Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de NODAL. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Enrique Fernández-Maldonado
La visita del secretario general de la OCDE, Matías Cormann, para reunirse con autoridades y parlamentarios peruanos el pasado martes 29, ha puesto nuevamente los reflectores sobre el proceso de adhesión del Perú al exclusivo club de las 38 principales economías del mundo. El estatus del funcionario y la relevancia del proceso, debiera dar lugar a una discusión pública menos complaciente sobre los avances, desafíos y acciones pendientes, precisamente cuando nos encontramos a la mitad de las doce fases previstas.
La visita de Cormann coincidió con la presentación del informe Estudios Económicos de la OCDE: Perú 2025, con hallazgos no muy auspiciosos para el Gobierno y sus aliados. La OCDE proyecta una desaceleración económica en el 2025-2026, un escenario verosímil considerando la natural incertidumbre que opera sobre las inversiones y el consumo en las vísperas de un nuevo periodo electoral.
Más preocupante aún es que el Gobierno no avanza en aquello que la OCDE exige a sus países miembros. Comenzando por contar con economías equilibradas, sostenibles, que garanticen condiciones de vida adecuadas para sus ciudadanos. En el Perú ocurre todo lo contrario. A nivel macro, el informe anticipa un crecimiento moderado de 2,8% en 2025 y 2,6% en 2026 (por debajo de lo estimado en el Marco Macroeconómico Multianual), a lo que se suma un déficit de 3,5% del PBI en 2024, incumpliendo por segundo año consecutivo la regla fiscal.
A nivel micro, el deterioro de las cuentas fiscales, el estancamiento de la productividad y la persistencia de una elevada informalidad limitan las perspectivas de crecimiento y precarizan la calidad de vida de la población. Para la OCDE, la desaceleración económica está directamente vinculada con la baja recaudación, que además se agrava con el drenaje de recursos que implica la corrupción desbordada y las exoneraciones tributarias a algunas ramas de la industria (restaurantes, hoteles, agroexportación, etc.). Es bastante evidente el escaso interés mostrado por las últimas administraciones para subsanar las diversas recomendaciones hechas por OCDE en sucesivos informes técnicos.
La prueba más notoria de lo distante que nos encontramos de la OCDE reside en la reducida presión tributaria (17% del PBI al 2024): una de las más bajas de la región y muy por debajo del promedio de los países miembro. Para revertir esta situación la OCDE plantea una reforma profunda que combata la evasión, simplifique los regímenes para las micro y pequeñas empresas y aumente la base del impuesto a la renta de personas naturales, aliviando la carga de contribuciones sociales de los trabajadores de bajos ingresos.
En este informe la OCDE recomienda una consolidación fiscal gradual y sostenida, que apunte al equilibrio de la finanzas públicas, la eliminación de subsidios ineficientes y la reducción de gastos tributarios, aumente la tributación de la propiedad, los impuestos ambientales y los selectivos al consumo.
Sin justicia y debido proceso no hay OCDE que valga
Pero no solo los resultados económicos nos pintan rezagados respecto de los países postulantes de la OCDE (Argentina y Brasil en la región). En materia de seguridad jurídica el Perú tampoco tiene nada bueno que mostrar. Y no es un aspecto menor, sino clave para toda economía que aspira a atraer las inversiones que son necesarias para el crecimiento.
En el Estudio de la Justicia en el Perú (2024), la OCDE identificó avances pendientes en áreas clave como la gobernanza del sistema judicial, recomendando al Gobierno peruano fortalecer la “impartición de justicia para hacer cumplir con eficacia las leyes y regulaciones existentes y evitar la impunidad”. Un aspecto imprescindible para lograr este fortalecimiento es garantizar la ejecución pronta y efectiva de las sentencias de los tribunales nacionales e internacionales a cuya jurisdicción el Perú se sometió voluntariamente. Desobedecer estas resoluciones constituye un ilícito internacional y contraviene el derecho a la protección judicial, pilar esencial del Estado de derecho en cualquier parte del mundo.
De hecho, en la reciente sentencia sobre el Caso Miembros del Sindicato Único de Trabajadores de Ecasa (SUTECASA) vs. Perú, la CIDH sentenció: “En Perú existe una problemática estructural de incumplimiento de fallos judiciales adoptados en el orden interno y demora en la ejecución de decisiones de amparo referidas, entre otros, a asuntos que incluyen el pago de retribuciones salariales, pensiones y de otros conceptos». Y a renglón seguido, invocó al Estado peruano a instituir, en el plazo de un año que rige hasta noviembre, “una instancia de debate y reflexión en el Poder Judicial, […], que constituya un espacio de diálogo para analizar tal problemática estructural, y reflexionar sobre posibles medidas administrativas, normativas y políticas públicas necesarias para superar tal problemática, a la luz de los estándares establecidos en esta Sentencia […] y de las obligaciones internacionales del Estado en materia de garantía de los derechos establecidos en la Convención Americana y en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores”.
Como es previsible, hasta la fecha este espacio no ha sido creado, postergando las reformas que exige el sistema de justicia. A lo que se suma el interés compartido del Ejecutivo y el Legislativo, desde el inicio de su alianza, de forzar una salida injustificada del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como la denuncia del Pacto de San José de Costa Rica. Decisión que eximiría al Estado peruano, luego de un largo proceso, de cumplir con sentencias de la CIDH que le ordenen realizar debidos procesos y remediar violaciones a los derechos humanos cometidos por el propio Estado o por terceros.
Este contexto tiene como antecedente la aprobación, en los últimos dos años, de un conjunto de leyes que debilitan el sistema penal sobre crimen organizado, la impunidad de los violadores de derechos humanos cometidos durante el conflicto armado, la criminalización de la protesta y el control político de la cooperación internacional al desarrollo. Un combo que apunta a acotar el espacio cívico democrático y reducir la capacidad de participación y respuesta de las organizaciones sociales y de la ciudadanía en general. Todo lo cual representa un paso en falso en los esfuerzos que, en teoría, estaría impulsando el Gobierno peruano para cumplir con los estándares exigidos por la OCDE.
Lo cierto es que el ingreso de Perú a la OCDE es cada vez más incierto y difícil de imaginar. Las iniciativas emprendidas para encarar el proceso de adhesión corren el riesgo de quedar en el limbo por la decisión política de nuestras autoridades de atentar contra la seguridad jurídica del país. Incumplir los fallos de las cortes nacionales y del Sistema Interamericano es un claro ejemplo de cómo dispararse a los pies ni bien comenzando el baile.
*Sociólogo por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)
