Pesca ilegal en Perú, problema tan grave como la minería ilegal
La presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería advirtió que la pesca ilegal avanza a un ritmo alarmante en el país, generando pérdidas millonarias y alimentando redes criminales.
La pesca ilegal amenaza con convertirse en el próximo gran problema económico y de seguridad para el Perú. Así lo advirtió Jessica Luna, presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), quien comparó su avance con el impacto que actualmente genera la minería ilegal en el país.
“Lamentablemente, hoy el foco está en la minería ilegal. Si no avanzamos rápidamente en atender la problemática urgente de la pesca ilegal, vamos a tener en muy pocos años lo mismo que estamos viendo en minería ilegal, en pesca ilegal”, declaró a RPP.
Según el Ministerio de la Producción (Produce), la pesca ilegal provoca pérdidas económicas anuales estimadas en 500 millones de dólares. Sin embargo, el daño va más allá de lo monetario: implica explotación de recursos marinos con métodos destructivos —como el uso de explosivos—, construcción ilegal de embarcaciones y actividades vinculadas al lavado de dinero.
“Este ecosistema ilegal alimenta la extorsión, el sicariato y la inseguridad que todos los peruanos vivimos preocupados en el día a día”, subrayó Luna.
Uno de los principales obstáculos para enfrentar este problema es la falta de trazabilidad y control en gran parte de la flota pesquera. Mientras que la pesca industrial de anchoveta cuenta con control satelital y trazabilidad permanente, en otros sectores la fiscalización es casi inexistente. Produce ha intentado implementar el control satelital en la pesca artesanal, pero enfrenta resistencia de un sector que opera al margen de la ley.
“Son 14,000 embarcaciones sin control satelital de un total de 18,000”, precisó Luna, destacando que la pesca formal representa una minoría, situación similar a lo que ocurre en la minería.
La titular de la SNP recalcó que combatir a las mafias de la pesca ilegal exige un trabajo articulado entre el Ministerio de la Producción, la Fiscalía, las Fuerzas Armadas y el Poder Judicial. Las zonas más afectadas se ubican en Ica, Chimbote, Paita y Piura, donde se requieren operativos conjuntos.
