La privatización del átomo: ¿Qué pasará con la energía nuclear y el uranio?
Por Nicolás Malinovsky*
Han pasado ocho meses desde el rimbombante anuncio del “Plan Nuclear Argentino” de Javier Milei, Damian Reidel y Rafael Grossi. El balance es lapidario: lejos de mostrar avances, lo único palpable es el vaciamiento del sector.
Entre los efectos más graves ya se cuentan la cancelación de proyectos estratégicos como el CAREM y las centrales nucleares IV y V, junto con el éxodo de trabajadores especializados que pone en jaque la continuidad misma de la actividad nuclear en el país.
Lo único concreto ha sido, por un lado, el anuncio de la construcción del reactor ACR-300, diseñado por INVAP, que hoy solo existe en papeles y cuya eventual construcción demandaría, siendo generosos, no menos de cinco años, y, por otro lado, el anuncio de la creación de “YPF Nuclear” para la exploración y explotación de uranio, anunciada por Horacio Marin, junto a Reidel y el “combativo” gobernador Nacho Torres.
Esta crisis no es un hecho aislado. Forma parte de un modelo económico y político que afecta a todos los organismos vinculados a la ciencia, la tecnología, las universidades y las industrias de alto valor agregado. La raíz es clara: por un lado, la Ley de Bases (Ley N° 27.742) y el DNU 70/2023, pilares legislativos de un modelo que busca la reprimarización de la economía a través de la destrucción del entramado productivo nacional; por otro, la injerencia del Fondo Monetario Internacional (FMI), que vuelve a endeudar al país a cambio de un programa de desindustrialización, subordinación económica y política.
En el sector nuclear, las consecuencias son inmediatas y visibles. Solo en el último mes, tres ingenieros con más de 15 años de trayectoria en Nucleoeléctrica Argentina S.A. presentaron su renuncia. ¿Cómo se sostiene un “plan nuclear” sin profesionales ni técnicos altamente calificados? ¿Qué credibilidad puede tener un anuncio que, en los hechos, destruye 75 años de trayectoria y de acumulación de capacidades soberanas en materia nuclear?
Lo que emerge detrás de este “plan” es un desmantelamiento deliberado de las capacidades nacionales para reducir nuestras instalaciones a su mínima expresión y subordinarlas a las necesidades e intereses del mercado internacional, en particular de Estados Unidos (EEUU). A modo de ejemplo, la creación de “YPF Nuclear” y la reapertura de la explotación de uranio no apuntan a fortalecer el desarrollo local, sino a garantizar la exportación de mineral para abastecer a la industria estadounidense, que busca independizarse del uranio ruso.
A saber, en el año 2023, EEUU importó el 99% del uranio necesario para sus centrales nucleares, principalmente de Canadá, Australia, Rusia, Kazajistán y Uzbekistá (EIA, 2025).
Asimismo, tras los conflictos entre EEUU y Rusia, el ex presidente Joe Biden logró aprobar la Ley de prohibición de las importaciones de uranio ruso, que prohíbe la importación de productos de uranio ruso a los EEUU a partir del 12 de agosto de 2024, al tiempo que permite un proceso de exención hasta el 1 de enero de 2028.
Agrega la ley: “Esta prohibición respalda el esfuerzo continuo de EEUU por reducir y, en última instancia, eliminar nuestra dependencia del uranio ruso para reactores nucleares civiles, prohibiendo las importaciones de productos de uranio de la Federación Rusa” (United States Department of State, 2024). ¿En suma, la reactivación de explotación de uranio de Milei, Reidel y Grossi, no será un pedido del Norte para suplir el uranio ruso?
En este punto vale recordar que Argentina posee alrededor de 34.000 toneladas de reservas de uranio. El consumo anual de nuestras centrales nucleares -Embalse, Atucha I y Atucha II- es de apenas 220 toneladas, que hoy se importan principalmente de Kazajistán. La minería de uranio en nuestro país fue cancelada en 1997, durante el menemismo, como parte de las políticas neoliberales orientadas al desmantelamiento de sectores estratégicos, entre ellos el nuclear, bajo el argumento de que “importar era más barato”.
Explotar recursos naturales puede ser de gran importancia para el país, siempre que se enmarque en un proyecto político-económico que favorezca a la sociedad toda, dado que la intervención en la naturaleza siempre deja pasivos ambientales.
Sin embargo, la reactivación de la extracción de uranio impulsada por Milei no guarda relación con un proyecto nuclear soberano ni trae beneficios para la sociedad. Su objetivo principal es exportar el mineral para alimentar los nuevos reactores en construcción en EEUU, vinculados a proyectos de inteligencia artificial, en un contexto global marcado por la disputa por los recursos minero-energéticos estratégicos necesarios para las nuevas tecnologías y la transición energética.
En otras palabras, la explotación de uranio responde a un modelo extractivista delineado bajo la Ley Bases y su artículo del RIGI. Vale destacar que Argentina logró completar el ciclo del combustible nuclear en la década de 1970, lo que implicó desarrollar todos los pasos de la cadena de valor para fabricar elementos combustibles (Hurtado y Rolando Gonzales, 2025). El proyecto libertario, en cambio, busca limitarse al primer eslabón: la extracción y venta del uranio como commodity.
A ello se suma la participación de grupos económicos locales como Corporación América, de Eduardo Eurnekian, que ya desembarcó en la minería de uranio y colocó asesores con sueldos millonarios en Nucleoeléctrica Argentina S.A (Bercovich, 2025). Todo esto en un contexto donde los trabajadores del sector nuclear sobreviven con salarios de miseria y el presupuesto de la Comisión Nacional de Energía Atomica (CNEA) se encuentra un 47% por debajo del periodo 2021-2023 (Incicco, 2025), realidad que pone en velo el desarrollo nuclear del país.
En síntesis, la situación es crítica: no está solo en riesgo el futuro de la política nuclear argentina, sino también su presente. Lo que se juega aquí es la soberanía energética, tecnológica y científica del país. Por eso, urge revertir este rumbo: exigir que NASA quede excluida de la Ley de Bases, retomar los lineamientos de la Ley 26.566 de 2009 —que fijó objetivos estratégicos para el desarrollo nuclear— y frenar el proceso de privatización que hoy amenaza con entregar al capital privado y a intereses extranjeros una de las áreas más sensibles de nuestra matriz energética.
Una alternativa concreta sería que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, envíe un proyecto de ley para adquirir el 49% de las acciones de NASA, puestas a remate, ya que la provincia posee las principales instalaciones nucleares del país: Complejo Nuclear Atucha, Centro Atómico Ezeiza y Constituye, centros educativos, entre otros.
La privatización del átomo de Milei, Reidel y Grossi no es un plan nuclear que abogue a la industrialización, es una estrategia de reprimarización y dependencia, diseñada bajo los dictados del FMI. En lugar de proyectar a la Argentina como un actor soberano en el escenario global, la reduce a proveedora de materias primas baratas. Las consecuencias, si no se revierte este camino, será la pérdida de décadas de trabajo, capacidad tecnológica y soberanía nacional.
* Nicolás Malinovsky es autor del libro “Critica de la economía política”, Doctorando en Economía Política Mundial (UFABC, Brasil), Magíster en Gestión de la Energía (UNLa), Ingeniero Electricista (UNRC), Especialista en el sector Nuclear, Diplomado en Anticipación Estratégica y Gestión de Riesgo (UNDEF), Analista de Nodal. Docente en UNPAZ. Redes: @nicomalinovsky.
