitivos netamente políticos, cuya naturaleza es descrita en el inciso C del artículo II de la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y la Sanción del delito de Genocidio.
Esas sanciones tienen un elevado costo, pero no han podido en más de seis décadas doblegar la voluntad del pueblo y el gobierno cubano. Los daños económicos y humanos que provocan constituyen razones suficientes para exigir su eliminación, concitan el rechazo mundial y movilizan a oponerse a todo tipo de guerra.
*Magda Arias es Doctora en Ciencias Económicas. Profesora Titular. Centro de Estudios de Técnicas de Dirección (CETED), Universidad de La Habana.
Referencias
[1] Mulder, N. (2022). The Economic Weapon: The Rise of Sanctions as a Tool of Modern War. New Haven: Yale University Press. [2] OHCHR. (2023). El impacto de las sanciones. 54º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos. Ginebra: OHCHR. Obtenido de https://www.ohchr.org/es/statements-and-speeches/2023/09/impact-sanctions [3] Según Global Sanctions Database: Esta es la cantidad de países que fueron sancionados por EEUU en 2023. https://www.laiguana.tv/articulos/1335052-global-sanctions-database-paises-sancionados-eeuu-2023/ [4] Rodríguez, F., Rendón, S., & Weisbrot, M. (August de 2025). Effects of international sanctions on age-specific mortality: a cross-national panel data analysis. The Lancet Global Health, 13(8), e1358 – e1366. Obtenido de https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS22 [5] Las sanciones unilaterales e ilegales –principalmente de Estados Unidos– matan a medio millón de civiles cada año. Obtenido de https://thetricontinental.org/es/newsletterissue/boletin-sanciones-unilaterales-civiles-muertes/