Condenan a 28 años de prisión a José Miguel Narváez por el secuestro de Piedad Córdoba
Por Ana María Cuesta
La exsenadora, que falleció el 20 de enero de 2024, fue secuestrada en mayo de 1999 por el Bloque Central Bolívar de las Autodefensas. Un juzgado penal de Medellín halló culpable este lunes al exsubdirector del DAS por su participación en el secuestro.
El 21 de mayo de 1999, cuando asistía a una cita médica en Medellín, hombres vestidos con uniformes del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía secuestraron a la entonces senadora de la República Piedad Esneda Córdoba, liberada el 4 de junio del mismo año, y quien falleció el 20 de enero de 2024.
Más tarde se supo que detrás del plagio estuvieron miembros de la banda criminal La Terraza, quienes condujeron a Córdoba a un campamento del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia en las montañas de Córdoba. El secuestro fue motivado, según le reveló el propio Carlos Castaño a Córdoba, por señalamientos que en su contra hicieron como la supuesta “tesorera internacional del ELN”.
Este lunes 6 de octubre, la jueza tercera penal del circuito especializado de Medellín, Claudia Castro, condenó al exsubdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) a 28 años de prisión por el secuestro extorsivo agravado que sufrió Piedad Córdoba. La decisión también lo inhabilita por 20 años. Narváez, además, deberá pagar 800 salarios mínimos a Natalia María Córdoba, hija de la exsenadora, a título de indemnización.
Narváez fue acusado por este crimen en el año 2013 por una Fiscalía Delegada de Derechos Humanos. En ese momento se desempeñó como instructor, de diversas disciplinas, en el Ejército. La jueza del caso lo identifica como alguien cercano a Carlos Castaño y “asesor ideológico de las AUC”, que dictó “conferencias en sus campamentos sobre guerra política, anti subversión y eliminación de opositores”.
Según la decisión, él suministró unas interceptaciones telefónicas de la exsenadora dialogando con los exlíderes de dicha guerrilla Pacho Galán y Felipe Torres y en la que éstos se referían, de manera despectiva, sobre Carlos Castaño. Las conversaciones se dieron en el contexto de las gestiones humanitarias de Córdoba.
“En este caso, la conducta atribuida al procesado José Miguel Narváez consiste en haber inducido, promovido y determinado el secuestro de la senadora Piedad Córdoba, ocurrido en mayo de 1999, por parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), específicamente bajo la dirección de Carlos Castaño Gil, con quien mantenía vínculos ideológicos y operativos”, señala la decisión.
“La persecución política tanto estatal como paraestatal que significó el ser tachada como una simpatizante del grupo subversivo ELN crearon condiciones que pusieron en riesgo su vida, su integridad física y emocional; los fines de estigmatización, silenciamiento y neutralización ideológica, atropellaron su dignidad como persona y como líder política y lo que agrava la afectación sufrida. Hostigamiento que repercute en todo su núcleo familiar, quienes no se encuentran ajenos a esta persecución, generando miedo, zozobra y terror”, advierte el fallo.
“No hay testigos directos, todos son de referencia, absolutamente todos”, declaró Narváez en sus alegatos de conclusión. La Procuraduría General de la Nación se pronunció a favor de Narváez, pidiendo la prescripción de su caso.
Narváez carga otras condenas
El exsubdirector del DAS carga otras condenas a cuestas por los actos ilícitos que desplegó desde el organismo de seguridad al servicio del Gobierno. En 2019, el Juzgado Séptimo Penal Circuito Especializado de Bogotá condenó a Narváez a 30 años de prisión como autor intelectual del asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón, ocurrido el 13 de agosto de 1999.
El 24 de agosto de 2024, Narváez fue condenado a otros 12 años de cárcel por la tortura psicológica agravada y prolongada que se desplegó desde el DAS contra la periodista Claudia Julieta Duque.
“Como representantes de las víctimas, consideramos que este es un fallo ajustado a derecho, pues está en el proceso plenamente probado que Narváez era asesor de la alta cúpula militar, sus vínculos con paramilitares y que fue el instigador y quien coordinó toda la participación de diferentes organismos para facilitar el secuestro de Piedad Córdoba, entre ellos, la colaboración de agentes del DAS que suministraban y aportaron la información de dónde se encontraba la exsenadora. Además, declara que este es un crimen de lesa humanidad, con carácter de imprescriptible. Por esta razón, compartimos integralmente el fallo del juzgado y aspiramos, como es nuestro deseo, que esto quede ejecutoriado en el menor tiempo posible”, señaló Eduardo Carreño Wilches, cofundador del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar).
