La justicia boliviana vuelve al ruedo, a las puertas de la segunda vuelta electoral
Rumbo a la segunda vuelta electoral, las decisiones judiciales que favorecieron a Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari,principales protagonistas del Golpe de Estado de 201, encendieron alertas. Lo que parecía un trámite procesal terminó marcando la agenda: ¿Nos encontramos frente a la consolidación de la impunidad?
Las excarcelaciones y cambios de régimen de detención de estos tres referentes de la derecha boliviana coincidieron con el inicio del camino hacia la segunda vuelta presidencial del 19 de octubre. La justicia, volvió a jugar en el terreno de la política y las recientes resoluciones referidas a las causas de Añez, Camacho y Pumari, aparecieron como mensajes claros, respecto del modelo de país que pugna por instalarse en Bolivia.
El caso de Jeanine Áñez es paradigmático: un tribunal de Sacaba ordenó su liberación en una de las causas por la represión que dejó muertos en 2019, pero la presidenta de facto o dictadora continúa cumpliendo condena de diez años por “Golpe de Estado II”. Camacho, gobernador de Santa Cruz y referente cívico, dejó la cárcel de Chonchocoro a fines de agosto y pasó a arresto domiciliario, en medio de denuncias de corrupción aún vigentes. Pumari, exlíder potosino, obtuvo libertad plena en un proceso y arresto domiciliario en otro. Las imágenes de su salida reforzaron un discurso opositor de “perseguidos políticos”, mientras las víctimas de Sacaba y Senkata hablaron de impunidad.
“Agradezco a la CIDH de la OEA y a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU por alertar sobre la impunidad de los responsables de las masacres de Senkata y Sacaba. La anulación de procesos judiciales contra los golpistas, ordenada por el presidente del TSJ, Romer Saucedo, y obedecida por jueces sin independencia, constituye un grave retroceso en la búsqueda de justicia”, afirmó Evo Morales el 13 de septiembre en un posteo de X. Así mismo el líder popular denunció que el gobierno de Luis Arce “no cumplió las recomendaciones internacionales de “investigar, sancionar y reparar a las víctimas” y que su exministro de Justicia, Iván Lima, pidió indulto para los autores de las masacres, lo que derivó en su liberación por un presunto pacto de impunidad con la derecha boliviana”.
De acuerdo con los datos proporcionados por Morales, aunque desde estos secrtores se difunde la idea de que “se mataron entre ellos” la ONU en 2020 confirmó el uso desproporcionado de la fuerza policial y militar bajo el Decreto Supremo 4078, firmado por Añez y sus ministros para reprimir.
Este miércoles 19 de septiembre, los intentos por conseguir beneficios en el marco de la causa que enfrenta la presidenta, sufrieron otro revés, cuando el Tribunal de Justicia rechazó el recurso con el que Añez buscaba salir de prisión.
Las reacciones fueron inmediatas. El oficialismo defendió la legalidad de los procesos en contra de estas figuras, mientras la Defensoría del Pueblo advirtió sobre el riesgo de dilatar la justicia. Carlos Mesa, expresidente y líder de Comunidad Ciudadana, celebró la liberación de Camacho y Pumaricomo un retorno a la “legalidad”. El expresidente y candidato de la coalición Alianza Libre a la segunda vuelta, “Tuto” Quiroga,denunció maniobras del gobierno de Arce para mantener encarcelados a Camacho y Pumari.
El recurso de revisión de sentencia se declaró inadmisible debido a que no se cumplió con subsanar las observaciones realizadas por el magistrado relator. La defensa de la ex presidenta puede, sin embargo presentar un nuevo recurso.
En paralelo, Evo Morales intervino, luego del proceso electoral con una carta dirigida al Tribunal Supremo Electoral, publicada el 27 de agosto. La misiva denuncia la exclusión de pueblos indígenas y campesinos, y cuestiona la legitimidad de unas elecciones en las que el voto nulo y en blanco superó el millón de sufragios, cerca del veinte por ciento del padrón. Esa cifra, que en algunas circunscripciones superó incluso a los candidatos electos, refleja un desencanto social que no puede ignorarse.
El tablero electoral muestra que el bloque popular deberá optar por opciones de derecha. que oscilan entre el programa de reformas estructurales de Quiroga y el pragmatismo de Rodrigo Paz Pereira, quien ganó la primera vuelta prometiendo un “capitalismo popular” sin ajustes drásticos, pero con reformas institucionales.
Sin embargo, desde las entrañas del movimiento popular indígena reconocen que el giro a la derecha en Bolivia, se había iniciado con la gestión de Luis Arce, quien no sólo descarriló el programa económico del proceso de cambio sino que se posó en políticas antiderechos.
La disputa política se da en medio de una crisis económica que golpea de lleno a la población. La inflación trepó al dieciocho por ciento y los precios de alimentos básicos se duplicaron. Conseguir pan, combustible o dólares se volvió un desafío cotidiano. La industria farmacéutica reportó una caída de un tercio en su producción por falta de divisas, mientras el dólar paralelo cotiza casi el triple que el oficial. La economía, más que un telón de fondo, es el escenario principal.
En ese marco, los recursos estratégicos se transforman en terreno de conflicto. Los contratos de explotación de litio firmados con empresas chinas y rusas quedaron suspendidos por orden judicial. Comunidades originarias celebraron la medida como un triunfo ambiental, mientras el gobierno alertó sobre el riesgo de perder inversiones por más de mil millones de dólares. Algo similar ocurre con la minería tradicional: sindicatos y cooperativas marchan en La Paz para exigir seguridad jurídica frente a avasallamientos de concesiones. Las disputas por las riquezas naturales conectan directamente con el debate sobre el rumbo del país.
Además, en la actualidad continúan presos unos 120 dirigentes campesinos indígenas por haber participado en manifestaciones en contra del gobierno.
La combinación de una justicia cuestionada por convertirse en un instrumento político, la crisis económica y la disputa por los recursos estratégicos explica la efervescencia social que se vive en Bolivia. La pulseada es mayor y en ella se dirime qué modelo de país se definirá después del 19 de octubre. La encrucijada no es solo política. Es también económica, social y cultural.
Bolivia se encuentra en un punto de inflexión. La justicia, la economía y los recursos estratégicos son piezas de un tablero que exige respuestas urgentes.
La clave, claro está, se encuentra en la capacidad del movimiento popular boliviano para rearticularse, entre la polarización y la crisis, para consolidar una propuesta soberana.
