Corte Constitucional da paso a consulta popular sobre Asamblea Constituyente impulsada por Noboa
La Corte Constitucional emitió dictamen favorable para la convocatoria a consulta popular con el fin de instalar una Asamblea Constituyente, después de que el presidente Daniel Noboa ajustó el estatuto.
La Corte Constitucional del Ecuador emitió este miércoles 24 de septiembre de 2025 dictamen favorable para la convocatoria a consulta popular con el fin de instalar una Asamblea Constituyente. La iniciativa es impulsada por el presidente Daniel Noboa.
El pronunciamiento llegó pocas horas después de que Noboa ajustó el estatuto para la Constituyente y eliminó 13 considerandos de la propuesta inicial, conforme había requerido el máximo tribunal. Según el organismo, los ajustes garantizan «el cumplimiento de los requisitos de claridad y lealtad al elector».
De esta forma, el Consejo Nacional Electoral (CNE) podrá juntar esta consulta popular con el referendo previsto para el 16 de noviembre próximo, en el que los ecuatorianos también decidirán sobre la instalación de bases militares extranjeras en el país y el financiamiento de partidos políticos.
Así sería la distribución de escaños provinciales en la Asamblea Constituyente planteada por Daniel Noboa
La consulta planteada por Noboa se dará en estos términos:
“¿Está usted de acuerdo en que se convoque e instale una Asamblea Constituyente, cuyos representantes sean elegidos por el pueblo ecuatoriano, de acuerdo con las reglas electorales previstas en el Estatuto Constituyente adjunto, para elaborar una nueva Constitución de la República, la cual entrará en vigencia únicamente si es aprobada posteriormente por las y los ecuatorianos en referéndum?”
En su decisión, la Corte dijo que el control de constitucionalidad, tanto de vía como del estatuto para convocar a una Asamblea Constituyente, «no es un pronunciamiento que busca reemplazar al pueblo, sino que tiene como propósito garantizar las condiciones para que el soberano pueda pronunciarse con información clara y reglas transparentes».
Si se aprueba en la consulta popular, la Constituyente estará integrada por 80 asambleístas, de los cuales 24 serán en representación nacional, seis de las circunscripciones del exterior y 50 asambleístas constituyentes provinciales.
Además, el voto será en listas cerradas y bloqueadas, donde los electores marcarán la casilla de la lista de su preferencia.
Conaie denuncia al Gobierno por suspensión de señal de TV del Movimiento Indígena de Cotopaxi
Arcotel no se ha pronunciado en cuanto a la suspensión de la señal de la TV del MICC ni en sus redes sociales ni en su página web.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) hizo otra denuncia en contra del Gobierno de Daniel Noboa este miércoles 24 de septiembre.
Suspensión de señal de TV del MICC en medio del paro convocado por la Conaie
La Conaie denunció la tarde de este miércoles 24 de septiembre la “censura y suspensión arbitraria de TV MICC, canal comunitario del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) ordenada por Arcotel y Daniel Noboa”.
Agrega que este es un acto de censura en medio del paro nacional que convocaron, contra un medio que informa y “visibiliza la verdad frente a la represión”.
Además, la Conaie apunta que “la Constitución, el Convenio 169 de la OIT y la ONU reconocen el derecho de los pueblos a tener sus propios medios sin censura. El Gobierno busca silenciar voces y consolidar un patrón de persecución contra el movimiento indígena y social”.
Por ello, llamaron a los organismos nacionales e internacionales a intervenir de inmediato.
Arcotel no se ha pronunciado en cuanto a la suspensión de la señal de la TV del MICC ni en sus redes sociales ni en su página web
Suspensión sería para precautelar la seguridad nacional
El Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) denunció “la suspensión arbitraria de la señal de TV MICC, medio comunitario que durante años ha servido como voz de las comunidades indígenas, campesinas y sectores populares de la región”.
Informó que el 23 de septiembre de 2025, mediante el Informe Jurídico IJ-CZO3-2025-0166, Arcotel resolvió suspender las emisiones del canal comunitario TV MICC amparándose en el supuesto de “precautelar el orden público y la seguridad nacional”, dice el MICC.
Esta señal se transmite en Latacunga, Salcedo, Ambato, Cevallos, Quero, Pelileo, Píllaro y Tisaleo.
Agrega que esta decisión, basada en disposiciones del Código Orgánico Administrativo y la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, constituye un acto de censura directa, contrario al derecho constitucional de libertad de expresión, comunicación y resistencia.
Ante esto, el MICC exige:
La inmediata restitución de la señal de TV MICC.
El cese de las prácticas autoritarias y de censura contra los medios comunitarios.
El respeto irrestricto a la libertad de expresión y al derecho de las comunidades a comunicar su realidad sin mordazas.
43 denuncias de desapariciones forzosas se registran en ecuador, según informe de amnistía internacional
Organización pide revertir la militarización y ubicar los derechos humanos en el centro de las políticas públicas
Amnistía Internacional, organización de derechos humanos, presentó un informe que recoge casos de vulneraciones de derechos en el contexto del conflicto interno armado en Ecuador.
El informe titulado ‘Son militares, yo lo vi’, recoge los casos de 10 personas desaparecidos en las provincias de Esmeraldas, Los Ríos y Guayas, en el 2024.
La presentación del informe se dio por parte de representantes de Amnistía Internacional.
Amnistía Internacional, que opera en más de 150 países, expuso que Fiscalía de Ecuador informó que tiene 43 denuncias abiertas por posible desaparición forzada. Para Amnistía, esta cifra podría ser un subregistro.
A su vez, el Comité Permanente por la Protección de los Derechos Humanos (CDH) registra al menos 33 casos de este tipo en la Costa.
Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, expuso que la organización revisó cinco casos con diez desaparecidos, se verificó evidencia documental, además de videos de esas situaciones y además tomó contacto con familiares de los desaparecidos y organizaciones que lo acompañan. Todos eran personas jóvenes e incluso niños.
Los casos analizados:
Cirilo Minota, de 35 años, detenido el 4 de abril de 2024 en Esmeraldas.
Dave Loor, de 20 años, y Juan Santillán, de 27, aprehendidos en Ventanas, en Los Ríos, el 26 de agosto de 2024.
Jostin Álvarez, de 17 años, y Jairo Tapia, de 16, retenidos durante un allanamiento en Babahoyo, el 3 de septiembre de 2024.
Dalton Ruiz, de 34 años, en un control de Pimocha, en Babahoyo, el 20 de octubre de 2024.
Los cuatro menores Steven Medina, Nehemías Arboleda, Josué Arroyo e Ismael Arroyo fueron retenidos por una patrulla militar en el sur de Guayaquil, en diciembre anterior. Luego fueron abandonados en Taura. Días después fueron hallados sin vida en un río de la zona.
En estos casos, la representante de Amnistía expuso que se cumple tres parámetros de la desaparición forzada: la privación de la libertad, participación de agentes estatales, en base a evidencias, y la negación de autoridades a reconocer la detención o informar del paradero de las víctimas.
“Esto se ve agravado por las enormes barreras que están enfrentando los familiares para buscar a sus seres queridos y para conseguir justicia”, expuso la representante, quien expuso que los familiares son los que inicialmente buscan a sus allegados.
Además, detalló que se ha detectado que no hay una acción activa por la búsqueda ni en primera instancia les han recibido una denuncia. “Las investigaciones han sido extremadamente lentas, se realizan diligencias investigativas tan tardias que pierden sentido, se llega al lugar de los hechos semanas o meses después cuando ya todo cambió…”, expuso.
Sobre la puesta de militares para atender estados de excepción y el conflicto interno armado, Amnistía expuso que esta estrategia ha abierto puerta a violaciones de derechos humanos y coloca a personas en riesgo.
Por ello, planteó una serie de medidas, entre esas revertir la militarización de seguridad pública y situar los derechos humanos en el centro de las políticas de seguridad, garantizar las investigaciones inmediatas, asegurar la cooperación de FF.AA con autoridades judiciales, proteger a las familias de las víctimas y garantizar las medidas de reparación integral, además de permitir mecanismos internacionales de derechos para dar asistencia técnica a la Fiscalía en investigaciones de desapariciones forzadas.
“El Estado tiene el deber de buscar a las personas desaparecidas y asegurar que se haga justicia, los familiares tienen derecho a buscar a sus familiares, los familiares tienen derecho a participar de la búsqueda llevada adelante por el Estado, el Estado tiene el deber de darles la protección que requieren en el marco de su labor de búsqueda”, detalló la representante de Amnistía Internacional.
