Seguridad con sello Bukele: El plan de Peña que refuerza la dependencia de EEUU
Paraguay avanza hacia una tendencia de manera silenciosa pero profunda: en nombre de la seguridad se consolida un modelo que mezcla control militar, dependencia externa y debilitamiento de derechos. Dos años después de asumir, el presidente Santiago Peña replica el camino de Nayib Bukele en El Salvador. Megacárceles, operaciones especiales y acuerdos estratégicos con Estados Unidos marcan una agenda que promete orden, pero instala un estado de excepción permanente.
Lo que aparece como una política de seguridad es, en realidad, una reconfiguración del Estado paraguayo. La militarización del campo, la criminalización de la protesta y las nuevas leyes punitivas muestran que el conflicto no se centra solo en el combate al crimen. Se trata de blindar un modelo económico extractivista que beneficia al agronegocio sojero y ganadero, mientras la mayoría de la población ve encarecerse los alimentos y el transporte. El discurso de la seguridad encubre desigualdades crecientes.
Los números oficiales sostienen que la pobreza bajó al veinte por ciento en 2024. Sin embargo, detrás de ese dato, el diez por ciento más rico concentra más de un tercio de los ingresos del país. Esa brecha es palpable en las calles: mientras la deuda pública se cuadruplicó en la última década, las micro y pequeñas empresas sobreviven con ventas en caída. El crecimiento económico que exhibe el gobierno se parece más a una vitrina para inversores extranjeros que a un alivio real para los hogares paraguayos.
La política securitaria tiene raíces anteriores. Desde 2013, con la creación de la Fuerza de Tarea Conjunta, las Fuerzas Armadas ingresaron a cumplir funciones de seguridad interna. Lo que se presentó como una respuesta excepcional frente al Ejército del Pueblo Paraguayo derivó en un mecanismo permanente de control territorial. En 2021, la llamada “Ley Zavala-Riera” criminalizó la ocupación de tierras y dio vía libre a desalojos masivos. Entre 2021 y 2025 más de mil cuatrocientas familias campesinas e indígenas fueron expulsadas, abriendo espacio al avance del agronegocio.
El giro actual suma un componente externo más visible. En agosto, el Senado declaró al Cartel de los Soles como organización terrorista, alineándose con la estrategia de Washington contra Venezuela. En paralelo, el Ministerio del Interior anunció la creación de una unidad entrenada por el FBI en la Triple Frontera, reforzando una presencia estadounidense que ya se extiende desde la Secretaría Nacional Antidrogas hasta convenios migratorios y comerciales. La narrativa del “combate al crimen organizado” se convierte en un canal para profundizar la dependencia.
La apuesta más simbólica de Peña es la construcción de una megacárcel para más de cinco mil personas, inspirada en el modelo salvadoreño. El proyecto, de 31 mil metros cuadrados, busca mostrar eficacia en el control de pandillas y organizaciones criminales. Pero la experiencia regional enseña que estas obras no reducen la violencia estructural: más bien producen un encierro masivo de jóvenes pobres, mientras se expanden los negocios ilegales en connivencia con sectores estatales.
Paraguay no está solo en este camino. Ecuador, con Daniel Noboa, también decretó medidas extraordinarias bajo la retórica de la guerra contra el crimen. La securitización aparece como tendencia regional, con Estados Unidos como actor constante. El problema es que lo que se presenta como solución termina debilitando las bases de la democracia y profundizando desigualdades. La seguridad convertida en dogma genera más control, pero no más justicia.
El desafío para Paraguay es salir de la falsa dicotomía entre “orden” y “caos”. La violencia cotidiana no se resolverá con más policías, más cárceles o más tropas en el campo. Se resolverá con políticas que reduzcan la desigualdad, que fortalezcan a las comunidades rurales y que restituyan derechos en lugar de restringirlos. Militarizar puede dar votos en el corto plazo, pero sin lugar a duda, erosiona el tejido democrático en el largo plazo y produce profundos daños que afectan sobre todo a los sectores populares.
Editorial Nodal
