Asociación Cubana de las Naciones Unidas denuncia efectos del bloqueo de EE. UU. contra la población cubana
La ACNU reunió a organizaciones sociales en La Habana para exponer el impacto humano y económico del bloqueo.
Por: Gabriel Vera Lopes
La Asociación Cubana de las Naciones Unidas (ACNU) realizó este viernes (24) el XXI Foro de la Sociedad Civil Cubana contra el Bloqueo. El encuentro, celebrado en la emblemática Casa de las Américas, reunió a un centenar de representantes de organizaciones sociales, centros científicos y asociaciones de personas con discapacidad, con el fin de denunciar y reflexionar sobre las consecuencias humanas, sociales y económicas que la sostenida política de hostilidad de Estados Unidos provoca en la vida cotidiana de la población de la isla.
La actividad se enmarca en las acciones que la sociedad civil cubana realiza anualmente con miras a la votación, en la Asamblea General de la ONU, de la resolución que exige el fin del bloqueo, la cual tendrá lugar este año el próximo miércoles (29).
Durante la inauguración, la presidenta de la ACNU, Norma Goicochea, afirmó que la política de bloqueo estadounidense es contraria a “los principios y propósitos establecidos en la Carta de la ONU” y que, al buscar explícitamente generar hambre y carencias en la vida del pueblo cubano, constituye un “acto de genocidio”.
Ante un centenar de personas se desarrollaron tres paneles de análisis que abordaron los efectos del bloqueo en distintas áreas críticas. El primero se centró en la seguridad alimentaria; el segundo, en las personas con discapacidad; y el tercero, en el sistema de salud pública. A través de estos espacios, los participantes intercambiaron experiencias concretas sobre el impacto que las sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos tienen en el día a día de la población.
En conversación con Brasil de Fato, Norma Goicochea destacó la importancia del foro como un espacio que, frente a una política que “afecta de manera integral al país”, busca demostrar “el impacto devastador que tiene en la población”.
“Nosotros creemos en la importancia de que se reúna la sociedad civil, porque el bloqueo afecta al país de manera integral”, señaló la presidenta de la ACNU.
Asimismo, subrayó el carácter representativo de los asistentes, al destacar que en el encuentro “se reunieron sociedades científicas, asociaciones y entidades de personas con discapacidad, asociaciones campesinas, entidades vinculadas a la agricultura y la producción de alimentos, así como proyectos comunitarios que realizan trabajos sociales. Y en todos los casos pudimos escuchar cómo el bloqueo agrede de manera transversal los derechos de toda la población cubana”.
Goicochea afirmó que el foro es un espacio donde se demuestra el efecto del bloqueo en derechos básicos como la salud, la educación y la alimentación. “Hoy escuchamos a médicos contar sobre la cantidad de personas que están haciendo filas esperando poder recibir una operación, o cómo mueren personas porque no se puede acceder a materiales o medicamentos necesarios por culpa del bloqueo”, señaló, para ejemplificar esta situación.
“El gobierno de los Estados Unidos sabe perfectamente que está afectando a la población cubana”, señaló.
Anualmente, Cuba presenta ante la Asamblea General de la ONU un proyecto de resolución titulado “La necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”. La resolución sostiene que el bloqueo es una política que constituye una violación de los derechos humanos de la población cubana, a la vez que viola el derecho internacional al sancionar a terceros países que mantienen vínculos con la isla caribeña.
Desde 1992, la resolución ha sido aprobada de forma casi unánime, con los únicos rechazos de Estados Unidos y del Estado de Israel, que todos los años votan en contra, junto a algún aliado ocasional.
El informe que acompaña la resolución de este año estima que los daños causados por el bloqueo, tan solo entre marzo de 2024 y febrero de 2025, ascienden a 7.500 millones de dólares. Se trata de recursos que Cuba —uno de los países que más invierte en políticas sociales— se ve impedida de utilizar en beneficio de quienes más los necesitan.
