La distribución de la riqueza, del ingreso y del poder en Chile
Sergio Arancibia
Según el World Inequality Data – publicación especializada en estudiar y cuantificar la distribución de la riqueza y del ingreso en el mundo – Chile es un país en el cual el 1% más rico de la población es dueño del 36.6 % de la riqueza.
Si la riqueza está concentrada – fabricas, tierras, minas, bancos, capital financiero, casas, etc. – el ingreso que esa riqueza genera está también concentrado en manos de unos pocos. Así, el 10 % más rico capta el 57.3% de los ingresos, mientras que el 50 % más pobre capta el 6.7% de los ingresos, de acuerdo a datos para el año 2020. Se trata de una de las desigualdades en materia de distribución de ingresos y de la riqueza más altas del mundo.
Datos de esta naturaleza entran en contradicción con cualquier criterio de equidad social o de democracia social que se postule, ya sea basado en criterios éticos, políticos e incluso religiosos. Lo que se muestra con estos antecedentes es que los ricos son muy ricos y los pobres muy pobres, y que la brecha entre unos y otros es profunda y sostenida.
Una desigualdad de esa naturaleza, en ingreso y en riqueza, implica que un porcentaje muy bajo de la población – solo los más ricos – tienen acceso a la mejor educación que es posible conseguir en el país, o en el extranjero, mientras que el 50 % más pobre tiene que estudiar en liceos municipales que no los preparan para ejercer un oficio ni para continuar sus estudios en la universidad, y su condición de pobres los lleva a que incluso es difícil para una gran cantidad de ellos terminar sus estudios de educación media. Datos recientes muestran que hay en el país cinco millones de personas mayores de 18 años que no han terminado sus estudios de educación media.
Con la salud sucede algo similar. Hay algunos que tienen acceso a las mejores clínicas, a los mejores médicos y a los mejores tratamientos y medicinas, frente a cualquier enfermedad, mientras otros tienen que hacer filas en las emergencias hospitalarias y quedar en largas listas de espera para lograr ser atendidos por un especialista o para ser objeto de una operación quirúrgica.
Podríamos citar una larga lista de bienes y servicios propios de las sociedades modernas, en las cuales se pone de manifiesto el acceso y el goce desigual que impera entre los más ricos y los más pobres. Pero uno de los frentes donde la desigualdad mencionada es más peligrosa es en lo que se refiere al acceso al poder político y económico. Se supone que en democracia cada ciudadano tiene un voto, que todos son iguales en ese campo, y que la libre votación de todos esos iguales permite decidir sobre los caminos por las cuales debe transitar el país, y sobre quienes deben ser sus dirigentes.
Pero en la realidad de las cosas, el 1 % más rico del país es dueño y tiene acceso prácticamente ilimitado a los medios de comunicación social y puede, a través de ellos incidir en forma sustantiva en la visión del mundo y del país que tiene la mayoría ciudadana. Si la cantidad y la calidad de propaganda incide en los procesos electorales que se dan en democracia, ese 1% más rico tiene acceso en forma ilimitada a la propaganda que se emite – en forma abierta o encubierta – a través de todos los medios de comunicación social, no solo porque tienen el dinero como para comprar allí los espacios que deseen, sino porque son dueños de la inmensa mayoría de esos medios.
La libertad de expresión, que se supone existe en democracia, pierde así su carácter de ser una sana y equilibrada emisión de las ideas que ciudadanos dotados de iguales derechos puedan expresar sobre los destinos del país, y pasa a ser un mecanismo a través del cual es muy difícil modificar, aun cuando sea levemente, el poder económico, político y cultural que ejerce una minoría.
Esa mala distribución del ingreso, de la riqueza y del poder no se modifica, sino que se profundiza y se fortalece cada vez más, a través de los libres mecanismos del mercado. Solo es posible modificarla por la vía de un gobierno y de un estado que tenga aquello como uno de sus objetivos y que cuente con una clara mayoría social y política que apoye ese tipo de medidas
