Estados Unidos avanza en el Caribe y presiona en México y Ecuador bajo el pretexto del narcoterrorismo
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegó este 2 de septiembre a México y en pocos días estará en Ecuador. Su gira busca instalar acuerdos de seguridad bajo el paraguas de la lucha contra el narcotráfico y la migración. Pero el viaje ocurre en un contexto más amplio: un despliegue naval de gran escala en el mar Caribe frente a Venezuela y la reactivación de la narrativa del “Cártel de los Soles” como amenaza regional.
Rubio es hijo de padres cubanos que emigraron a Estados Unidos huyendo de la dictadura de Fulgencio Batista. Se convirtió en el primer secretario de Estado de origen latino. Su figura es relevante dentro del Partido Republicano: ayudó a traccionar una parte importante del voto latino hacia Donald Trump, elemento decisivo en su victoria electoral del 2024. Rubio también acumula frentes abiertos en la política internacional: está sancionado por China desde 2020 por su respaldo a las protestas en Hong Kong. Al mismo tiempo, ha reforzado su alineamiento con Taiwán e Israel, defendiendo públicamente la soberanía de la isla frente a las presiones chinas y respaldando de manera consistente las políticas israelíes en Medio Oriente.
No es la primera vez que Marco Rubio recorre América Latina. En febrero de 2025 estuvo en Panamá y Costa Rica, donde firmó acuerdos de deportación y cooperación contra el narcotráfico. En marzo, su gira por el Caribe incluyó Guyana, Surinam y Jamaica, con el objetivo de afianzar la cooperación militar y energética en territorios pequeños pero estratégicos frente a Venezuela y China. Ahora, entre agosto y septiembre, culmina el recorrido con México y Ecuador, piezas clave de la política exterior de Estados Unidos: México por el control del narcotráfico y la migración, y Ecuador por la seguridad interna.
Su perfil permite explicar el rol que cumple dentro de la administración de Donald Trump, que combina dos elementos: presión diplomática y demostración de fuerza militar. Mientras Rubio estrecha manos en Ciudad de México y Quito, el Pentágono moviliza destructores, un crucero de misiles, un submarino nuclear y más de cuatro mil marines en aguas caribeñas. La operación se presenta como una campaña antidrogas, pero en la práctica funciona como advertencia contra Caracas y como herramienta de disciplinamiento regional.
En México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el eje de la reunión con Rubio será la cooperación en seguridad. El intercambio de información, capacitaciones y nuevas investigaciones conjuntas marcan la agenda inmediata. Sin embargo, la mandataria dejó claro que no habrá presencia militar extranjera en suelo mexicano.
En Ecuador, donde se multiplican los hechos de violencia vinculados a bandas locales, el presidente Daniel Noboa recibirá a Rubio junto con su canciller Gabriela Sommerfeld. Allí, el tema central será la seguridad interna y su conexión con la política antidrogas de Washington.
La doctrina estadounidense contra el narcotráfico ha mutado en las últimas décadas. Hoy se habla de “narcoterrorismo”, un término que fusiona crimen organizado y terrorismo. Esta categoría funciona como herramienta política: habilita medidas de excepción, militariza la seguridad interna y justifica intervenciones fuera del territorio estadounidense. En ese marco, el Cártel de los Soles se presenta como el argumento central de EEUU para proyectar poder en la región.
Como explica Valeria Silva Guzmán en su artículo “El juego de Trump: la persecución de Nicolás Maduro y el Cártel de los Soles” (Nodal, agosto de 2025) el origen de este cártel se remontaría a 1993, presentándose como una red dirigida por militares y por el propio presidente de Venezuela Nicolás Maduro. Así, esta denominación se transformó en el eje de un relato que presenta a Venezuela como un supuesto “narcoestado” y que ha servido de base para justificar medidas coercitivas unilaterales y maniobras de presión internacional. Cabe destacar que informes recientes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) no mencionan a Venezuela como productor ni como ruta principal de drogas ni tampoco al Cártel de los Soles. Tampoco aparece en el Informe Mundial sobre Drogas 2025 de Naciones Unidas, que incluso reconoce al país como libre de cultivos ilícitos.
Así, el cártel funciona como excusa para medidas coercitivas unilaterales, bloqueo de activos y operaciones militares. Estados Unidos sostiene que Los Soles tienen vínculos con el Cártel de Sinaloa en México y que manejan rutas de cocaína y drogas sintéticas hacia su territorio. Con esa narrativa, Rubio encuentra terreno fértil para sellar compromisos con Sheinbaum y Noboa.
La respuesta de Venezuela no se hizo esperar. Maduro desplegó 15 mil efectivos en la frontera con Colombia, movilizó aeronaves, drones y patrullas fluviales, y sumó a la Milicia Bolivariana, que supera los 4 millones de integrantes como parte de una estrategia de defensa integral y reafirmación de soberanía frente al imperialismo estadounidense. Rusia, aliado estratégico de Caracas, declaró además que está preparado para respaldar al país ante cualquier agresión.
La paradoja es evidente: mientras se multiplican los ejercicios militares y los discursos de guerra contra el narco, Estados Unidos sigue siendo el principal mercado de consumo y el centro mundial del lavado de dinero. Informes de la propia DEA señalan que el sistema financiero estadounidense, incluidas inmobiliarias y plataformas digitales, absorbe capitales provenientes de las redes criminales que dice combatir.
La gira de Rubio y la avanzada militar en el Caribe reafirman la vigencia de una doctrina que mezcla seguridad interna con defensa externa y que busca alinear a América Latina bajo los intereses estratégicos de Washington. La narrativa del narcoterrorismo cumple una función política: justificar la militarización y debilitar cualquier intento de soberanía regional. Frente a este escenario, el desafío para la región es diseñar una política propia que distinga entre seguridad interna y defensa, y que no convierta la cooperación en una puerta abierta a la intervención.
Frente a este escenario, el desafío para la región es diseñar una política de defensa integral y soberana que permita poner en cuestión los procesos de cooperación, más parecidos hoy a una puerta abierta a la intervención que a soluciones eficaces para los problemas.
