28S: “Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito”
*Por Marisela Ramírez
Cada 28 de septiembre se conmemora el Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, fecha que reúne a organizaciones sociales, feministas y de derechos humanos en América Latina y el mundo para reclamar su reconocimiento como un derecho fundamental. El caso de El Salvador es paradigmático por su legislación restrictiva y los debates sobre natalidad, políticas de población y derechos reproductivos en un contexto de profundas transformaciones demográficas.
En El Salvador, el aborto está prohibido desde 1998 en todas sus formas, incluso cuando la vida de la mujer está en riesgo, es resultado de violación o existen malformaciones fetales. Esta prohibición absoluta ha derivado en la criminalización de mujeres con emergencias obstétricas, muchas condenadas a largas penas de prisión. Mientras tanto, países como México, Colombia y Argentina han avanzado en reformas, mostrando un contraste regional.
El VII Censo de 2024 reportó 6,029,976 habitantes, un aumento del 5 % respecto a 2007. El 52.8 % son mujeres, lo que subraya la necesidad de políticas en salud sexual y reproductiva. La Tasa Global de Fecundidad bajó de 2.1 hijos por mujer en 2007 a 1.4 en 2024. El 70.1 % de las mujeres en edad fértil tiene entre uno y dos hijos, y solo el 25.5 % tres o más. También se observa retraso en la maternidad, pues los embarazos ya no se concentran en edades tempranas.
Estos datos confirman que el país atraviesa una transición demográfica avanzada, con fecundidad por debajo del reemplazo, menos jóvenes y una población que envejece. Sectores conservadores vinculan la baja natalidad con políticas “provida” y advierten que despenalizar el aborto agravaría una supuesta crisis poblacional. Sin embargo, la paradoja es que mientras se habla de proteger la vida, no existen políticas integrales de apoyo a la maternidad, infancia ni conciliación laboral-familiar.
El gobierno de Nayib Bukele refuerza patrones culturales patriarcales y una visión de familia tradicional, limitando avances en igualdad y derechos reproductivos. La falta de voluntad política cierra la discusión sobre el aborto, debilita programas de apoyo a mujeres y prioriza discursos pronatalistas que niegan autonomía. Estas políticas contradicen recomendaciones internacionales y profundizan la criminalización de quienes enfrentan emergencias obstétricas. En este marco, la defensa de la “vida” se convierte en un mecanismo de control social sobre los cuerpos de las mujeres.
Los testimonios de algunas mujeres salvadoreñas ilustran esta realidad. Carolina, de 23 años, recuerda su embarazo adolescente: “Nadie me preguntó si quería ser madre; simplemente asumieron que debía hacerlo. Hoy tengo un hijo y muchos sueños en pausa”. Teresa, encarcelada tras una emergencia obstétrica, dice: “Me trataron como asesina. Yo había querido a ese bebé, pero desperté en un hospital esposada. En este país la maternidad no es elección: es condena”. Marta, ingeniera de 35 años, ofrece otra mirada: “Decidí esperar para ser madre. Lo hice porque lo elegí, no porque me lo impusieron”.
Estas historias muestran que la baja natalidad no puede usarse como excusa para negar derechos. El reto no es cuántos nacimientos ocurren, sino cómo vive la población, qué apoyos reciben las familias y qué capacidad tienen las mujeres de decidir libremente. La reducción de fecundidad, el retraso en la maternidad y el envejecimiento poblacional plantean desafíos en pensiones, salud y estructura social. Pero responder con coerción no resuelve nada, solo perpetúa desigualdades y criminalización.
Desde el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular insistimos en que la autonomía y el acceso a salud reproductiva deben estar en el centro del debate. El aborto legal, seguro y gratuito no agrava la baja natalidad, sino que forma parte de una política integral que incluye educación sexual, anticoncepción, apoyo a la maternidad voluntaria y justicia social.
El Salvador sigue bajo la mirada internacional. Campañas exigen la liberación de mujeres criminalizadas, mientras el debate sobre natalidad refleja la contradicción entre discursos oficiales y realidades cotidianas. El desafío es avanzar hacia un enfoque que reconozca autonomía, igualdad de género y dignidad humana, en lugar de usar la demografía como argumento para imposiciones patriarcales.
Garantizar el acceso al aborto legal, seguro y gratuito no es una amenaza demográfica, sino una condición indispensable para sociedades más justas y respetuosas de los derechos humanos.
*Marisela Ramírez – Colectivo de Profesionales Consecuentes/Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular.
