Estados Unidos intensifica la ofensiva en el Mar Caribe y Venezuela responde con unidad
El pasado lunes 16 de septiembre el presidente Donald Trump anunció un nuevo ataque a una lancha que navegaba por el Mar Caribe, con un saldo de tres muertos, presentados por EEUU como supuestos narcoterroristas venezolanos, según publicó junto a un video en su propia red social, Truth Social.
El anuncio ocurre a tan solo tres días de que el gobierno venezolano denunciara y condenara un ataque ocurrido en aguas venezolanas, el 12 de septiembre al buque Carmen Rosa, en el que se transportaban 9 pescadores atuneros.
El lunes 15 de septiembre en conferencia de prensa con más de 47 medios internacionales y 170 representaciones diplomáticas de todo el mundo, el presidente Nicolás Maduro, aseveró que lo que ocurre “es un conjunto de cosas que son falsas todas, narrativas para justificar una escalada, pero el objetivo no es la lucha contra el narcotráfico, el objetivo es entrar y apoderarse de Venezuela, imponer autoridades coloniales y hacer un cambio de régimen para apoderarse de la inmensa riqueza petrolera y gasífera de Venezuela, ese es el objetivo”.
“Somos pacíficos, pero rebeldes. Nadie nos podrá someter”, afirmó.
Estos hechos vuelven a encender las alarmas en América Latina y el Caribe y consolidan la premisa de que Washington utiliza el argumento del narcotráfico para avanzar sobre los recursos estratégicos de la República Bolivariana, especialmente el petróleo. Sin embargo, la respuesta del gobierno del presidente Nicolás Maduro con un amplio apoyo regional revela que la región no está dispuesta a aceptar pasivamente una escalada que amenaza con desestabilizar América Latina.
La ofensiva había comenzado en agosto, con la firma de una orden ejecutiva de Donald Trump que habilitó operaciones militares en el Caribe y duplicó la recompensa por la captura del presidente Nicolás Maduro. Se aceleró así un ciclo de provocaciones. Venezuela respondió activando a más de cuatro millones de milicianos y reforzando sus mecanismos de defensa.
El gobierno bolivariano denunció el hecho como una agresión extrajudicial y puso en marcha el Plan Independencia 200, que incluye despliegues militares en la frontera con Colombia y la movilización de la Milicia Nacional Bolivariana. En paralelo, Nicolás Maduro convocó a jornadas de debate político para definir las líneas de acción de la Revolución Bolivariana en este contexto de presión externa. La estrategia combina defensa territorial con organización popular, demostrando así que Caracas apuesta a una respuesta integral y combativa.
Las reacciones regionales han sido amplias. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP) calificó el accionar de EEUU como “provocador e irresponsable”. Desde Bolivia, el presidente Luis Arce denunció la violación del derecho internacional y advirtió sobre los intentos de Trump de forzar un conflicto bélico. El gobierno de Cuba también rechazó la agresión, mientras que movimientos sociales y organizaciones de República Dominicana y África señalaron que la operación busca aislar y debilitar a Venezuela. Incluso desde Europa, la Asociación de Refugiados de América Latina y el Caribe en Bélgica manifestó su apoyo y reclamó el retiro de los buques estadounidenses del Caribe.
Sin embargo, no todos en la región condenaron el ataque. Gobiernos como los de Guyana y Trinidad y Tobago acompañaron la postura de Washington, generando tensiones con el país vecino y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó el fin del Estatuto Migratorio que protegía a la comunidad venezolana en su país, en un gesto alineado con la estrategia estadounidense. Estas decisiones muestran que la disputa trasciende lo militar y se configura como un proyecto político regional.
Desde el inicio de las amenazas de EEUU en el Mar Caribe, en el mes de agosto, Brasil y Colombia también marcaron posiciones. Luiz Inácio Lula da Silva cuestionó el despliegue militar de Estados Unidos en la última cumbre de los BRICS y llamó a sostener la región como zona de paz, recordando el Tratado de Tlatelolco de 1968. Gustavo Petro, por su parte, rechazó que Colombia sea utilizada para una invasión y advirtió que los conflictos internos de Venezuela deben resolverse mediante el diálogo. Ambos presidentes sostienen que el Caribe es hoy un territorio donde se cruzan intereses energéticos, geopolíticos y militares de alcance global.
El trasfondo económico explica la magnitud de la disputa. Venezuela posee reservas petroleras estimadas en trescientos mil millones de barriles, valuadas en veintiún billones de dólares. Esa riqueza, sumada a su cercanía con las refinerías del Golfo de México, la convierte en un objetivo estratégico para Estados Unidos. Asegurar este recurso significa controlar el mercado energético y, al mismo tiempo, limitar el acceso de potencias como China, Rusia o Irán a crudo barato. La narrativa del narcotráfico funciona como pantalla para un interés mucho más decisivo: la energía.
En este escenario, la pregunta es hasta dónde está dispuesto a llegar Washington y cómo responderá América Latina. El accionar de EEUU demuestra que su política exterior hacia Venezuela no busca diálogo ni estabilidad, sino sostener un frente de presión en un contexto global de disputas geopolíticas. Mientras tanto, Venezuela, acompañada por gobiernos de la región y movimientos sociales internacionales, responde con unidad y el apoyo popular de un pueblo soberano.
