Soberanía Agroalimentaria: Distribución y comercialización de alimentos en Latinoamérica
Por Carolina Sturniolo, Bruno Ceschín y Fernando Rizza*
América Latina y el Caribe es una región potencia en la producción de agroalimentos a nivel global, sin embargo todavía convive con hambre, pobreza y exclusión. La discusión sobre el rol de los Estados Nación, se constituye en una alternativa para recrear modelos productivos sustentables, inclusivos y de integración regional.
Este debate y discusión abarca desde la producción, industrialización y comercialización de las cadenas agroalimentarias, así como el desarrollo científico, tecnológico, bio y nanotecnológico. El orden global de quienes dominan y direccionan el capitalismo como sistema social de producción global, definieron que Latinoamérica y el Caribe tengan el rol de proveedor de materias primas, entre ellas los agroalimentos. Parte de su plan se lleva a cabo mediante la balcanización o división de los pueblos en treinta y tres estados nación o países, las cuales fueron convertidas en exportadoras de materias primas e importadoras de tecnologías y manufacturas.
Como respuesta en materia de soberanía agroalimentaria, algunos actores políticos de estos Estados proponen internamente la creación de Empresas Nacionales de Alimentos o formatos similares. Lo plantean como la oportunidad estratégica para recuperar el control de la producción, distribución y comercialización de alimentos por parte del poder público.
Para Rafael Klejzer, dirigente argentino del Movimiento Popular La Dignidad y director del documental “Empresa Nacional de Alimentos, una respuesta soberana”, el rol de una empresa nacional de alimentos sería una política pública estratégica para la República Argentina. El dirigente expresó en el programa BioNodal, de NODAL, que: “Para los capitalistas el alimento no es un derecho social ni un derecho humano, sino que es una mercancía. Y como mercancía es lo mismo vender una silla, un televisor o un kilo de harina”. Explicó que la matriz productiva argentina, está diseñada para la exportación, lo que obliga a pagar precios internacionales aun siendo productores, “Terminamos importando el precio de los alimentos porque se terminan definiendo los commodities en Chicago.” Para Klejzer, la única salida es que el Estado recupere la capacidad de planificación y pueda desacoplar precios internos de los internacionales.
Durante la pandemia, el “Estado argentino implementó políticas públicas como la Tarjeta Alimentar, pero cada aumento de transferencias derivó en aumentos de precios”. Ese fue el punto de inflexión. “Empezamos a hacer un seguimiento de precios y al año terminamos de redondear una propuesta que implica la empresa pública de alimentos: que el Estado controle, planifique, organice y discuta la producción”, mencionó Klejzer.
En coincidencia con lo planteado por el Centro de Estudios Agrarios en sus trabajos de investigación sobre Vicentin (Dossier Vicentin La Puerta a la Nueva Normalidad -Julio 2020- y Vicentin Estafa Blanca -marzo 2021-), el dirigente, también mencionó que Argentina perdió la oportunidad histórica de tener una empresa nacional o público privada que incida competitivamente en el acopio, distribución y comercialización de agroalimentos. Esto ocurrió durante la presidencia de Alberto Fernández.
Recordemos que el 8 de junio de 2020, Fernández decidió expropiar la empresa Vicentín, la cual se declaró en “estrés financiero” luego de recibir un crédito millonario del Banco Nación en el año 2019, durante la presidencia de Mauricio Macri. Como dato importante cabe mencionar que la empresa Vicentin fue uno de los principales aportantes de la campaña electoral de Macri para reelegirse como presidente (lo cual no logró), lo que demuestra la estafa que sufrió el pueblo argentino.
Al momento de la quiebra, Vicentín contaba con un conglomerado productivo y una red producción-industrialización y distribución, conformada por: aceiteras (San Lorenzo, Ricardone, Renova, Buyatí), refinación y embotellado de aceite (Renova, Renopack), biocombustibles (Renova, Biodiesel Vicentín, Patagonia Bioenergía), glicerina (Renova 1 y 2), Biogás Avellaneda, puertos (San Lorenzo y San Martín), Algodonera Avellaneda, feedlot Los Corrales de Don Nicanor (30.000 cabezas), frigoríficos Friar, bodega Vicentín (vinos y jugo de uva concentrado), exportadora de miel Promiel y Alimentos Refrigerados S.A. (más de 96 presentaciones de yogures, postres y gelatinas). Lo cual deja clara la oportunidad desperdiciada.
¿Son las empresas nacionales de agroalimentos un aporte regional para Latinoamérica y el Caribe? A priori, pareciera que cada país de Latinoamérica y el Caribe tiene propuestas diferentes para enfrentar el rol que el sistema capitalista impone sobre la región. No existe una política articulada regionalmente en materia agroalimentaria, ni por parte de los gobiernos ni por parte de los pueblos, solo algunas organizaciones pensamos y accionamos en entrelazar esfuerzos con una mirada regional.
Los gobiernos de Latinoamérica y el Caribe, ¿tendrán en agenda el desafío coordinar regionalmente políticas y acciones en materia de producción, agro-bio-industrialización y distribución-comercialización de agroalimentos?
*Carolina Sturniolo es Medica Veterinaria, integrante del CEA, Docente en la carrera de Medicina Veterinaria, UNRC. Fernando Rizza es Médico Veterinario. Columnista de NODAL, integrante del Centro de Estudios Agrarios (CEA) y Docente en la Universidad Nacional de Hurlingham, Argentina. Bruno Ceschin es Licenciado en Ciencia Política y Administración Pública. Maestrando en Desarrollo Territorial en América Latina y el Caribe. Integrante del Centro de Estudios Agrarios (CEA).
