Alianza convoca este 12 de agosto: ¡Que se abra diálogo nacional!
La organización Alianza Pueblo Unido por la Vida anunció que continuará su lucha en defensa de la justicia social, la democracia y los derechos humanos. Durante una conferencia de prensa, expresó su solidaridad con diversos sectores afectados por medidas gubernamentales recientes.
Entre ellos destacan:
-Sindicatos y extrabajadores bananeros que han perdido sus empleos tras el cierre de operaciones de Chiquita Panama.
-Residentes de Bocas del Toro impactados y detenidos durante la Operación Omega.
-Docentes con procesos administrativos tras participar en la huelga contra la Ley 462 de la CSS.
-Organizaciones sindicales que enfrentan amenazas a su libertad sindical.
-Campesinos de Río Indio, quienes serían afectados por un proyecto de embalse.
La Alianza hizo un llamado a la Asamblea Nacional para que actúe como mediadora y promueva un diálogo nacional inclusivo, que permita construir un proyecto de país dentro de un marco de paz, justicia y democracia.
Como parte de sus acciones, la Alianza convocó a una concentración el martes 12 de agosto en los alrededores de la Asamblea Nacional, instando a los diputados a asumir su rol como promotores de este diálogo necesario para el país.
Alianza Pueblo Unido Por La Vida
En conferencia de prensa manifesta sobre lo sucedido durante la Iucha por la derogación de la Ley 4625 / Agosto / 2025 pic.twitter.com/ZJmVem0Yjs
— Suntracs Panama ⚒ (@SuntracsPanama) August 5, 2025
Panameños denuncian represión estatal y violaciones de derechos humanos
Este martes, la Alianza Pueblo Unido por la Vida denunció un aumento en la represión por parte del Gobierno del presidente panameño Raúl Mulino, indicando serias infracciones a los derechos humanos contra sindicatos, comunidades originarias y grupos populares.
En una conferencia de prensa en la capital, miembros de la Alianza —agrupación de varias entidades sociales— imputaron al Estado de Panamá por ejercer una persecución judicial sistemática, particularmente en la provincia de Bocas del Toro, donde se han registrado incidentes de tortura, desapariciones forzadas y asesinatos extrajudiciales sucedidos durante el estado de emergencia.
La Alianza manifestó su apoyo al Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), sindicatos de profesores, gremios bananeros y comunidades indígenas, todos ellos lidiando con procesos legales que, de acuerdo con su denuncia, no poseen base jurídica. Más de 120 casos se han iniciado contra líderes de sindicatos, además de esfuerzos por aniquilar sindicatos históricos.
“Estamos ante una ofensiva autoritaria sin precedentes. No solo buscan encarcelar a líderes sociales, sino desaparecer las organizaciones que representan al pueblo”, declaró Yamir Córdoba, portavoz de la Alianza.
Las reclamaciones se llevarán a cabo ante entidades internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), teniendo en cuenta que Panamá, en su calidad de signatario de convenios internacionales, tiene la obligación de respetar los derechos humanos y de los trabajadores.
“La intervención internacional es una herramienta legítima para frenar esta política de persecución. Panamá no puede seguir actuando al margen del derecho internacional”, enfatizaron.
Finalmente, la Alianza manifestó su rechazo a la Ley 462, tachándola de represiva y contraria a los derechos establecidos en la Constitución. Se dirigieron a la unidad, la resistencia y la movilización social hasta conseguir su derogación.
