¿Nueva política industrial en Estados Unidos?
Enrique Dussel Peters *
Hemos destacado en este espacio de forma reiterada la importancia del sector público en China y su relevancia en la propiedad del producto interno bruto (PIB) chino (superior a 40 por ciento en la actualidad). Hasta hace poco esta característica era una de las principales diferencias en la competencia sistémica entre Estados Unidos y China en la última década. Esta diferencia particular, sin embargo, pareciera reducirse significativamente en la actualidad y el futuro ante nuevas medidas de política industrial tomadas por el presidente Donald Trump en 2025.
Después de décadas en las que internacionalmente “la mejor política industrial era la no política industrial”, bajo la presidencia de Joe Biden se tomaron medidas explícitas para hacer frente a la competencia china. En 2022 Estados Unidos inició con masivas políticas industriales –las Inflation Reduction Act, CHIPS and Science Act y la Ley de Infraestructura– que buscaron apuntalar la competitividad de sectores claves de la economía estadunidense. Con un costo cercano a 15 por ciento de su PIB, estas medidas buscaron fomentar cadenas globales de valor como los semiconductores y la infraestructura para recuperar el liderazgo tecnológico y en la transición energética.
Con la presidencia de Trump desde enero de 2025, sin embargo, la política industrial ha dado un giro drástico. Por un lado, e internacionalmente, Estados Unidos ha impuesto de manera unilateral elevados aranceles a todos sus socios comerciales, además de exigir la reducción del respectivo déficit comercial y compromisos de inversión en Estados Unidos.
Por otro lado, y al menos tan importante, la agenda doméstica de política industrial con Trump en 2025 ha sido significativa (y menos reconocida). Trump ha buscado distanciarse de las medidas de Biden de 2022 –y en contra de los “regalos” ofrecidos, desde su perspectiva–, en aras de que “las empresas paguen”. No existe por ahora una nueva política industrial o directriz nacional, pero las medidas tomadas hasta fechas recientes apuntan hacia una reorientación de la política industrial hacia las empresas estadunidenses y extranjeras establecidas en EU.
Tres recientes casos elucidan estas nuevas tendencias (además de cancelar las medidas de Biden de 2022 y, con ello, abortan el fomento de la transición energética en Estados Unidos). El acuerdo de finales de agosto de 2025 entre Intel y la administración es relevante: Intel habría recibido a través de la CHIPS Act 11 mil millones de dólares (una parte ya aprobada pero todavía no transferida a la empresa), por lo que el gobierno de Estados Unidos se haría propietario de 9.9 por ciento de los activos de la empresa.
Los semiconductores de alta tecnología –considerando que Intel se ha enfrentado a serios problemas tecnológicos y de financiamiento en la última década– son un aspecto crítico del security shoring en su política hacia China. Desde esta perspectiva, y elemento nuevo por parte del gobierno estadunidense, éste se hace propietario de una empresa clave en su política en contra de China. El propio Trump, el secretario de Comercio Lutnick y el secretario del Tesoro Bessent han enfatizado que este tipo de transacciones se generalizarán en el futuro.
Las medidas de la presidencia de Trump hacia Nvidia y AMD –los principales fabricantes estadunidenses de semiconductores de alta tecnología en la actualidad– son al menos de igual relevancia. Desde hace varios años –y ya desde la presidencia de Biden– se habían definido múltiples restricciones a las exportaciones estadunidenses a China en productos de alto nivel tecnológico y particularmente de semiconductores; estas medidas incluso aumentaron con Trump en 2025 vía mayores aranceles y nuevos permisos.
Después de varias rondas de negociaciones entre Estados Unidos y China desde mayo de 2025 (proceso que se prolongará al menos hasta noviembre), Washington cambió drásticamente de estrategia. No sólo liberalizó el envío de semiconductores de alta tecnología a China (ante concesiones chinas en tierras raras hacia Estados Unidos), sino que cobrará a Nvidia y AMD 15 por ciento de sus ingresos; Nvidia incluso ha sugerido vender los semiconductores más sofisticados a China bajo el mismo esquema.
Por último, la adquisición de US Steel por parte de Nippon Steel a mediados de junio pasado es también significativa. La transacción por 15 mil millones de dólares (y compromisos de inversión por otros 11 mil millones de dólares en Estados Unidos) incluyó un poder de veto por parte del gobierno estadunidense para algunas de las actividades de US Steel (“acciones doradas”).
Estas medidas reflejan antecedentes de la mayor relevancia en cuanto a un nuevo instrumentario de medidas de política industrial en Estados Unidos; durante décadas fueron incluso parte de las críticas de ese país a China. Todo indica que la presidencia de Trump estaría en condiciones de masificar estas medidas en el corto y mediano plazos. La construcción naviera y sectores vinculados con la defensa estadunidense parecieran ser los sectores idóneos para esta nueva política industrial.
Más allá de las restricciones fiscales de EU para masificar esta nueva política industrial, los antecedentes en 2025 generan importantes retos en Estados Unidos e internacionalmente. En EU las nuevas medidas han generado preocupaciones ideológicas y en sectores específicos en cuanto a la injerencia gubernamental en el “libre mercado” para recibir ganancias de sus inversiones.
¿Prevalecerá el criterio de la seguridad nacional (y la búsqueda de contención de los avances de China en la inteligencia artificial) o imperará una perspectiva recaudatoria, por ejemplo, en el caso de los semiconductores más sofisticados que Nvidia busca vender a China? Para terceros países, la nueva política industrial refleja una vez más que el “libre comercio” de Estados Unidos está siendo profundamente cuestionado en EU.
Las implicaciones para una futura renegociación del T-MEC en 2026 y negociaciones actuales sobre aranceles impuestos por Estados Unidos también se verán afectadas ante nuevas prioridades por parte de la presidencia de Trump. Por último, también exige que países como México actualicen y replanteen su política industrial (y comercial) mediante nuevos instrumentos.
¿Será?
*Profesor del Posgrado en Economía y coordinador del Centro de Estudios China-México de la UNAM.
