Organización de derechos humanos alerta sobre violencia contra personas con discapacidad detenidas en régimen de excepción en El Salvador
La reconocida organización de derechos humanos Cristosal ha recibido 175 denuncias sobre detenciones «arbitrarias» a personas con discapacidad, en su mayoría hombres, en el contexto de la implementación en El Salvador de un régimen de excepción para combatir a las pandillas con tres años de vigencia, de acuerdo con un informe divulgado este martes.
El documento indica que 148 (84,6 %) de las denuncias corresponden a víctimas hombres y 27 (15,4 %) casos de mujeres, «perteneciendo en su mayoría a población con algún tipo de discapacidad física.
Señala que «entre las discapacidades mencionadas, son recurrentes las personas con amputación y algún tipo de discapacidad sensorial».
Cristosal, que también ha recibido millas de denuncias por violación a derechos de personas detenidas, reitera que «el régimen de excepción, como herramienta del Estado, profundiza las brechas ya existentes en la sociedad salvadoreña en donde las personas con discapacidad se ven especialmente vulneradas debido a entornos violentos, no adaptados y excluyentes, acompañadas de una atención médica deficiente que les pone en peligro constantemente».
«El Estado, por medio de sus funcionarios, encargados de garantizar un trato digno hacia las personas con discapacidad, son quienes ejercen violencia tanto física como psicológica al momento de las detenciones y dentro de los centros penitenciarios, poniendo en peligro la salud y la vida de las personas con discapacidad», advierte.
Bajo este régimen se han registrado más de 87,000 detenciones de supuestos miembros de pandillas o acusados de estar ligados a estas bandas, se han reportado casos de violaciones a derechos humanos -la mayoría por detenciones arbitrarias- y más de 430 muertes en cárceles bajo custodia de agentes del Estado.
Además, recientemente se ha denunciado que el estado de excepción «no solo se ha utilizado para abordar la violencia relacionada con las pandillas, sino también como una herramienta para silenciar las voces críticas» del Gobierno, según la Oficina en Washington de Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
La medida fue aprobada como extraordinaria en marzo de 2022, tras un fin de semana con más de 80 homicidios, y, de acuerdo con el Gobierno, ha permitido combatir a las maras, liberar territorios del dominio pandilleril y reducir significativamente los homicidios en el país, considerado por años como uno de los más violentos del mundo.
No obstante, diversos analistas consideran que la medida se ha convertido en la principal y única apuesta del Gobierno contra las pandillas y en un mecanismo de «permanente -y no temporal- de control social».
