Juicio a Bolsonaro: la fiscalía pidió condenar a todos los imputados por intento de golpe
El fiscal general de Brasil, Paulo Gonet, solicitó este martes al Supremo Tribunal Federal (STF) que el expresidente, Jair Bolsonaro, y los otros siete acusados sean declarados culpables por delitos vinculados a un intento de golpe de Estado en 2022, cuyo objetivo habría sido impedir la asunción del actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Gonet pidió que todos los implicados sean considerados responsables de cinco delitos contra el orden democrático que, aunque no sugirió una pena concreta, podrían acarrear hasta 40 años de prisión.
La Fiscalía General «espera que el juicio acepte la procedencia de la acusación producida», afirmó Gonet al presentar los cargos ante los cinco jueces de la Primera Sala de la Corte Suprema, instancia donde se desarrolla el proceso penal cuya fase final comenzó este martes. Sostuvo que todo lo denunciado fue «debidamente constatado» y «ratificado» por muchos de los 52 testigos escuchados durante la fase de instrucción.
El histórico juicio contra Bolsonaro, acusado de liderar una organización criminal armada con el fin de subvertir los resultados de las elecciones y de intentar un golpe para perpetuarse en el poder, arrancó entre fuertes medidas de seguridad y con la ausencia del principal acusado.
El rol de Bolsonaro
La acusación fue presentada formalmente dando inicio a la etapa conclusiva del juicio, lo cual sugiere que las sentencias no podrán ser apeladas. Entre los cargos figuran tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho y asociación criminal. Gonet presentó un detallado relato sobre las actividades de lo que calificó como una «organización criminal», cuyo objetivo era «desconocer la voluntad popular» e impedir que Lula asumiera la presidencia tras su victoria electoral de octubre de 2022.
“La democracia en Brasil asume su defensa activa frente a un intento de golpe”, aseguró Gonet, quien describió los hechos como “extremadamente graves” y delineó en su denuncia un “panorama espantoso y tenebroso” alrededor de lo investigado.
Según la Fiscalía, el grupo liderado por Bolsonaro desarrolló un “plan progresivo y sistemático” para atacar las instituciones democráticas. La investigación reveló, según Gonet, una organización criminal integrada por exministros, jefes militares y funcionarios de inteligencia. «Las pruebas de la acusación resultan de testimonios y documentos que bastan para afirmar la convicción segura de prácticas repudiadas por la legislación penal», sostuvo Gonet, quien agregó que “el golpe no se consumó porque no tuvo la adhesión de los jefes del Ejército y la Aeronáutica”, que se negaron a respaldar una ruptura democrática.
A su vez, el fiscal responsabilizó al expresidente por las protestas posteriores a los comicios y por la instalación de campamentos frente a cuarteles militares donde se exigía una intervención para impedir la investidura de Lula. Afirmó que «desde 2021 se adoptó la táctica de generar un clima de desconfianza en las instituciones democráticas» a favor de un «proyecto autoritario de poder con fines de golpe», en referencia a la campaña contra el sistema electoral que Bolsonaro lideró desde el Gobierno.
Según la acusación, la conspiración habría comenzado en 2021 con ataques al sistema electoral y derivó en acciones coordinadas antes y después de las elecciones de octubre de 2022. También se documentó un intercambio constante de mensajes entre los líderes de las protestas y los acusados, todos cercanos a Bolsonaro, en los que se alentaba a “mantenerse firmes y no ceder”.
Entre las pruebas figuran testimonios, documentos, correspondencia entre los implicados e incluso borradores de decretos para anular las elecciones. Esta escalada condujo, según Gonet, a los hechos del 8 de enero de 2023, una semana después de la asunción de Lula, cuando miles de bolsonaristas asaltaron las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema en Brasilia, exigiendo una intervención militar.
Gonet señaló que Bolsonaro no solo alentó estas manifestaciones, sino que tampoco impidió los campamentos frente a los cuarteles. Además, mencionó documentos que planeaban vigilar los movimientos de Lula, del vicepresidente Geraldo Alckmin y del propio juez Alexandre de Moraes, relator del caso. Según la acusación, se llegó incluso a considerar la posibilidad de asesinarlos.
La presentación de Gonet fue precedida por un informe presentado por De Moraes, quien afirmó que la conspiración buscaba “instalar un estado de excepción y una verdadera dictadura”. El magistrado señaló que los hechos se produjeron en un contexto de “radicalización política” y advirtió contra la confusión entre «pacificación» e «impunidad».
«Solo queda lamentar que en la historia republicana haya habido un nuevo intento de golpe contra las instituciones y contra la democracia para instalar un estado de excepción y una verdadera dictadura», dijo De Moraes. Recordó que desde el 8 de enero, el STF dictó más de 700 condenas relacionadas con ese ataque, y reafirmó que “la independencia judicial es un principio inflexible de la Constitución brasileña”.
«La historia enseña que la impunidad, la omisión y la cobardía no son opciones para la pacificación porque el camino más fácil, el de la impunidad, deja cicatrices traumáticas y corroe la democracia», concluyó el juez.
El turno de la defensa
De los ocho acusados, sólo uno estuvo presente en la audiencia: el general retirado Paulo Sérgio Nogueira, exministro de Defensa. “Creo en la justicia y en las pruebas presentadas”, declaró a los periodistas.
La defensa de uno de ellos, tornado querellante, el exedecán de Bolsonaro, el teniente coronel Mauro Cid, afirmó que su cliente aportó pruebas claves sobre hechos de «extrema relevancia» que permitieron destapar la trama golpista. Los abogados de Cid, Jair Alves Pereira y Cezar Bitencourt, fueron los primeros en presentar argumentos en la fase final del juicio.
Pereira defendió el acuerdo de colaboración firmado por Cid con la Justicia, en el que este reconoció su participación y colaboró con la investigación, el cual supuestamente debería influir sobre la eventual condena que le cabría a su cliente. Bitencourt, por su parte, redobló su presión sobre Gonet, quien pidió la condena para los ocho procesados a pesar de este acuerdo, acusándolo de sostener «argumentos folclóricos» carentes de fundamento.
“Jamás articuló un golpe, jamás hizo propuestas ilegales (…) Se dice que participó en conversaciones y confeccionó documentos de cuño golpista, pero ¿dónde están esos documentos?”, cuestionó Bitencourt.
El resto de los acusados ha solicitado reiteradamente la nulidad del testimonio de Cid, alegando contradicciones en sus declaraciones y presiones por parte de la Policía y del juez De Moraes, algo que su defensa negó enfáticamente.
Bolsonaro, actualmente en prisión domiciliaria, no asistió a la audiencia. Alegó problemas de salud y ni siquiera solicitó autorización para comparecer. Con tobillera electrónica desde el 4 de agosto, está siendo tratado por «hipertensión, reflujo y broncoaspiración», según informaron sus abogados al diario brasileño Folha.
Mientras tanto, en Brasilia, se reforzó la presencia policial en la Plaza de los Tres Poderes,epicentro del ataque golpista del 8 de enero de 2023, donde se ubican el palacio presidencial, el Congreso y la Corte Suprema. Ese día, miles de simpatizantes de Bolsonaro vandalizaron los centros de poder exigiendo una intervención militar, provocando daños por más de 20 millones de reales, según estimaciones de la fiscalía.
Bolsonaro, quien entonces se encontraba en Estados Unidos, está acusado de ser el instigador de esos disturbios. Es la primera vez que un exjefe de Estado brasileño enfrenta acusaciones de este tipo. Durante su interrogatorio, admitió haber discutido “alternativas” a su derrota electoral, pero negó haber intentado un golpe. Sin embargo, se declara inocente y asegura ser víctima de una “persecución política”, en un contexto donde resta poco más de un año para las elecciones presidenciales.
Lula dice que la Corte Suprema no debe temer a EE.UU. y espera que se haga justicia
Por Bruno Bocchini
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentó el martes (02) sobre el juicio en el Supremo Tribunal Federal (STF) del expresidente Jair Bolsonaro y otros siete acusados . Lula habló con la prensa tras asistir al velorio del periodista Mino Carta en São Paulo.
Bolsonaro es acusado por el fiscal general de la República, Paulo Gonet, de liderar un intento de golpe de Estado para permanecer en el poder tras su derrota electoral en 2022.
«Lo que está sucediendo es que los hechos están saliendo a la luz y la gente empieza a darse cuenta del período desastroso en la historia brasileña que estamos viviendo», enfatizó el presidente Lula.
«Y obviamente, si Mino Carta estuviera hoy sentado frente a su máquina, no el ordenador, sino su máquina, o el bolígrafo, estaría escribiendo quizás la historia más hermosa de lo que ha sucedido en los últimos años en Brasil.»
Cuando se le preguntó sobre las expectativas ante la decisión de la Corte Suprema, Lula dijo que espera que «se haga justicia», con base en los registros y el respeto a la presunción de inocencia.
Nadie juzga a nadie personalmente. En otras palabras, hay un proceso, hay registros, hay acuerdos de culpabilidad, hay pruebas, y la persona acusada tiene derecho a la presunción de inocencia. Puede defenderse, como yo no pude. Y no me quejé. No lloré, luché. Si eres inocente, demuéstralo.
El presidente también comentó sobre los intentos de interferencia del presidente estadounidense Donald Trump.
Mire, no creo que haya razón para temer las acusaciones estadounidenses. Lo que está sucediendo en Estados Unidos es que ha exacerbado, ya sabe, todo lo que hemos conocido en la historia de la humanidad: que un gobierno se involucre en juzgar el comportamiento del sistema judicial de otro país. Es increíble.
Lula reiteró que Trump no fue elegido para ser emperador del mundo, pero enfatizó que si hay voluntad de negociar, «Lulinha Paz e Amor vuelve».
No tengo ningún interés en pelear con los Estados Unidos de Norteamérica, ningún interés en absoluto. Me interesa asegurar que esta amistad de 201 años pueda coexistir democráticamente durante otros 201 años.
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Julgamento da trama golpista: defesas não negam reuniões e esvaziam discurso usado pelo clã Bolsonaro no exterior
Por Octavio Guedes
No 1º dia de sustentações orais no julgamento da trama golpista, um ponto ficou evidente: as defesas não negaram a existência dos fatos relatados pela Procuradoria-Geral da República (PGR). O esforço foi outro — tentar restringir a participação de cada réu, questionar a suficiência das provas apresentadas e, em alguns casos, pedir a absorção de crimes para reduzir as penas.
Chamou atenção a ausência de um dos principais argumentos usados pelo clã Bolsonaro fora do Brasil e que resultou em sanções ao país: a ideia de que haveria uma “ditadura judicial” e de que os processos representam perseguição política. Nenhum advogado dos réus levou essa tese ao Supremo Tribunal Federal.
Esse silêncio desmonta o discurso de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, onde o deputado tem repetido a narrativa de perseguição para justificar acusações contra o pai e aliados. No tribunal, porém, prevaleceu a estratégia técnica: questionar provas, relativizar atos e apontar a falta de participação direta dos clientes.
Admissão de reuniões e tentativas de limitação
Outro ponto relevante foi a admissão, pelas próprias defesas, da existência de reuniões em que se discutiu a reversão do resultado eleitoral. O argumento central, contudo, foi individualizar condutas: “meu cliente estava, mas não falou nada”; “meu cliente não participou”; “meu cliente não colocou as tropas à disposição”.
O advogado Demóstenes Torres, por exemplo, que representa o almirante Almir Garnier, reconheceu a reunião entre Bolsonaro e ministros militares. Mas sustentou que seu cliente não manifestou apoio explícito ao golpe.
Demóstenes foi além ao afirmar que houve uma “desistência voluntária” por parte de comandantes, argumento que buscaria afastar a tipificação penal. Para ele, sem o apoio do Exército — a maior tropa — não havia condições de golpe. Por isso, a retirada configuraria desistência legítima.
Retrato ou filme?
A queda de braço entre acusação e defesa ficou evidente. Enquanto advogados buscam fragmentar os episódios para reduzir a gravidade, a PGR insiste na análise do conjunto. Como destacou o procurador-geral Paulo Gonet, “se você analisar cada ato separado, pode ser que não dê importância; mas é preciso observar os elementos de maneira globalizada”.
Essa diferença de abordagem — olhar o retrato ou o filme inteiro — será decisiva para a interpretação dos ministros.
Do pensamento ao ato em execução
Outro ponto levantado pela acusação é a passagem do plano abstrato para a execução. A denúncia cita o “Copa 22” — um conjunto de ações concretas como monitoramento de autoridades, compra de celulares e discussões de financiamento — como evidência de que a tentativa de golpe já estava em andamento.
Para a PGR, portanto, não se trata de meros atos preparatórios, mas de execução em curso.
