Del gatillo al fallo: tres años después del intento de magnifemicidio contra Cristina Fernández de Kirchner
El 1 de septiembre de 2022, en Recoleta, un arma apuntó a la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner y no disparó. Tres años después, el desenlace no se produjo en la calle sino en los tribunales: la Corte Suprema dejó firme su condena en la causa Vialidad y consumó su proscripción política. La secuencia resume una tesis central: cuando no puede el tirador, puede el juez.
Este aniversario permite mirar en perspectiva cómo la violencia física y la judicial se articularon en un mismo proceso. Lo que comenzó con un gatillo que no funcionó se consolidó en un fallo que sí impactó, clausurando la participación electoral de la dirigente y restringiendo el derecho de millones de votantes.
De la Causa Vialidad al atentado fallido: proscripción e impunidad
La noche del 1 de septiembre de 2022, Fernando Sabag Montiel gatilló dos veces su pistola a centímetros de la entonces vicepresidenta. El arma no disparó, pero el hecho, calificado como intento de magnifemicidio por expertas de la Organización de los Estados Americanos, evidenció el grado de escalada del odio político.
La causa judicial se centró en los autores materiales —Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo—, mientras quedaron sin investigar líneas que apuntaban a posibles instigadores y financistas. Entre ellas, el testimonio sobre el diputado del Pro Gerardo Milman, que habría anticipado el ataque, y el financiamiento de la agrupación de ultraderecha Revolución Federal, vinculada al Grupo Caputo Hermanos. La ausencia de indagación sobre estos puntos consolidó lo que la defensa definió como una “desinvestigación”: un proceso judicial que evitó llegar a los responsables intelectuales.
En paralelo al atentado, avanzaba la causa Vialidad. Iniciada en 2016 con una denuncia de funcionarios de la gestión de Mauricio Macri, derivó en un juicio oral en 2019 y en la acusación de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en 2022. En diciembre de ese año, el Tribunal Oral Federal N.º 2 condenó a Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
El proceso continuó con apelaciones y filtraciones mediáticas. Finalmente, el 10 de junio de 2025, la Corte Suprema confirmó la sentencia, dejando firme la proscripción justo cuando la ex presidenta había oficializado su candidatura legislativa en la provincia de Buenos Aires. La cronología de la Causa Vialidad, que se extendió por casi una década, revela cómo un proceso judicial se convirtió en la vía para consumar la proscripción. El resultado fue inequívoco: lo que no pudo concretar el disparo, lo logró la condena.
Calles movilizadas, democracia condicionada
El atentado y el fallo no quedaron en el plano institucional. En ambos momentos hubo una respuesta masiva en las calles. El 2 de septiembre de 2022, miles de personas marcharon en Plaza de Mayo y en varias ciudades bajo consignas en defensa de la democracia. Tres años después, en junio de 2025, sindicatos, organizaciones sociales y movimientos políticos cortaron accesos a la Ciudad de Buenos Aires y se movilizaron en Rosario, Córdoba y Tucumán bajo la consigna “Cristina proscripta, el pueblo movilizado”.
Las movilizaciones expresaron un rechazo a lo que amplios sectores identifican como una persecución que excede lo judicial. La condena no es solo una sanción penal: es un cepo al voto popular que limita la representación política de una parte significativa de la sociedad argentina.
El asedio y la banalización del odio
El discurso político del actual gobierno de Javier Milei ha contribuido a la banalización de la violencia política y a una “inversión de la lógica”. Esta estrategia opera en dos niveles: la resignificación de consignas y la creación de equivalencias. Por un lado, se apropió del lema “Nunca Más”, resignificando un límite ético en un recurso retórico sin relación con su origen. Por otro, utilizó episodios menores —como el lanzamiento de un brócoli en un acto— para equipararlos al intento de asesinato. Esta estrategia de equivalencias diluye la gravedad del atentado y desvía la atención de las responsabilidades políticas y financieras detrás de la violencia.
Tres años después: una democracia en disputa
El recorrido de estos tres años plantea una conclusión incómoda: la violencia física y la judicial son dos caras de una misma estrategia de disciplinamiento político. La bala que no salió fue sustituida por un fallo que sí salió. El objetivo no se limitó a excluir a la principal dirigente del campo nacional y popular, sino a bloquear un proyecto de redistribución y transformación social.
El caso argentino se inscribe en una dinámica regional en la que el lawfare se convirtió en una herramienta de proscripción. Brasil con Luiz Inácio Lula da Silva y Ecuador con Rafael Correa son antecedentes de una misma lógica. En todos los casos, el efecto fue el mismo: condicionar la democracia a través de los tribunales.
Hoy, a tres años del intento de magnifemicidio, la pregunta es si Argentina podrá sostener un sistema democrático en el que la competencia electoral no quede subordinada a la violencia política ni a los fallos judiciales.
