Nicolás Petro irá a juicio por presunto incremento patrimonial injustificado
La Procuraduría de Colombia llamó este lunes a juicio disciplinario a Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, por un presunto incremento injustificado de su patrimonio durante el año 2022, cuando se desempeñaba como diputado de la asamblea departamental del Atlántico (norte).
Según el Ministerio Público, Petro Burgos no logró justificar un aumento patrimonial de más de 1.189 millones de pesos (unos 300.000 dólares) entre lo que declaró como ingresos oficiales y los gastos que realizó en ese periodo.
En 2022, sus ingresos como diputado ascendieron a poco más de 219 millones de pesos (unos 50.000 dólares), pero sus gastos superaron los 1.409 millones, lo que «configura un incremento injustificado de su patrimonio económico».
El proceso penal conta Nicolás Petro
La Procuraduría de Colombia señaló además que, aunque «reportó actividades económicas relacionadas con su profesión de abogado», el hijo de Petro no presentó su declaración de la renta entre 2021 y 2023.
El expediente recoge testimonios de familiares y allegados, así como documentos financieros y notariales, que indicarían la compra de bienes con recursos cuyo origen no está explicado como una vivienda en Puerto Colombia, municipio aledaño a Barranquilla, que hace parte de las pruebas de la investigación.
El caso disciplinario se suma al proceso penal que enfrenta desde julio de 2023, cuando la Fiscalía lo acusó de recibir dinero de Samuel Santander Lopesierra, alias Hombre Marlboro, condenado por narcotráfico en Estados Unidos, y de Gabriel Hilsaca Acosta, hijo del empresario Alfonso ‘Turco’ Hilsaca.
Parte de esos recursos, según la investigación, estaban destinados a la campaña presidencial de su padre, aunque Petro Burgos ha insistido en que, a pesar de reconocer que recibió ese dinero, el hoy presidente no tenía conocimiento de ello.
Nicolás Petro pide que fiscal Lucy Laborde sea apartada de investigaciones en su contra
El hijo mayor del presidente Gustavo Petro, investigador por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, aseguró que las acciones de la investigadora “parecen orientados a salvaguardar intereses particulares”. Esto dijo su abogado.
El hijo mayor del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro Burgos, investigado por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito, está de cara a enfrentar una nueva imputación de la Fiscalía. Además, la Procuraduría acaba de llamarlo a juicio disciplinario por el presunto incremento irregular de su patrimonio durante el tiempo que fue diputado de la Asamblea del Atlántico. En medio de toda esta tormenta de investigaciones, su abogado, Alejandro Carranza, envió una carta a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, pidiendo que se reconsidere la permanencia de Lucy Laborde como fiscal encargada de los casos contra su prohijado.
El pasado 22 de septiembre, la fiscal Laborde denunció presuntas presiones indebidas en la investigación que, según ella, pudieron afectar la independencia y autonomía del ente investigador en medio de las pesquisas contra Petro Burgos. Sin embargo, a los ojos de la defensa de Nicolás Petro, “aquella carta constituye una estrategia discursiva y política que busca erigir una cortina de humo tan espesa que ahogue a quienes deben ejercer control institucional”.
Para su defensa, esa supuesta “cortina” pretende “sofocar a las autoridades encargadas de escrutar sus actuaciones, para que no puedan ver lo que realmente se cocina en despachos que, en vez de estar consagrados a la persecución del delito y a la protección de las víctimas, parecen orientados a salvaguardar intereses particulares y a preservar testigos a cualquier precio”.
Según lo manifestado por el abogado Carranza, “si lo que ella invoca es la protección de su independencia, esa independencia debe asegurarse de manera coherente: que continúe únicamente en el caso de enriquecimiento y lavado, pero que cualquier otra investigación sea asumida por otros fiscales”.
Para la defensa del hijo del presidente Petro, “de nada sirve reclamar autonomía mientras filtra información a Victoria Eugenia Dávila, utiliza el caso de Laura (Ojeda) para asegurar impunidad a Dayssuris, paraliza radicados que comprometen a terceros y protege a la madre de la testigo, implicada en el manejo de bienes». Señala el abogado Carranza que “esa contradicción convierte en artificio la independencia que dice defender, más aún si se basa en un celular obtenido de forma ilícita”.
Asimismo, el abogado del exdiputado de la Asamblea del Atlántico expresó que habría un sesgo en la priorización de procesos. “Mientras las imputaciones contra Nicolás (Petro) se aceleran, las denuncias que comprometen a Dayssuris Vásquez, a Victoria Eugenia Dávila y a la propia fiscal Laborde permanecen estancadas”, aseguró.
