El Gobierno habla de casi un centenar de detenidos durante el paro nacional en Ecuador
El pasado miércoles, la justicia ordenó la prisión preventiva para 12 de los 13 procesados por el delito de terrorismo debido a su presunta participación en los ataques violentos en Otavalo.
Cerca de un centenar de personas han sido detenidas durante las manifestaciones en el marco del paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel y otros reclamos.
El ministro del Interior, John Reimberg, señaló que, hasta el momento, han detenido a entre «95 y 96» personas, 10 más que el jueves.
El pasado miércoles, la justicia ordenó la prisión preventiva para 12 de los 13 procesados por el delito de terrorismo debido a su presunta participación en los ataques violentos del lunes a un destacamento policial en la ciudad de Otavalo, en la provincia andina de Imbabura.
Entre los detenidos figuran dos venezolanos, que las autoridades presumen que están vinculados al grupo criminal transnacional Tren de Aragua, y catalogado por el Gobierno de Daniel Noboa como «terroristas».
Líderes obligarían a las comunidades a salir
Mientas los indígenas denuncian represión, Reimberg recordó que el Gobierno actúa cuando los manifestantes intentan atentar contra propiedades y anotó que las fuerzas del orden no permitirán el cierre de vías, por lo cual despejan los cortes parciales que realizan los manifestantes.
A primera hora de este viernes, por ejemplo, los manifestantes cruzaron troncos y ramas de árboles en una vía del norte de la provincia de Pichincha, cuya capital es Quito, mientras que en la de Imbabura había cuatro cortes en distintas zonas, que impedían la normal movilización.
El funcionario indicó que hay líderes que presuntamente amenazan con multar y limitar el acceso al agua a habitantes de ciertas comunidades si no salen a las manifestaciones, que desde el lunes se han registrado más notoriamente en provincias como Pichincha, Imbabura y Cotopaxi, mientras anoche ocurrieron también en la ciudad andina de Cuenca, en las provincia del Azuay.
Esta semana, el Gobierno ha entregado un millar de documentos que brindan seguridad jurídica a las comunidades para administrar de manera responsable el agua y avanza en el proceso de millonarios proyectos de agua potable y saneamiento, en beneficio de más de 1,2 millones de habitantes a escala nacional, según el Ministerio de Ambiente y Energía.
